#soy15O porque yo #soy15M

          A unos días de la manifestación global del 15 de Octubre solo quiero recordar qué somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque estamos a punto de demostrar, una vez más, los muchísimos que somos, porque somos el 99%, somos ese pueblo al que dicen soberano pero le escamotean su soberanía las grandes fortunas, los políticos de poltrona y las agencias de calificación. Ante eso solo puedo decir que: Yo #soy15m.

          Como parte del #15m me declaro una persona pacífica y condeno radicalmente todo tipo de violencia: la de los violentos infiltrados en nuestras manifestaciones, y la del Estado, que ha causado más dolor y heridos. Además, condeno la manipulación mediática que enfatiza la información sesgada, parcial o errónea con el propósito de demonizar a los ciudadanos.

         Si me manifiesto en la calle es porque:

1. Mi participación como ciudadano se ha reducido a votar a listas cerradas cada cuatro años para ver cómo los representantes de los ciudadanos no respetan lo prometido en su programa.
2. Se hacen leyes a favor de grupos de interés en vez de hacerlas a favor del conjunto de la sociedad.
3. Se invierten recursos públicos para ayudar a minorías poderosas, y no a quienes están pasando situaciones desesperadas ocasionadas por la especulación financiera.
4. Los grandes partidos están más preocupados por mantener su poder que por ofrecer soluciones para superar esta crisis histórica.
5. Se ha firmado un “Pacto del Euro” que consiste fundamentalmente en medidas para reducir la inversión pública en servicios esenciales.
6. Desde diferentes órganos del estado se ha insultado a los ciudadanos, e incluso se ha justificado el recurso a la violencia contra manifestantes pacíficos.

          Como parte del #15m, acepto y respeto la diversidad ideológica del movimiento. Cuando participo en una manifestación no reclamo un régimen o una ideología en concreto, ni un modelo social no democrático, ni la eliminación de los partidos o los parlamentos. Lo que reclamo es una democracia mejor y más humana que, entre otras medidas, necesita urgentemente:

1. Cambios en la Ley Electoral para permitir una mejor y más directa representación de los ciudadanos en los parlamentos y una mayor participación ciudadana en las decisiones importantes.
2. Aprobación de una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para obligar a la publicación en formatos adecuados y reutilizables de todos los gastos, decisiones y reuniones con grupos de presión por parte de funcionarios y cargos públicos.
3. Tolerancia cero a la corrupción de candidatos y cargos públicos, y controles ciudadanos para la exigencia de responsabilidad política.
4. Separación clara, real y efectiva de los poderes del estado.
5. Control fiscal efectivo de grandes fortunas y operaciones financieras; eliminación de privilegios fiscales a cargos electos.
6. Políticas encaminadas a solucionar de forma efectiva los problemas hipotecarios y de vivienda.
7. Servicios públicos de calidad, fundamentalmente salud, justicia y educación.
8. Eliminación de las leyes que permiten el control administrativo de Internet. La red ha demostrado ser esencial para la libertad de expresión y para responder al peligro de manipulación mediática.

          Por todas estas razones volveré a salir pacíficamente a la calle el 15 de Octubre, #15o.

          Si estás de acuerdo, aprópiate del texto y divúlgalo (enlace al documento original)

P. D. Quiero aclarar que este texto no lo he escrito yo (salvo el primer párrafo). Se trata de un texto de libre difusión que Carlos Sánchez Almeida publicó a modo de defensa frente a los ataques que sufrió el 15M a principios de junio, y que preparaba la manifestación del #19j recordándonos aquello que nos había unido anteriormente. Lo reproduzco ahora porque considero que sigue plenamente vigente. Mi enhorabuena y mi agradecimiento a su autor.

La liga PPSOE II

          Me decido por fin a completar la entrada La liga PPSOE I con esta su segunda parte. Al disolverse las Cortes se ha dado ya el pistoletazo de salida para la habitual campaña de mentiras de los dos mayores partidos del país, el PSOE y el PP, y solo el previsible auge de formaciones más pequeñas e incluso de nuevos partidos parece que conseguirá salvarnos del hastío y la indignación que inspira el cinismo de las soflamas de Rajoy, Rubalcaba y sus acólitos. ¿A qué cínicas mentiras me refiero? Básicamente a dos: el PP es un partido liberal y el PSOE es un partido progresista. Si la derecha de este país fuera realmente liberal y la izquierda progresista otro gallo nos cantaría.

          No es cierto que el PP sea liberal, pues es intervencionista en cuestiones de conciencia y de economía, además de ser corrupto y clasista.
          Nada menos liberal que la confesionalidad, que legislar a favor de una fe determinada, que apoyar con fondos públicos escuelas religiosas, que defender la presencia de la religión en todas las escuelas y el poder para elegir a profesores por parte de mandatarios de una iglesia. El liberalismo surgió contra la intolerancia religiosa y se basa en la distinción entre el espacio público y el ámbito privado, entre el Estado y la fe. Tampoco es muy liberal el intervencionismo en los medios de comunicación, sino más bien un rasgo propio de los totalitarismos de distinto cuño, pero no del liberalismo. Recordemos sin más que la única sentencia de la democracia que ha recibido en contra la televisión pública por manipulación informativa fue en los años de gobierno del PP con motivo de la noticia de la huelga de junio de 2002. Por no hablar de la parte que me toca como madrileño, pues no existe pluralidad en Telemadrid, de hecho no existe una cadena de televisión pública, sino una cadena sostenida con dinero público pero de uso privado, al servicio del PP y sus simpatizantes.
          De acuerdo, el PP no es liberal en asuntos de conciencia, ¿pero cómo que en economía tampoco? Pues ni siquiera, sino que también es intervencionista. Recordemos en este caso la privatización de Telefónica. Siendo todavía la empresa de titularidad pública, el entonces Presidente de España José María Aznar apoyó el nombramiento de su amigo y compañero de colegio en Nuestra Señora del Pilar, Juan Villalonga, como Consejero Delegado de Telefónica, cargo que conservó al privatizarse la compañía. ¡Eso sí que es un buen regalo entre amigos! Y no fue el único caso de tráfico de influencias e interferencia del gobierno del PP en las numerosas privatizaciones que se llevaron a cabo en esos años (Manuel Pizarro en Endesa es otro ejemplo). Recordemos también el caso Sogecable que se saldó con una condena al juez Gómez de Liaño por prevaricación y una sentencia del Tribunal Supremo en 2003 que obligaba al Estado (o sea, a todos los españoles) a resarcir con una indemnización a la empresa perjudicada. Vamos, que no se trata de los planes quinquenales, pero intervenir en la economía interviene, conque no, el PP no es liberal, de ser algo es tan solo neoliberal y ya he explicado que a esa desregularización de los mercados dictada por Milton Friedman y que ha conducido a la crisis en que nos hallamos inmersos lo llaman neoliberalismo y no lo es.
          Y esto nos lleva a otro rasgo del PP, su clasismo. Porque colocar en las principales empresas del país a los amigos de la infancia, garantizando así la pervivencia de una determinada oligarquía creada en los años del franquismo. Asegurarse en la medida de lo posible que no hay herramientas para progresar socialmente combatiendo la igualdad de oportunidades reduciendo a su mínima expresión el sector público, como viene haciendo el PP en las distintas comunidades autónomas cediendo la gestión de los hospitales y centros de salud, así como de colegios e institutos públicos a empresas privadas. Y legislando a favor de la pervivencia de privilegios de aquellos que más suerte han tenido en la lotería social y natural, suprimiendo impuestos como el de sucesión o reduciendo los del capital. Todo ello es fundamentalmente clasismo, porque son medidas que garantizan la persistencia de un status quo en que la libertad de elección es un bien que algunos sencillamente no puede costearse, porque no hay mecanismos para corregir las desventajas en la situación de partida.
          No, no es liberal el PP, sino meramente conservador, nacionalista y católico.

          Bien, ¿y qué hay del PSOE? Antes de comenzar con la crítica, reconozcámosle al PSOE reciente dos leyes que sí considero genuinamente progresistas porque ahondan en la igualdad de derechos y en la justicia social: la ley de matrimonio homosexual y la ley de dependencia. Por cierto que el rechazo al matrimonio homosexual es una prueba más de la falta de liberalismo del PP, porque si algo caracteriza al liberalismo es la defensa de los derechos civiles. Ciertamente PSOE y PP no son equivalentes (salvo en su nivel de corrupción institucionalizada), pero con todo y eso, el PSOE no es progresista, ¿y cómo es esto posible si se trata de una palabra que no se les cae de la boca?
          Desde la izquierda comunista se critica al PSOE por no ser realmente de izquierdas, yo diría que es justo al contrario, que el PSOE no es progresista no por no ser de izquierdas, sino porque serlo a la manera tradicional en 2011 es ser conservador. Es difícil a día de hoy ser de masas y obrero, porque las masas no son obreras. En la transición el PSOE recuperó el lugar que había tenido en la 2ª República como principal partido de la izquierda, después de haber prácticamente desaparecido, precisamente soltando lastre del pasado. Decidió mirar a Villy Brandt y Olof Palme en lugar de repetir la cantinela de Prieto y Largo Caballero, en fin, evolucionó hacia el reformismo y la socialdemocracia porque se hizo una pregunta muy sencilla: ¿dónde vive mejor la gente, en Suecia y la RFA, o en Yugoslavia y la RDA? Mi idea es que el PSOE debería tal vez mirar más a John Rawls y menos a sus clásicos (lo cual no quiere decir que los relegue por completo).
          Pero de acuerdo, tal vez esta interpretación es errónea o demasiado personal. Vayamos a los hechos. El PSOE no es progresista porque es nacionalista, solo que en plan periférico. Pero ni CIU es menos nacionalcatólica que el PP por ser un partido a escala regional, ni el nacionalismo es más progresista por ser catalán o vasco que español. El nacionalismo es conservador por definición, porque considera que el pedigrí define a las personas, y eso no es que no sea progresista, es que es directamente rancio.
          Tampoco es progresista el PSOE porque no es laicista. Vale, sí, los socialistas dicen que lo son, pero vayamos a los hechos una vez más. O estoy muy equivocado o el PSOE ha gobernado durante casi veinte años este país, y o sigo estando muy equivocado o sigue vigente el Concordato con el Vaticano de 1979, sigue impartiéndose una asignatura de religión en las escuelas públicas y sigue destinándose parte de la recaudación de los impuestos de todos los españoles a la Iglesia católica.
          Otro campo de batalla progresista en que el PSOE no parece dar la talla es el de los servicios públicos, pues creo recordar que han sido cuantiosas las privatizaciones que han tenido lugar bajo el auspicio del PSOE, por citar una, la de Argentaria. Y tampoco desaparecieron los conciertos educativos "paulatinamente" como se prometía, y de hecho fue bajo el gobierno del PSOE cuando surgieron las primeras fundaciones sanitarias, esto es, los centros hospitalarios públicos de gestión privada. Decir que se defienden los servicios públicos porque no se desmantelan como sí hace el PP no convierte al PSOE en paladín de los servicios sociales, sino en un cortafuegos lleno de rastrojos.
          No, no es progresista el PSOE, es un diccionario de citas viejunas de mayo del 68.
         
          Así, si eres nacionalista católico o progre de eslógan tienes tu voto resuelto para el 20N, si no lo eres, el PP y el PSOE no te representan así que #NoLesVotes, si eres liberal y/o progresista seguro que encuentras uno o más partidos que sí lo harán, a mí se me ocurre un par de ellos. Y si realmente ninguno te convence, piensa si votar a un partido en el que no crees para que te represente y gobierne en tu nombre durante cuatro años es realmente un voto útil. Eso sí, la decisión es tuya, porque eso sí que es 15M, votar en conciencia e informado, y no por inercia y manipulado.

Ante la duda... la culpa es de los funcionarios

          Este verano, al comentarle a unos amigos que tenía serias dudas de llegar a trabajar este curso debido a los recortes que se avecinaban en Educación en la Comunidad de Madrid, uno de estos amigos sentenció que "los funcionarios son el cáncer de este país". No era mi intención discutir de política a esas horas de la noche, y menos airadamente, así que nos limitamos a llegar rápido a consenso facilón tipo "hay funcionarios buenos y malos" para cerrar cuanto antes el tema. Lo que viene a continuación es lo que habría podido replicar si liarnos a discutir la primera noche que salía en mucho tiempo no hubiese sido lo último que me apetecía.

          Los funcionarios son el cáncer de este país. Claro, puta crisis a la que nos han llevado los funcionarios, hijos de puta. Ni los bancos concediendo hipotecas del 100% a interés variable, ni los que compraban una vivienda sin poder cegados por la tierra prometida de que "la vivienda siempre se revaloriza", ni las agencias de calificación que otorgaban la máxima nota a empresas que quebraron al día siguiente, ni el gobierno que concedía 400 euros de descuento del IRPF y 2500 euros por nacimiento indiscriminadamente, ni los especuladores encantados de ver hundirse países para invertir barato en sus ruinas y forrarse con su reconstrucción, ni los mercaderes de dentro y fuera de los gobiernos que desregularon los mercados para enriquecerse a base de endeudamientos de países, empresas y particulares, ni las empresas con cuentas opacas en paraísos fiscales, ni yo que pago en B mi reformita para que me salga más barata, ni la empresa que me la hace encantada de no declarar, ni el gran empresario y su batería de abogados que logra que le salga la declaración de la renta a devolver, ni el directivo que se sube el sueldo unos cuantos miles de euros aunque haya bajado la productividad. No, la culpa es de los funcionarios, esos hijos de puta que tienen trabajo para toda la vida porque sacaron una oposición a la que nadie más es libre de presentarse, que nunca pagan sus impuestos porque la administración pública desconoce sus nóminas, que ayudan a familiares y conocidos dándoles un puestecito porque el funcionariado se elige a dedo y que tienen esos sueldos millonarios que tanto suben con su productividad.

          La prueba de que el principal problema de España y la causa de su crisis es la existencia del funcionariado es lo bien que le va a países como EEUU con un exiguo volumen de empresa pública. ¡Cómo está capeando la crisis EEUU! Vamos, es que casi ni la han notado gracias a sus casi inexistentes servicios públicos de salud y educación. y hay que ver cómo de canutas las están pasando en Suecia, Noruega o Finlandia, país por cierto cuyo sistema educativo se considera el mejor de Europa y al que el Estado destina el 7% del PIB. Definitivamente aquellos países sin funcionariado han escapado a la recesión mundial.

          Aún así es cierto que los funcionarios tienen sus moscosos (los profesores no, pero tienen muchas vacaciones), su descanso para el café y no tienen que mendigar derechos ni les racanean las bajas de maternidad y paternidad. Y por estas poderosas razones es inapelable que lo público es un lastre frente a lo privado. Por eso todos los españoles preferirían una policía nacional o municipal y una guardia civil privadas. ¡Dónde estén Eulen y Prosegur, que se quite la benemérita! Ah, pero tal vez en cuestión de seguridad sea distinto, una policía privada no, pero la enseñanza y la sanidad... ¡Claro que sí, Estado hobbesiano, qué más dan educación y salud, lo importante es la defensa de la propiedad privada! Por eso nadie solicita las Escuelas Infantiles públicas, porque son mucho mejores las privadas, dónde va a parar, por ratio de maestros por aula, por titulación de sus profesionales y por instalaciones. Y por eso los ricos y famosos dan a luz en las clínicas privadas pero se curan el cáncer o se operan a vida o muerte en la pública. ¿Y qué me decís de los bomberos, si no hacen más que dormir? ¡Cuerpo de bomberos privado, ya!
          ¿Y por qué ha de haber funcionarios? Pues, entre otras cosas, para mantener la neutralidad de la administración del Estado. Una oposición es el único método de contratación imparcial desde el punto de vista ideológico que existe a día de hoy. La funcionarización de la empresa pública es la mejor solución contra la oligarquía y el caciquismo que sí que eran, si es que hemos de creer a Joaquín Costa, el verdadero cáncer de este país. En mi pueblo he llegado a ver cómo le pedían a un catedrático de pediatría de Madrid una recomendación... ¡para una oposición a la policía municipal! Esa es la mentalidad de mucha gente mayor porque ese es el mundo en que vivió, una sociedad en que la única garantía de progreso social era la recomendación y el "ser de los nuestros". El funcionariado existe para acabar con ese mundo. Nadie será policía, ni guardia civil, ni profesor, ni médico, ni enfermero... por haber votado a tal o cual partido, o por ser ahijado de este político o de aquel empresario. No es posible ya que un catedrático de universidad pinte nada en la designación de un policía municipal. El funcionariado es una vacuna contra el enchufismo, que sigue en cambio a la orden del día en la contratación de empresas privadas por parte de las instituciones del Estado y las CCAA. Cuando se trata de concursos y licitaciones, entonces sí que existen el soborno, el amiguismo y el nepotismo. ¿Y cómo se reducen gastos cuando hay déficit si todos los servicios públicos han sido privatizados? Al funcionariado se le puede congelar o incluso bajar el sueldo, ¿puede suspenderse una contrata privada si se trata de un servicio esencial? En un mundo ideal tal vez sí, porque existiendo varias empresas compitiendo en un mismo sector podría contratarse una más barata. En el mundo real no hay nada que hacer porque en muchos casos solo existe una empresa por cada rama. Por ejemplo: si la empresa encargada de la limpieza en la ciudad de Madrid fuese pública, para reducir su deuda el Ayuntamiento de Madrid podría haber procedido a bajarle el sueldo a sus empleados, pero tratándose de una empresa privada... ¿qué hace? Lo que ha hecho: nada, porque no hay nada que hacer si, como es el caso, la empresa contratada tiene el monopolio de la limpieza de nuestras calles. Un buen sector público permite a los gobiernos tener parte del control sobre la economía del país o de la región. Cuando llega el déficit, si los gobiernos carecen de dicho control sencillamente han perdido su capacidad de gobernar.
          ¿Quiere decir todo lo anterior que el funcionamiento del funcionariado en España es perfecto? No. Sin duda hay cosas que deberían ser revisadas. No es cierto que la mayor parte de los funcionarios sean vagos o incompetentes, pero existen los vagos y los incompetentes y son un gran lastre, pero no tanto para la administración, que también, sino sobre todo para sus compañeros, que es a quien más perjudica su pereza y su incompetencia. Serán sus compañeros quienes tendrán que arreglar sus desaguisados, acabar lo que dejen a medias y tratar con los agraviados por su poca profesionalidad. A nadie vendría mejor que a los propios funcionarios que fuera posible despedir a algunos funcionarios, y reiteradas quejas de compañeros y clientes acerca de un trabajador no deberían ser completamente estériles. Pero en honor a la verdad he de decir que en todo el tiempo que he trabajado en la empresa pública (sin ser funcionario, por cierto) solo me he encontrado con un caso y medio de profesional con tendencia al escaqueo o directamente mal profesional. ¿Supera este ratio al de la empresa privada? En mi experiencia personal no, la única diferencia entre la pública y la privada ha sido que el funcionario incompetente había accedido a su puesto mediante oposición y el incompetente no funcionario era el hijo del dueño de la empresa. En ambos casos el problema era el mismo: no había forma de despedir al incompetente.
         

Desde el 15M: razones para una huelga en la Educación en Madrid

          Soy profesor interino de filosofía (por poco tiempo, me temo) y no le tengo especial simpatía a los sindicatos de educación. Los considero en parte responsables de que yo sea interino y no funcionario, pues a causa de ellos el sistema de oposición no premia al mejor opositor, sino al que más veces ha opositado sin lograr sacar plaza, ni al mejor currículum, pues no puntúan publicaciones en revistas científicas ni ponencias en congresos, sino cursos de pedagogía impartidos por esos mismos sindicatos. No pertenezco a ningún partido político (milité unos años en uno sin representación parlamentaria) y a lo largo de mi vida he votado a cuatro partidos distintos y en blanco, nunca he dejado de ejercer mi derecho al voto. Por ello hablo con una voz que no pertenece a ningún sindicato ni a ningún partido, con una voz 15M (no es la voz del 15M, es una de las muchas voces que hay en un 15M que por definición no privilegia una sobre las demás).

          El gobierno autonómico y sus medios afines pretenden convencer a la opinión pública de que los profesores haremos huelga para tratar de perpetuar unos derechos que ellos llaman privilegios. Así actúan los demagogos, tergiversando, lo que es un acto de defensa de la educación pública por parte de sus trabajadores, tratan de venderlo como un sabotaje, cuando son ellos mismos, los máximos responsables de la calidad del sistema público de educación, quienes vienen saboteándolo desde hace años. La huelga no es en defensa de unas determinadas condiciones laborales, sino en defensa de lo que dichas condiciones laborales suponen: la única diferencia de calidad que le resta ya a la educación pública frente a la privada y concertada, la garantía de que sus trabajadores tienen tiempo para preparar adecuadamente las clases y de que solo imparten asignaturas para las que están realmente preparados (esta último garantía se vino perdiendo ya el curso pasado). Esta huelga es un "basta ya", un "hasta aquí hemos llegado".
          Recuerdo que cuando yo era adolescente circulaba la idea de que la educación pública era superior a la privada porque sus profesores eran mejores. ¿Qué ha ocurrido para que en tan solo quince años hayamos pasado a la idea de que la educación pública es un desastre? Los partidos políticos hacen todo menos reconocer su culpa en ese deterioro y buscan chivos expiatorios: tanto los de derechas como los de izquierdas recurren a un argumento xenófobo, la culpa es de la inmigración. La derecha dice que hay demasiados inmigrantes, la izquierda que todos los inmigrantes se concentran en la educación pública, el resultado de la ecuación es el mismo: la inmigración deteriora la calidad de la educación. Por supuesto, nada ha tenido que ver con el deterioro de la educación pública el hecho de que se reduzcan sus recursos, que cada pocos años se haga una nueva ley educativa, que no se consulte a los docentes para hacer dichas leyes sino a sesudos psicopedagogos con fórmulas magistrales, que se desprestigie la educación pública desde las propias instituciones que deberían alentarla, ni que se apueste decididamente por el modelo del concierto que quienes protagonizaron la transición democrática vendieron como un sistema provisional. No, todos vivimos engañados, los máximos responsables de la educación pública nada tienen que ver con su deterioro, en el fondo la culpa es de los alumnos, de los profesores y de los padres de los alumnos.
          Pues no es así, concretamente en la Comunidad de Madrid, en lo que concierne a la educación, el gobierno regional lleva varios años convirtiendo los restos del Estado de bienestar en un Estado de beneficencia. La educación pública quedará reservada para los más desfavorecidos, el grueso de la población participará de una educación privada financiada con dinero público pero sin apenas controles por parte de las instituciones de la comunidad. Y esto es lo que realmente solivianta a los profesores de la escuela pública: no los recortes en sí, ni la ampliación de las horas lectivas, sino el argumento de que se trata de medidas necesarias para reducir el gasto, cuando todo lleva a pensar que lo primero en lo que habría que recortar no es en la propia empresa pública, sino en subvencionar a empresas privadas. Y sin embargo no es así sino todo lo contrario, se amplían los conciertos. ¿Qué empresa recorta en sus propias infraestructuras para reducir el gasto antes que reducir sus inversiones en otras empresas? Solo una, la empresa pública de la Comunidad de Madrid.
          Por estas razones está más que justificada una huelga de profesores en la Comunidad de Madrid: porque no es cierto que no haya más remedio pues la Consejería de Educación podría y debería ahorrar del dinero que destina a sufragar la enseñanza privada, y no solo no lo hace, sino que aumenta la inversión, porque no es cierto que el profesorado de la educación pública sea un colectivo privilegiado al que haya que pedirle un esfuerzo, porque ese profesorado lleva ya muchos años haciendo muchos esfuerzos y gracias a eso no se ha terminado de hundir la educación pública en nuestra comunidad, porque el profesorado es de los pocos, sino el único, cuerpo funcionarial que tiene inspectores que supervisan su trabajo. No dejemos que quienes llevan tratando de acabar con la educación pública en Madrid durante tanto tiempo empleen la crisis económica como nuevo chivo expiatorio al que hacer responsable de su deterioro definitivo. Sólo hay un culpable de que nuestro Estado de bienestar lo sea ya de beneficencia: quien nos gobierna.

Sobre la tolerancia II

          ¿Debe ser tolerado el intolerante? La respuesta de John Locke a este interrogante en su Carta sobre la tolerancia es "no". El Estado según Locke deberá respetar todas las creencias religiosas, pero deberá actuar contra aquel que trate de imponer las suyas violentamente, así como contra aquel que carezca de creencias. En efecto Locke, hijo de su época, considera que el ateo, como el intolerante, no debe ser tolerado. El razonamiento en que se basa esta idea es el siguiente: el Estado democrático existe por un pacto que nos compromete a todos, el ateo es incapaz de asumir compromiso alguno porque no puede jurar, por lo tanto el ateo es incapaz de suscribir el pacto en que descansa el Estado democrático. En este caso la conclusión es falsa porque lo es la segunda premisa, desmentida por la experiencia: son muchos los creyentes que no respetan la palabra dada, y muchos los ateos que sí lo hacen, aunque prometan y no juren. El juicio de Locke, obviamente, descansa en una concepción todavía arcaica del Estado según la cual los derechos son naturales por estar regidos por la ley divina, y quien rechaza dicha ley difícilmente podrá aceptar dichos derechos.

            Una vez salvado este escollo preguntémonos si Locke tiene razón al negar que deba ser tolerado el intolerante. ¿Qué quiere decir esto? No se refiere al hecho obvio de que deba perseguirse a aquel que ejerce físicamente la violencia. Y tampoco se trata tan solo de perseguir actos concretos de intolerancia, sino al propio intolerante. ¿Cómo es eso posible? ¿No convertiría eso a ciertas personas en ilegales dentro de la democracia, negando así un pluralismo que debería ser su esencia misma? En realidad no, porque lo que la democracia no puede ni debe tolerar son atentados contra ese mismo pluralismo, y dichos atentados no son solo acciones terribles como los crímenes de ETA o del asesino de Oslo, sino también esos atentados indirectos como son la apología del terrorismo, el racismo, la xenofobia o el fascismo. Ahora, defender esto último no implica que no se deba tolerar al intolerante, sino que debe ampliarse el concepto de "acción violenta" y comprender que expresarse en términos racistas, por ejemplo, es en sí mismo un acto racista. Expresar una opinión también es llevar a cabo una acción.

            Por ello considero más acertada la forma de entender la tolerancia en un Estado democrático que tiene John Rawls que la de John Locke. El Estado democrático debe tolerar incluso al intolerante, pero debe ser inflexible con los actos intolerantes, aunque dichos actos sean palabras. Ante la duda, ¿cómo debería actuar el Estado? Debería abstenerse de actuar salvo cuando haya constancia de una acción inminente resultado de ciertas posturas. Para la salud de la propia democracia es mejor dejar escapar a un culpable que castigar a un inocente. Hay medios de la derecha que a raíz de las reacciones al atentado de Oslo advierten del peligro de criminalizar las ideas, pero es que hay ideas que son criminales, cuya expresión misma daña. Esos mismos medios así lo reconocen cuando se trata de ideas que amparan el terrorismo de ETA. Consideran que quienes manifiestan su apoyo, explícitamente o por omisión, a los crímenes de ETA son en parte responsables de dichos crímenes, y estoy de acuerdo. ¿Pero por qué no extender dicho juicio a quienes apoyan los crímenes racistas, xenófobos y fascistas? ¿Qué hace mejor a un líder de la ultraderecha noruega que a un líder de Batasuna? ¿No anima a ambos la misma xenofobia? No es coherente quien condena la apología del terrorismo y no del racismo y viceversa. Si unos partidos deben ser ilegalizados porque algunas de sus ideas y principios son esencialmente antidemocráticos, así debería ocurrir con todos.

            No es criminal decir, por ejemplo, que hay que controlar la inmigración (aunque el Artículo 13.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que "Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado"), es criminal defender que tienen más derechos los "autóctonos" (españoles, vascos o noruegos) que los extranjeros, porque los derechos son absolutos, independientes de cualquier "origen nacional" (Art. 2.1), y por tanto priorizar los derechos de unos frente a los de otros es negar los de aquellos que se dejan en segundo lugar. Y negar derechos es un crimen, es un ejercicio activo de violencia, luego sí, la expresión pública de ciertas ideas es en sí misma un crimen. Hay ideas que son en sí mismas agresiones porque apuntan a la línea de flotación de la libertad, porque son la negación de la libertad de algunos y por tanto la negación de las condiciones mismas de posibilidad de la vida en común. Quien defiende que no hay ideas ilegales no entiende esto, y se basa una vez más en el error muy extendido (que ya critiqué en una entrada anterior "Sobre la tolerancia") de que todas las opiniones valen lo mismo, que toda opinión merece respeto, cuando son las personas y no las opiniones quienes merecen universalmente respeto. Y por ello mismo considero, contra Locke, que debe tolerarse al intolerante, pero no debe dejar de perseguirse ninguna expresión de la intolerancia. La democracia debe respetar la libertad de conciencia, siempre, y debe respetar la libertad de expresión, salvo cuando el ejercicio de esta vulnere los derechos de otros ciudadanos, del mismo modo que se respeta la libertad de acción salvo cuando vulnera dichos derechos.

            ¿Quiere esto decir que sea legítimo emplear la violencia en respuesta a actos intolerantes? No, salvo aquella que entra dentro del uso legítimo que de ella puede hacer el Estado, esto es, aquella que es conforme a la ley. Porque lo que ha de hacerse con el intolerante es aquello que él no hace: incluir dentro de la legalidad a aquel cuyas ideas resultan repulsivas. Se aplica la ley a quien considera que está fuera de la ley o que hay otros que no merecen ser amparados por la ley. El Estado democrático ha de decirle al intolerante: "lo que tú no le reconoces a tus víctimas, el Estado no obstante te lo reconoce a ti". Por ello los criminales de guerra nazis tuvieron derecho a un juicio en Nuremberg, aunque ellos no habían concedido dicho derecho a sus víctimas, porque la democracia reconoce derechos incluso a quienes los niegan y pisotean. Pero eso no quiere decir que la democracia renuncie a perseguirlos, juzgarlos y condenarlos, porque precisamente lo que está en juego es la existencia misma de la democracia.

Lo llaman neoliberalismo y no lo es

            La frase de Roosevelt que aparece en su monumento de Washington D. C. se refiere a los totalitarismos que asolaron Europa, pero cabe replantearla aplicándola al neoliberalismo: "Quienes persiguen un sistema financiero basado en la absoluta desregularización de toda actividad de los mercados llaman a eso 'neoliberalismo'. Ni es nuevo, ni es liberalismo."

            En realidad aquello a lo que llaman "neoliberalismo" es la vieja ley de la selva, pues consiste en desregular los mercados financieros para hacer posible que el hombre sea un lobo para el hombre. La democracia, el Estado, la libertad, se basan en la existencia de leyes. ¿Con qué derecho se abre un hueco en esa democracia basada en leyes y se hace una excepción respecto al poder económico? ¿Por qué algunas entidades estarían libres del contrato que nos ata a todos para garantizar el bien común? Más que al contrato liberal de J. Locke, el neoliberalismo recuerda al pacto absolutista hobbesiano según el cual el contrato solo obliga a una de las partes, a los súbditos, pero no al monarca que queda por encima de la ley, aunque en este caso el tirano no es el monarca absoluto, sino aquellos que controlan el sistema financiero.

            El contrato liberal por el contrario obliga a todas las partes, porque se considera que en sociedad la libertad no consiste en no estar sometido a ninguna autoridad, sino en no estar sometido a más poder que a aquel elegido de común acuerdo, un poder que se compromete a salvaguardar los derechos de los ciudadanos y ante el cual estos no están indefensos: si el gobierno no cumple su parte del contrato, el pueblo tiene derecho a la desobediencia civil. Hay una frase que gusta mucho a los defensores del neoliberalismo: "No hay que confundir la libertad con el libertinaje." El caso es que el neoliberalismo no es más libertad, es mayor libertinaje, porque la libertad es posible gracias al imperio de la ley, que nos permite actuar a voluntad dentro de unos límites, y dichos límites garantizan precisamente que nuestra voluntad no se verá tiranizada por otras voluntades que posean más fuerza, porque la ley del más fuerte no es ley, la sociedad de lobos no es sociedad, porque no puede hablarse de neoliberalismo sino en todo caso de neolibertinismo.

            ¿Y si el neoliberalismo no es liberal, qué es? De ser algo esa desregularización de los mercados financieros sería "neocapitalismo", pero tampoco, porque tampoco es nuevo, pues no promueve más que la recuperación de un capitalismo de mano invisible. Y este capitalismo tuvo su momento histórico cuando la mano invisible de Adam Smith era la mejor opción frente a la mano del monarca y sus ministros mercantilistas. Pero ahora estamos muy lejos de esa situación. El neoliberalismo es la vuelta a un capitalismo de hace dos siglos y medio, cuando ha existido un modelo capitalista, la llamada economía mixta, que se ha mostrado muy superior a la hora de maximizar la felicidad de los ciudadanos al resolver con un término medio la disyuntiva tradicional entre libertad e igualdad. Eso sí era un liberalismo nuevo.

            Terminando como empezamos, el neoliberalismo ni es nuevo ni es liberal, es un neoconservadurismo, el asalto de un quinto poder, el económico, al mejor modelo de Estado hasta la fecha, la democracia social. Sobre la Europa ilustrada triunfa la anti-Europa, se derrumba un modelo de Estado que enorgullecía a una UE que ahora agacha la cabeza y se vende sin pudor no a lo nuevo, sino a lo viejo, al Antiguo Régimen, al Leviatán.

La revolución será global o no será

          El 15M es un movimiento heterogéneo y plural. Sus miembros compartimos un estado de ánimo, la indignación, y un anhelo, el de un mundo en que los ciudadanos seamos los auténticos dueños de nuestro destino.

          En lo que respecta a nuestro estado de ánimo, el 15M podrá desembocar o no en una mejora de nuestra vida política, pero es ya un éxito como revolución ética, y es que la indignación, a diferencia de otros sentimientos como la ira, el resentimiento o la vergüenza, es específicamente moral. La indignación es transferible y justificable. Hay cosas que son en sí mismas indignantes, mientras que solo serán amables, vergonzosas o repulsivas para algunos y no para otros, y esto es así porque la indignación surge ante la injusticia, y la justicia es un bien objetivo. Por ello uno no solo se indigna por un daño sufrido en carne propia, sino que puede, y debe, hacerlo por un mal ajeno, la indignación busca, incluso exige, ser compartida.

          En cuanto a aquello que el 15M persigue, insisto en que es heterogéneo, lo cual no significa que no haya propuestas concretas, ni que una gran mayoría de miembros del 15M no compartamos unas cuantas de esas propuestas, sino que obviamente no hay unanimidad. Sí creo que la hay respecto al anhelo antes mencionado, que considero está resumido en el lema que presidió la manifestación del 15M: "Democracia real ya: no somos mercancía en manos de políticos y banqueros". Ciertamente este lema puede ser interpretado de diversas formas, pero subraya en cualquier caso la necesidad de que los ciudadanos sean autónomos, se den a sí mismos la ley, y no heterónomos y por tanto sean fuerzas externas quienes decidan por ellos.  Dicho lema no supone necesariamente, y en mi lectura personal no lo hace en absoluto, una enmienda a la democracia representativa en su totalidad, sino al estado actual de la democracia representativa, en que la participación ciudadana es tan limitada que en ocasiones los ciudadanos llegamos a sentirnos más bien súbditos pero con un mínimo derecho a la pataleta.

          Bien, ese lema que considero el pegamento del 15M es un gran eslógan porque aúna muchas sensibilidades diferentes, pero tiene una indefinición esencial que lo hace muy ambiguo: ¿A quién se refiere ese "somos"? ¿A los ciudadanos españoles, europeos o a los ciudadanos del mundo?

          En Islandia su revolución claramente se centró en el plano local, las medidas tomadas son de carácter más bien autárquico. En la revuelta del 15M, en cambio, se mezclan lo local y lo global, y mi hipótesis es que gran parte de las tensiones internas del movimiento se deben a esta ambigüedad de partida. Uno de los rifirrafes recurrentes del 15M es el que se da entre aquellos que defienden un consenso de mínimos y quienes consideran que dicho consenso lo es más bien de ínfimos. Estas diferencias resultaron, por ejemplo, en la creación en la acampada de Sol de dos comisiones de política: corto plazo y largo plazo. No obstante creo que en todas estas divisiones hay un error categorial: no se trata de mínimos frente a máximos, ni de corto frente a largo plazo, sino de medidas locales y de medidas globales.

          Echemos un vistazo a las propuestas recurrentes de mínimos: reforma de la ley electoral, reforma del Senado, separación de poderes, leyes de transparencia y regeneración democrática. Dichas medidas claramente se refieren a la democracia española.

          Por otra parte, algunas de las medidas mal llamadas (según vengo defendiendo aquí) "a largo plazo" se refieren a la democracia global: eliminación de los paraísos fiscales, implantación de una tasa Tobin a las transacciones financieras, independencia del poder político nacional respecto a organismos internacionales como el FMI... Es inútil exigirle estas reformas al gobierno de España, pues se trata de medidas que solo pueden ser adoptadas por organismos internacionales.

          No sé si influido por uno de los lemas de la generación X, que considero la mía, "piensa globalmente, actúa localmente", o porque parece más fácil que se implanten dichas medidas, considero que tal vez en un primer momento (y esto haría relevante la división categorial corto/largo plazo) habría que centrarse en las medidas locales. Pero tanto las medidas locales como las globales son igualmente mínimas porque se trata de medidas formales y no de contenido, se refieren a las condiciones de posibilidad de una auténtica democracia y no a concreciones particulares acerca de la mejor forma de gobernar dicha democracia. Se trata de medidas destinadas a separar los poderes, pero no los tres poderes tradicionales, sino a estos frente a un cuarto poder, el económico. Las cosas han cambiado desde Locke y Montesquieu, y no hay auténtica democracia sin independencia de los gobiernos respecto al poder económico, tanto a nivel local como global. Debido a la mundialización no existe la soberanía nacional plena, los Estados han perdido su autonomía. Los países del tercer mundo llevan sufriendo este fenómeno desde el principio, ahora le ha tocado a los países del primer mundo.

          De este modo, si de lo que se trata es de recuperar plenamente nuestra autonomía ciudadana, las medidas locales son condición necesaria para ello pero no suficiente, y otro tanto puede decirse de las medidas globales y por eso la revolución será global o no será.