Sobre el acceso a la función pública, el caso de la Educación en la Comunidad de Madrid

 De la regulación de las listas de interinos

         En la anterior entrada me ocupé del escándalo de los resultados de las pruebas de conocimiento de las oposiciones de maestros, y traté de defender que en ningún modo suponían un desprestigio para la Escuela Pública, sino para los opositores suspensos. También hablé de "aviesas intenciones" por parte de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid al hacer públicos dichos resultados. La mayor parte de sindicatos de educación y algunos de mis compañeros entienden que la Consejería buscaba desprestigiar a todos los trabajadores de la enseñanza pública (como tratara de hacer Esperanza Aguirre en su día cuando afirmó que trabajábamos 18 horas semanales), yo me inclino más bien por pensar que la Consejería de Educación tan solo buscaba cuestionar la preparación de unos profesores y maestros en particular: los interinos. La publicación de los datos de la última oposición de maestros venía a preparar el terreno para la reforma unilateral del baremo de la lista de interinos que tenía preparada la Consejería, confiando en que mucha gente pensaría (y de hecho lo piensa) que así es como se cuelan en la Escuela Pública quienes suspenden las oposiciones, mediante interinidades. Aquí, para variar, defiendo una posición que no abunda: en principio estoy a favor de una nueva baremación (aunque me parece intolerable que se imponga sin negociación) donde prime la nota de oposición (para excluir, como explicaré, factores fortuitos de selección como la generación a la que pertenezca el opositando), y más teniendo en cuenta los cinco años de "sistema transitorio" de oposición (del que me ocuparé en el último apartado de la entrada), pero el argumento de la Consejería de que los profesores interinos serían necesariamente aquellos que no aprueban la oposición es indignante porque es falso. Por ello voy a tratar de ofrecer una serie de consideraciones que corroboran que no es así (y hablo solo de lo que conozco, la enseñanza secundaria).

          El dato es antiguo (no he encontrado uno más reciente), pero esto juega a mi favor, porque es previo al sistema transitorio que buscó consolidar al profesorado interino de larga duración y también previo a los recortes de principio del curso 2011-2012 que disminuyeron drásticamente los contratos de profesorado interino. Bien, pues antes de todo ello los interinos no superaban el 15,5% del profesorado de la educación pública en la Comunidad Autónoma de Madrid. A día de hoy, con toda seguridad, el porcentaje es mucho menor.
          A estas observaciones hay que añadirle que solo un mínimo porcentaje de quienes aprueban la oposición acaban sacando plaza (este año, por ejemplo, 5 de unos 70 que aprobaron la primera prueba en mi especialidad), luego la mayor parte (si no la totalidad en muchas especialidades) de los interinos en los primeros puestos de la lista de sustituciones (incluso con el actual sistema de ordenación de las bolsas de interinos) son personas que han aprobado la oposición (aunque no forzosamente con buena nota), y solo esas llegan a trabajar (empleando una vez más como referencia mi especialidad, a día de hoy el próximo interino a citar es el 44, e insisto en que hubo alrededor de 70 personas que aprobaron la primera prueba de la oposición). Me gustaría saber cuántos profesores interinos en activo no han aprobado jamás una (tal vez no la última) oposición, si es que existe alguno.
          Tal vez lleve a confusión el significado de un contrato interino en otros ámbitos laborales, pero un interino en Educación no es lo mismo que en Sanidad, a saber, un contrato indefinido, en realidad es un contrato para una sustitución o para una vacante de un curso escolar, y es imposible llegar a ser interino en Educación sin haber realizado un examen de oposición (no es pues un contrato libre). Precisamente por esto último, para hacer posible que el sistema público reclute trabajadores entre las nuevas generaciones es indispensable que haya oposiciones regularmente (cada dos años).

          Dicho todo esto, cuya conclusión sería que es inapreciable el número de trabajadores de la enseñanza pública que no han aprobado la última oposición (y en la mayor parte de las especialidades, no en todas, casi con toda seguridad nulo el de aquellos que jamás han aprobado una oposición), la regulación actual de las listas de interinos me parecía injusta cuando me perjudicaba, me siguió pareciendo injusta cuando llegó a resultarme favorable (porque había ganado en experiencia) y continúa pareciéndome injusta ahora que me resulta indiferente desde el punto de vista personal, y aplaudiría su cambio si no fuera por la forma en que está siendo llevado a cabo.

          Para aquellos que no sepan en qué consiste el baremo que permite ordenar las listas de interinos, les diré que es un mecanismo por el cual se ordena a todos (hasta ahora) los opositores sin plaza de una especialidad en función de una serie de criterios, a saber: años trabajados (sobre todo en la enseñanza pública madrileña), nota en la oposición, expediente académico y otros méritos (títulos de idiomas, por ejemplo). El grueso de los puntos que se obtienen salen de los años de experiencia, esto es, en definitiva de la antigüedad en los primeros puestos de la lista de interinos, lo cual genera claramente un círculo vicioso (o virtuoso, según se mire) dado que estar en los primeros puestos me garantiza trabajar hasta la próxima oposición, y trabajar me garantiza a su vez repetir en los primeros puestos tras dicha oposición (pues haberla aprobado no es indispensable para entrar o repetir en la lista de interinos). Hasta este último año la nota de oposición apenas contaba, algo más contaba el expediente académico (fundamentalmente poseer el Diploma de Estudios Avanzados, el doctorado o algún premio extraordinario) y en exceso (desde mi punto de vista) los títulos de idiomas (aunque, una vez más, yo me beneficiaba de este error). Lo ilustraré con un ejemplo: una compañera mía de Filosofía (cuyo blog os recomiendo) sacó la 4ª mejor nota (9,2) en la fase de oposición pero no logró plaza porque la fase de concurso la desplazó al 6º puesto (y había cinco plazas), y sin embargo ocupa este curso el puesto nº 41 de la lista de interinos. A primera vista parece injusto, a continuación trataré de explicar por qué a segunda vista también lo es.

          El sistema de accceso a la función pública aspira a ser ecuánime y responder a dos factores: mérito y esfuerzo. El mérito tendría que ver con algo así como el talento personal (inteligencia, cultura, conocimientos...) y el esfuerzo con la capacidad de trabajo (estudio, organización, actualización...). Para que las pruebas de selección respondan a dichos criterios deberían estar libres de cualquier tipo de contingencia, esto es, de factores que no dependan de uno mismo sino de lo que Rawls llamó la "lotería natural", a saber, raza, sexo, religión, cultura, clase social y aquello en lo que me voy a centrar aquí: la edad (una vez superada por supuesto la mayoría de edad). Consideramos que no sería justo que el hecho de que yo tuviera ahora 45 años y no 30 influyera en que sacara o no plaza en una oposición o en que lograra o no trabajar de interino. Más adelante me centraré en el caso de la oposición refiriéndome a la injusticia de las consolidaciones, pero ahora sigamos con las bolsas de interinos. Obviamente la edad no es en ningún caso un aspecto que puntúe, no hay un apartado del baremo referido a la edad, no obstante de forma indirecta acaba convirtiéndose en un factor determinante. Puede considerarse que en esto interviene una especie de suerte generacional (aquí se nos cuela la lotería natural).
          Supongamos que alguien acaba la carrera en una década en que hay empleo público a espuertas, en que, a pesar de salir muchas plazas en las oposiciones, aún así acaba habiendo una gran cantidad de interinidades a las que (dada la cantidad) es factible acceder incluso sin haber aprobado la oposición (lo planteo como hipótesis, pero de hecho ha ocurrido y, muy excepcionalmente, sigue ocurriendo) aunque no sin haberla hecho. Los primeros puestos de la bolsa de interinos están copados por aquellos que, aún habiendo hecho una buena o muy buena oposición, no obtuvieron plaza, los siguientes puestos están ocupados por los demás, pero aún así les llega el turno y trabajan. Pongamos que esta situación se repite durante unos años. En esa década muchos profesores pudieron sumar puntos de experiencia con oposiciones mediocres o incluso malas. Supongamos ahora que la siguiente década escasea más la oferta pública de empleo y también las interinidades, solo trabajarán quienes ocupen los primeros puestos de la lista de interinos: ¿habría que ordenar la bolsa de interinos de acuerdo a la experiencia laboral o de acuerdo sobretodo a la nota de oposición? En el segundo caso, dado que la oposición es la misma para todos los aspirantes, nuevos o talluditos, las posibilidades de entrar en los primeros puestos son las mismas para todos, en el primero... se convierte en algo fundamental haber opositado varias veces sin obtener plaza.  Voy a tratar de mostrar que la diferencia entre una u otra opción es la que hay entre tener suerte por haber nacido antes, o poseer un privilegio por haber nacido antes.
          Formaba parte de la suerte pertenecer a una generación en que abundaba el empleo, pero convertir la antigüedad en criterio para obtener una interinidad es tratar de convertir esa suerte en ley, y por tanto mi edad o la generación a la pertenezco en privilegio. Cada uno debería aprovechar la suerte del tiempo que le tocó vivir, y no tiene derecho a reclamarla para sí quien no la tuvo, pero también debe asumir la mala suerte que venga del futuro quien no aprovecha las oportunidades del presente, quien tuvo buena suerte y no la supo emplear. Pretender tener las mismas facilidades para acceder al empleo cuando escasea que cuando abundaba, es robar la suerte del momento que me tocó vivir al tiempo para dársela a mi persona, convertirme a mí mismo en argumento para obtener empleo independientemente de mis méritos, sino por mi generación, pero debería competir en buena lid con la misma mala suerte con que compite quien vino a continuación, en otra generación, tras la época de bonanza. No sé si ha habido nunca una época de bonanza (respecto a la actual, sin duda, y puede medirse objetivamente por la cantidad de plazas que se ofertaban hace diez años en las oposiciones con una cantidad semejante de aspirantes), pero que quepa la posibilidad de que tenga lugar esa transferencia ilegítima de la suerte, convirtiendo no en desafortunado, sino en injusto, haber nacido más tarde, demuestra lo ilegítimo que es que la lista de interinos esté ordenada atendiendo fundamentalmente al criterio de la antigüedad dentro del sistema público de enseñanza.

          Se ha generado un debate estéril e incluso tonto, que lo único que logra es enfrentar a unos interinos con otros, y a los interinos con los funcionarios y con futuros opositores, acerca de si es mejor un profesor con experiencia que otro que demuestre poseer más conocimientos en la última oposición (a quien pueda interesarle este debate ya opiné sobre la falsa disyuntiva experiencia/conocimientos en Cinco mitos acerca de la educación). En primer lugar porque el argumento de que las actuales listas de interinos responden al criterio de la experiencia es falso, pues no puntúa apenas la experiencia en centros privados (y no deja de ser experiencia), lo cual demuestra que el criterio real para obtener buenos puestos en la lista es la antigüedad en la propia lista. En segundo lugar porque lo fundamental es que el sistema de acceso al empleo público sea justo o no lo sea, independientemente de lo bien que me venga, y el caso es que en su estado actual es injusto, porque no ofrece las mismas posibilidades a quien se presenta de nuevas (¿qué culpa tiene el pobre de haber nacido y acabado la carrera justo en esta época?) y el nuevo sistema que impone la Consejería sí que da las mismas oportunidades, no menos pero tampoco más, al que se presenta y tiene puntos por experiencia. Es fútil, esgrima ideológica vacía, el debate PP-sindicatos sobre si es mejor profesor el interino gran reserva, el crianza o el joven, el problema de la baremación de las listas de interinos es una cuestión de justicia e imparcialidad en el camino al empleo de profesor, y dicho camino será más justo cuanto menos cuenten factores no inmediatamente relacionados con el mérito tales como el número de intentos o la antigüedad como aspirante a plaza (pueden ser algo a tener en cuenta, pero no determinante), pues arrastran una importante carga de contingencia. Que uno haya sacado mejor nota en la última oposición que otro tal vez no le haga mejor profesor que él, pero sí debería ayudarle a ser profesor antes que a él, y de eso se trata, no de juzgar si es mejor el trabajador experimentado o el joven entusiasta, porque todos conocemos ejemplos maravillosos y lamentables de ambas categorías.
          Por fin, a todo esto hay que añadirle como un argumento extra, el definitivo diría yo, un dato que por sí solo merece un apartado propio (el último): que durante cinco años existió un "sistema transitorio" de oposición que era manifiestamente injusto para con el nuevo opositor (o cuando menos le ponía las cosas muy difíciles para obtener plaza) y que debería funcionar a modo de "hubo una última oportunidad para los interinos de larga duración, un proceso de consolidación encubierto, ahora toca de nuevo una imparcialidad más estricta en el reclutamiento de interinos". Paso a explicarlo a continuación lo necesario para entender ese argumento "definitivo".

De oposiciones, concursos y consolidaciones

          El sistema de concurso-oposición responde a los "principios de mérito y capacidad" que menciona la Constitución en su Artículo 103.3, lo cual lo convierte en el medio ideal de acceso a la función pública hasta que, si se me permite la expresión, se pervierte en forma de consolidaciones. Explicaré a qué me refiero con "consolidaciones".

          El formato concurso-oposición conlleva dos fases de oposición: una (oposición) en que se hace una prueba de conocimientos (que puede tener carácter práctico, teórico o ambos) y otra (concurso) en que se evalúan los méritos del aspirante relevantes para obtener la plaza más allá del resultado del examen de la fase de oposición (teniendo en cuenta cosas tales como cursos de formación, publicaciones, investigación... y sobretodo y ante todo la experiencia laboral). Normalmente la fase de oposición es eliminatoria, establece un primer corte, y solo aquellos que superan este primer corte pasan a la fase de concurso, donde atendiendo a un baremo objetivo se evalúan sus méritos (eso explica que mi amiga, mencionada más arriba, no obtuviera plaza: su fase de oposición fue sobresaliente, quedó cuarta, pero no tenía méritos suficientes para obtener una de las cinco plazas, haciendo balance de examen y méritos quedó sexta). De todo ello resulta una nota final que atiende tanto al resultado de la primera como de la segunda fase, y aquellos opositores con la mejor nota obtienen plaza en orden decreciente hasta agotar el número total de plazas ofertadas en la oposición. Se tiende a considerar que una fase dura de oposición beneficia a los nuevos opositores (pero de hecho no es así, pues reviste la misma dureza para todos los opositores, así que de beneficiar a alguien beneficia al que más y mejor ha preparado la oposición, o al que más sabe, y precisamente de eso se trata, o al que sin concurrir ninguna de las anteriores circunstancias tiene la suficiente capacidad de adaptación como para hacer un buen examen), y desde luego la fase de concurso beneficia (con los baremos que se suelen emplear, en que seis meses trabajados cuentan mucho más, por ejemplo, que una publicación en una revista científica de prestigio internacional) a quienes tienen muchos años de experiencia laboral. Así, considero "consolidación" un concurso-oposición en que la fase de oposición apenas es selectiva por lo que el resultado final de la oposición acaba dependiendo fundamentalmente de un criterio de antigüedad, con lo cual algo tan contingente (como mostré más arriba) como haber nacido 7 años antes o 7 años después, o haber terminado la carrera en un momento de mucha oferta de empleo público o no, se convierten en factores determinantes para sacar una plaza en la oposición. Pero si interviene esa especie de suerte generacional, entonces no cabe hablar en absoluto de "mérito y capacidad".

          Veamos un ejemplo: en el año 2001 hubo una oposición (con el formato concurso-oposición) de enfermería (la última del INSALUD), y claramente se trató de una consolidación ("proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas" rezaba la ley) previa a la transferencia de competencias sanitarias a las CCAA. El mecanismo que empleó la Administración para consolidar a sus entonces enfermeros interinos fue poner un examen en la fase de oposición extraordinariamente fácil: un test de diez preguntas que, hasta donde sé, solo un opositor suspendió en todo el país. La fase de concurso fue pues lo absolutamente decisivo a la hora de obtener plaza. ¿Por qué sería esto injusto? Porque alguien nacido en 1980 no pudo haber acabado la carrera antes del año 2000, luego era imposible que hubiera acumulado ningún tipo de experiencia laboral, con lo que estaba de hecho excluido (dada la nula selección del examen de la fase de oposición) de la carrera por las plazas. Haber nacido cinco años antes se convirtió así en algo decisivo, ¿y acaso reviste mérito alguno haber nacido antes o después?

          Pero si esto es a todas luces injusto, ¿por qué se llevan a cabo procesos de consolidación? Generalmente la Administración trata de reparar un error previo, en este caso el de no haber sacado ninguna plaza de enfermería en los anteriores 7 años (¡y de medicina en 13 años!). Había pues que compensar también la falta de oportunidades de opositar de aquellos que llevaban tiempo trabajando de interinos no por no haber aprobado una oposición o haberla aprobado sin plaza, sino por no haber tenido opción de presentarse a ninguna. No estoy seguro de que algo así justifique una oposición que encubre una consolidación (pues eso pervierte el sistema de oposición y de acceso a la función pública en general), pero en cualquier caso no sería un argumento válido para el ámbito de la educación, pues en este caso viene habiendo oposiciones regularmente cada 2 años. Y a pesar de ello ha habido consolidaciones mediante un "sistema transitorio" que escamoteaba aquello que es fundamental en una oposición, que haya una auténtica selección previa a la fase de concurso (es fundamental una parte eliminatoria), y que examen y méritos sean como mínimo igual de determinantes.

El sistema transitorio en Educación

          En el caso de la enseñanza, el "sistema transitorio" hacía que la fase de oposición constara de una única prueba estructurada en dos partes (una de conocimientos y otra de metodología), que no tenían carácter eliminatorio, por lo que todos los candidatos accedían a la fase de concurso, sin selección previa atendiendo a los conocimientos demostrados en la prueba escrita ni a las habilidades pedagógicas demostradas en la prueba oral. ¿Que uno había suspendido ambos ejercicios? Podía compensarlo con la nota obtenida en la fase de concurso, esto es, con los años trabajados y los cursos de formación realizados. Un nuevo opositor que sacara un 9 en la fase de oposición no sacaría plaza si algún interino de larga duración sacaba tan solo un 5 en dicha fase. ¿Justo? No lo creo, pero pongamos que se tratara de una injusticia necesaria por compensar una injusticia mayor, ¿cuánto debía durar ese sistema transitorio, hasta que se colocaran cuántos interinos de larga duración? Porque el problema de dicho sistema transitorio es que generaba nuevos interinos de larga duración, porque de hecho convertía la oposición en un sistema de selección por antigüedad encubierto. ¿Qué justificaría pues su transitoriedad, su urgencia, su hacer una excepción en el sistema normal de oposición? ¿El alto porcentaje de interinos en el sistema? Pues parece que la Comunidad de Madrid ha dado con otra solución para este problema: dejar de contratar interinos para cubrir vacantes, estas se reservan para los funcionarios en expectativa de destino (aquellos que tienen plaza por oposición, pero no en un centro concreto) y resta a los interinos hacer sustituciones o cubrir puestos voluntarios (medias jornadas, jornadas itinerantes...), si bien no siempre, pues los funcionarios en expectativa también andan cubriendo dichos puestos. ¿El argumento era acabar con la precariedad? Pues ya no lo hay, casi solo trabajan funcionarios (ya no hay trabajo precario porque ya no hay trabajo). Obviamente no pretendo justificar a la Administración, sino que trato de demostrar por reducción al absurdo que el argumento que pretendía justificar el sistema transitorio de acceso a la función pública en educación es un mal argumento, y de paso que dicho sistema transitorio supuso un pequeño privilegio para un cierto números de interinos de las bolsas que, si no supieron aprovechar la oportunidad de obtener su plaza con un 5 o un 6 en la oposición, no tienen derecho a criticar la vuelta a un sistema más justo, ni legitimidad para reclamar que no se cambie el baremo de las listas de interinos. No solo no se les han negado las mismas oportunidades que a los demás, sino que injustamente se les han dado más (e hijos, familiares enfermos, jornadas laborales maratonianas, mala suerte con los temas y el tribunal, y demás contingencias que dificultan preparar o hacer bien la oposición tenemos o hemos tenido todos).

          Las consolidaciones vician por completo el sistema de oposición, que es un filtro fantástico por su imparcialidad, igualitario (tal como quiere la Constitución Española en su Artículo 23.2 donde habla del "derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos"), y que da sentido incluso a la existencia y al concepto mismo del funcionariado, porque garantiza su independencia de factores ajenos al mérito para que la Administración Pública pueda servir "con objetividad a los intereses generales" (y no particulares o partidistas). Por ello considero que, dado el sistema transitorio de acceso a la función pública en educación entre los años 2006 y 2011, quienes llevaban tiempo trabajando en la enseñanza pública sin plaza contaron durante ese lustro con unas condiciones muy ventajosas para obtenerla respecto de aquellos que nunca antes habían opositado, y ha llegado el momento de recomponer un poco la igualdad, no solo en la prueba de acceso (cosa que ya ha ocurrido), sino también en la elaboración de las listas de aspirantes a interinidad.

P.S. No quisiera dejar de añadir una consideración particular respecto a la especialidad de filosofía. Es cierto que en los exámenes influye la suerte, de los 72 temas uno no siempre conoce todos suficientemente bien (aunque por eso durante el sistema transitorio se podía elegir entre cinco temas, y ahora entre cuatro), pero yo diría que hay algunos temas sine qua non. En la oposición del año 2008 desde mi punto de vista cayó uno de ellos: "El uso práctico de la razón en Kant". Considero que ningún aspirante a profesor de filosofía puede suspender un examen en el que haya que desarrollar ese tema (otra cosa es sacar nota), tanto si se ha estudiado recientemente como si no, y menos aún un profesor que haya estado en activo, pues la ética kantiana forma parte del programa de Historia de la Filosofía, y más en aquel año en que una de las cinco obras de obligada lectura era la Fundamentación de la metafísica de las costumbres. No sé en otras especialidades, desde luego en filosofía considero que a quienes tuvieran muchos puntos por experiencia en aquella oposición y no obtuvieran plaza a pesar del sistema transitorio se les acabaron las excusas (y eso no quiere decir que no puedan ser buenos profesores, pero no han demostrado estar a la altura de ser seleccionados para la Escuela Pública).

Desmontando mitos acerca de la Educación Pública

De pruebas de conocimiento y demás escándalos

          Es difícil comprender que el PP de Madrid, desde la Consejería de Educación, no ceje en su empeño de desprestigiar a los profesionales del sistema público de enseñanza que la propia Consejería gestiona, dado que las encuestas del CIS revelan una y otra vez que le está saliendo el tiro por la culata. La más reciente de estas encuestas prueba que precisamente los dos colectivos que más ha atacado el Partido Popular de la Comunidad de Madrid (el de médicos y el de profesores) son aquellos cuya labor más valoran los ciudadanos. Debe ser por aquello de los renglones torcidos con que escribe Dios, el caso es que las campañas de denigración que tratan de convencer a los ciudadanos de Madrid de que los médicos y los profesores del sistema público son mediocres y privilegiados, y que solo miran por lo suyo, no solo no dan frutos, sino que parecen haber tenido el efecto contrario.

          El último intento (fallido, como explicaré a continuación) de desprestigiar a los profesionales de la Educación Pública es especialmente curioso, porque ha consistido en la publicación de los datos de las últimas oposiciones a maestro de la Comunidad de Madrid, y digo que es especialmente curioso porque se trata de intentar desprestigiar a los trabajadores de la Escuela Pública con los resultados de aquellos aspirantes que suspenden, esto es, de aquellos que NO llegan a trabajar en ella porque justamente no han superado las pruebas de acceso. De tener alguien que preocuparse por la formación de los maestros de sus hijos, correspondería a aquellos padres que hayan recurrido a la enseñanza privada (concertada o no), pues es ahí donde acaban dando clase muchos aspirantes que no superan las pruebas de acceso a la enseñanza pública (además de muchos profesores que jamás se presentaron a una oposición pero que nada indica que no pudieran haberla aprobado, también sea dicho). En el fondo hay pues que agradecerle al PP que recuerde que, si la preparación puede medirse de forma más o menos objetiva mediante exámenes, entonces si los profesores de la Escuela Pública no estamos mejor preparados que los de la enseñanza privada no será porque no se nos haya evaluado para acreditarlo, pues hemos sido capaces de demostrar nuestros conocimientos superando una prueba que otros suspendieron. Yo he trabajado en la enseñanza privada, en la privada-concertada y en la pública, y les garantizo que la oposición que me permitió obtener mi plaza de profesor de la Escuela Pública (competía con setecientos aspirantes más por cinco plazas y tuve que sacar un 9, y en anteriores convocatorias me había quedado sin plaza con un 8,1 y con un 7,9) es un proceso de selección más duro que las entrevistas que me hicieron para trabajar en centros privados (donde importaba un pepino si había o no aprobado alguna oposición en mi vida).

          ¿Desprestigio por los resultados de la oposición de maestros? En todo caso de las escuelas de magisterio (u otras facultades universitarias) y sus estudiantes (como se defiende en este indispensable artículo, cuya crítica, que no quiero dejar de mencionar en aras de la objetividad, aparece en este otro), pero no de los profesores de las escuelas y colegios públicos, que son justamente aquellos que sí han demostrado poseer unos conocimientos de los que otros carecían o que fueron incapaces de atestiguar (y visto el famoso examen de conocimientos me temo que no vale recurrir a circunstancias personales, un mal día y demás excusas, porque algunas preguntas son casi de test de inteligencia).

          No obstante son comprensibles la indignación y alarma de la ciudadanía al ver los resultados del examen de conocimientos (yo mismo estoy aterrado), y son un disparate los intentos de justificar dichos resultados criticando que se hayan hecho públicos: una cosa es criticar las aviesas intenciones (sobre las que hablaré en la próxima entrada del blog) de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid (porque estos datos deberían haberse estudiado cuidadosamente en privado para tratar de sacar conclusiones que permitieran diagnosticar objetivamente el problema y elaborar una estrategia plausible para subsanarlo), y otra cosa es quitarle hierro a la inquietante realidad que arrojan los resultados del examen. Y es inquietante porque esos trabajadores no acabarán en la Escuela Pública, pero algunos sí probablemente en el sistema madrileño de enseñanza (en el sector privado). El caso es que el Partido Popular viene desde hace tiempo apostando por un modelo educativo paralelo al de los centros públicos de enseñanza, el modelo de la escuela privada concertada, y en la educación privada y concertada (y en la pública en el caso de los profesores de religión, por cierto) no hay garantía de que los profesores hayan sido o fueran a ser capaces de superar pruebas como las citadas. Pero el caso es que este tipo de enseñanza supone poco más de la mitad de los Centros de Régimen General (datos oficiales del curso 2010-2011). Lo inquietante no es, por tanto, un presunto (en este caso) ataque a la Escuela Pública mediante una campaña de desprestigio, porque no ha lugar a desprestigio alguno, lo inquietante es el nivel de algunos licenciados, y tratar de justificarlo por parte de representantes sindicales o portavoces de los profesores sí que supone un desprestigio para el colectivo y resulta de un gremialismo grosero y tontorrón. Quien siquiera sugiere que la publicación de los datos de ese examen pueda constituir motivo de escarnio para la Escuela Pública es quien termina realmente desprestigiándola por el solo hecho de insinuar algún tipo de relación entre los profesores y esa prueba de conocimientos que solo desacredita a quien la ha suspendido. En otras palabras, reaccionar airadamente y no diciendo con suficiencia "claro, por eso se hacen pruebas de conocimientos, para que no acaben en la Escuela Pública quienes no son capaces de superarlas" es hacerle el juego a la nefanda Lucía Figar, que no parece capaz siquiera de entender que esas piedras que trata de arrojar sobre la Escuela Pública en realidad caen siempre sobre su tejado.

De jornadas laborales de 18 horas
          Quisiera aprovechar la ocasión para desmontar otro mito que surge de un auténtico intento de desprestigiar a los trabajadores de la Escuela Pública llevado a cabo por la antigua presidenta de la Comunidad de Madrid, y según el cual los profesores trabajaríamos 18 horas semanales (20 después de los recortes que esta mentira de Esperanza Aguirre buscaba justificar). La verdad es tan sencilla como que la jornada laboral de los profesores de educación secundaria es exactamente la misma que la del resto de empleados públicos de la Comunidad de Madrid: 37,5 horas semanales.
          Sí, es cierto, tenemos dos meses de vacaciones en verano (bueno, técnicamente no, como explicaré en el próximo párrafo), el calendario escolar es estupendo, pero no trabajamos menos de 37,5 horas semanales, siento decepcionarles. La jornada laboral de los profesores consta de 20 periodos lectivos (clase con los alumnos) y 10 complementarios (para guardias de pasillo y recreo, atención tutorial a padres y alumnos, guardias de biblioteca, reunión semanal de departamento, preparación de prácticas de laboratorio, reunión para proyectos institucionales, actividades complementarias y extraescolares...) que suman un total de 28 horas (dado que los periodos son de 55 minutos) organizadas en un horario fijo, al que se le suman (o reservan) 2 horas para claustros, reuniones extraordinarias y juntas de evaluación que no se dan de forma regular sino que se acumulan en unas pocas semanas (en esas semanas las 28 horas de obligada permanencia en el centro pueden convertirse en 40 o más horas) y 7 horas y media de dedicación a la función docente (el tiempo que se estima necesario para la preparación de clases, elaboración y corrección de trabajos y exámenes, materiales...). Esta es la realidad de la jornada laboral de los profesores.
          "¡Pero siguen siendo dos meses de vacaciones!" Pues no exactamente. Es verdad que las vacaciones escolares son generosas (no por capricho, son indispensables para el buen rendimiento académico), pero el profesorado no consta de dos meses de vacaciones en verano, sino de uno. Solo Agosto es un periodo vacacional, Julio constituye un caso especial, se considera un mes no laboral y la paga del mes de julio es un prorrateo de los salarios del resto de meses. Julio como tal no se cobra, lo cual explica que el salario mensual de los profesores de secundaria, funcionarios de clase A, sea en términos absolutos inferior al de otros funcionarios de clase A: en cierto sentido su contrato es de once meses al año, aunque reciban 14 pagas.
          ¿Merece la pena ser profesor, es un trabajo duro? Reconozco que para mí no, pero porque sencillamente me encanta la docencia, y creo que se equivoca quien mide los beneficios de mi profesión por su horario. En cualquier caso, a quien tanta envidia le dé la profesión de docente de la Escuela Pública ya sabe, a opositar, nada es un privilegio si cualquiera podría acceder a ello solo en función de sus méritos, mediante una prueba objetiva, "sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Por la gestión pública de la Sanidad pública

          Los hechos: privatización de la gestión de 6 hospitales, 7 centros de salud y varios de especialidades de la red pública, transformación del Hospital de La Princesa en un centro geriátrico y del Hospital Carlos III en un centro para enfermos crónicos, así como cierre de 3 centros de Urgencia del SUMMA 112.

          El argumento: la Sanidad pública no es rentable.

          Hay dos formas posibles de interpretar el manido eslógan "la Sanidad pública no es rentable": una de esas interpretaciones es falsa (o como mínimo absurda por obvia) y la otra es indignante. La primera de esas interpretaciones o bien es falsa, porque la Sanidad pública sí es rentable desde el punto de vista social, dado que produce el bien o el servicio que está destinada a producir, esto es, atención sanitaria universal y gratuita, o bien es absurda si debemos entender la rentabilidad en su sentido estricto, porque en ese caso la Sanidad pública no tiene por qué comportarse como un fondo de inversión, defender lo contrario sería tanto como decir que ir al cine no es rentable porque no produce renta alguna, ¿obvio no?. La interpretación que resulta indignante es la de que la Sanidad pública no es rentable... para algunos para quien sí podría serlo, pero en este caso disfrazar de defensa de un bien público la maniobra privatizadora, cuando en realidad se trata de generar un bien particular para aquellos que podrían enriquecerse con la gestión de hospitales y centros de salud, es peor que falso o absurdo, es de un cinismo intolerable.

          Así, el argumento de la rentablidad no es válido pero podemos pensar que quien habla de rentabilidad se está refiriendo en realidad a la sostenibilidad. Si es así, resulta entre gracioso e indignante que quienes han sido gestores públicos de la Sanidad durante años, en lugar de buscar culpables del déficit de la Seguridad Social en su gestión, los busquen en la existencia misma de gestión pública. Viene a ser como si yo decido montar un supermercado, lo llevo a la quiebra o al menos a una situación en que ya me es imposible cubrir siquiera los gastos, y culpo por ello al negocio mismo de los supermercados. ¡Los supermercados no son rentables, el sistema es insostenible!
          El consejero Fernández-Lasquetty (en una entrevista que tiene un buen contrapunto en este artículo de David Trueba) culpa a la "rigidez" de la gestión pública de su fracaso como gestor, y él mismo es capaz de hacer la deducción obvia de que si el problema de la sostenibilidad descansa en dicha rigidez, entonces lo necesario sería una "reforma de la función pública". Parece que la acción que se derivaría de este razonamiento sería llevar a cabo dicha reforma, pero no, en el mismo párrafo el consejero dice que "eso es otra cuestión". Pues vaya, juraría que ha sido él quien ha traído a colación dicha cuestión, se ve que en realidad lo que quería decir es: yo no soy culpable del déficit de la Sanidad pública, sino los trabajadores de la Sanidad pública, pero me da pereza meterlos en cintura así que renuncio a mi obligación como gestor y que se ocupe un profesional. En el fondo el consejero está contratando a alguien que haga bien el trabajo que él ha demostrado sobradamente no saber hacer: soy incompetente, busquemos a alguien que no lo sea (pero a mí manténganme en mi puesto y con mi sueldo, oiga). ¿Pero por qué habría de ser más competente un gestor privado? ¿No hay acaso empresas privadas que se arruinan, es lo privado una vacuna contra el fracaso? Supongo que sabrán que en el año 2011 el coste por cama en el Hospital de Valdemoro (privado) fue de 374.000 € mientras que el del Hospital Clínico (público) fue de 337.564 €. Existen varios contraejemplos de la afirmación de que la gestión privada es más eficiente que la pública, conque dejemos de considerar sinónimos "privado" y "eficiente".

           Y si lo que se persigue es eficiencia... no es necesario privatizar la gestión, porque el gestor tendrá un doble objetivo: el que le impone la autoridad pública titular de la Sanidad, esto es, que siga prestando el mismo servicio de forma sostenible, y el fin particular de obtener beneficios. Si este doble objetivo es alcanzable mediante un gestor privado, ¿por qué uno menos ambicioso que incluye tan solo la primera parte no sería alcanzable por un gestor público? ¿Tan mediocres son nuestros gestores actuales, esto es, los mismos que pretenden privatizar la gestión? Si es posible que un hospital sea rentable, sea negocio, ¿por qué es en cambio imposible que no sea altamente deficitario solo por el hecho de ser público? ¿Tan atadas tiene las manos la administración, acaso no se han rebajado ya los salarios de los trabajadores de los centros públicos, no se ha "externalizado" ya gran parte de sus servicios, no se ha aumentado la jornada laboral? ¿Dónde descansa la falta de eficiencia? ¿No supone admitir una incapacidad rayana lo cutre no ser capaz de lograr por uno mismo esa eficiencia?
          Aunque soy profesor de filosofía el mundo sanitario no me es completamente ajeno, mi padre era un pediatra brillante, también mi madre aunque ejerció poco, y vivo con una enfermera. Solo por ello conozco algunos de los problemas del sistema sanitario y algunas de sus soluciones, que no pasan por privatizar la gestión de hospitales y centros de salud. Si algunos facultativos abandonan antes de tiempo su puesto de trabajo para atender en una clínica o en su consulta privada, ¿no sería una buena medida crear un auténtico regimen de incompatibilidades o sencillamente obligar a fichar al personal sanitario como ocurre en otras tantas profesiones? Si las listas de espera en las consultas externas se eternizan entre otras razones porque se empieza a citar a los pacientes a una hora pero se comienza a atenderlos mucho más tarde, ¿no sería más razonable retrasar las primeras citas (caso de que la sesión clínica previa se alargue por sistema y de forma justificada) o adelantar la atención del facultativo? En un párrafo improviso estas medidas (que podrían no gustar a muchos profesionales de la Sanidad pública, cierto), ¿un consejero cuya única función es gestionar la Sanidad, no es capaz de idear otras que no pasen por renunciar a su gestión? Eso ya no es incompetencia, es dejación de funciones, es abandono del puesto de trabajo, es huelga salvaje.
          Por otra parte, es también gracioso que aún con el cambio de gobierno las CCAA gobernadas por el Partido Popular sigan jugando a tirarle la pelota de sus problemas al gobierno central. No se puede defender, como hace Fernández-Lasquetty en la entrevista citada más arriba, que no es una opción no hacer nada porque eso fue lo que hizo Zapatero, pero lamentarse de que es el gobierno central el que obliga a hacer algo imponiendo un límite al déficit. O bien es algo que se debe hacer porque es lo razonable, o bien es una imposición arbitraria, o el gobierno de la Comunidad lo hace voluntariamente o contra su voluntad, no vale decir ambas cosas simultáneamente (a menos, claro está, que el consejero haya renunciado ya incluso al principio de no contradicción, esto es, a la razón misma, cosa que no me extraña porque ese suele ser el resultado de los prejuicios ideológicos, del sectarismo).

          Pero como en otras entradas voy a partir de los principios que dicen defender quienes sostienen una postura distinta de la mía (porque creo que de hecho el problema no son sus principios, sino la lectura que de ellos hacen). No escribo para convencer a los convencidos, ¿qué necesidad hay de eso?, sino para tratar de dar contraargumentos frente a aquellos que sostienen la opinión contraria a la mía. Y el caso es que quienes defienden la privatización de la gestión de centros de salud y hospitales (en su jerga, "externalización") se dicen liberales. El liberalismo se caracteriza por evitar argumentos utlitaristas o consecuencialistas (como los de estados comunistas o teocráticos en que el Estado habría de garantizar la felicidad de su ciudadanos creándola él mismo atendiendo a una determinada concepción del bien que se impondría a la población, incluso contra ella, por su propio bien). El Estado liberal ha de ser independiente de concepciones particulares del bien, éstas pertenecen a los ciudadanos, el Estado ha de ser un árbitro imparcial, eso sí, dentro de un cierto marco: los derechos de los ciudadanos. Respecto a estos no cabe imparcialidad ninguna, el Estado ha de salvoguardarlos sin excusas. Así, la obligación del Estado respecto a estos derechos no es la de proteger a la mayoría de sus ciudadanos, sino a la totalidad de sus ciudadanos. Como bien señalaba Aristóteles, el bien de la mayoría no es el bien común, es el bien particular de la mayor parte de la sociedad, el bien común es aquello que es bueno para el todo, no para la mayor porción. Hay cuestiones en que el Estado ha de satisfacer a la mayoría, pero en asuntos de derechos, en una democracia liberal (por lo menos en un liberalismo de corte rawlsiano), estos han de ser garantizados para todos los ciudadanos sin discusión. Una autovía que una grandes núcleos urbanos tal vez perjudicará a pequeñas poblaciones, pero beneficia a la mayoría, y este criterio de utilidad es válido en cuestiones que no implican derechos básicos. Pero suponiendo que esclavizar a los rubios supusiera un bien para la mayoría de españoles, en este caso no podría someterse el bien de una minoría al de la mayoría, porque en cuestiones de derechos (en este caso el derecho a la libertad) el bien común consiste en la isonomía, en la igualdad ante la ley, de tal forma que en los derechos no puede haber excepciones.

          Bien, por todo ello es inútil el argumento de las encuestas de satisfacción respecto a hospitales o centros de salud de gestión privada, porque aunque el 99% de la población estuviera satisfecha, si esa persona que representara el 1% no estuviera satisfecha por el hecho de que no fue atendida sería suficiente, pues se habría violado su derecho a recibir atención sanitaria, su derecho a la Salud. Esto es, los datos estadísticos no son relevantes para decidir el modelo sanitario si no se adjunta a ellos la explicación por la cual cada una de las personas que en la encuesta dice no estar satisfecha no lo está. Si hay enfermedades que no se tratan (existiendo un tratamiento para ellas) porque su prevalencia entre la población es mínima o porque su tratamiento es muy costoso, y entonces la minoría de ciudadanos a los que se le diagnostica esa enfermedad no es tratada, en ese caso la Sanidad ya no está siendo universal, y con solo esa excepción ya cabe rechazar el modelo propuesto. ¿Es esto un argumento en contra de la gestión privada de hospitales y centros de salud? No, es tan solo la prueba de que las encuestas de satisfacción NO son un argumento válido sino falaz (concretamente se trataría de lo que en lógica informal se conoce por "falacia democrática", que no significa que la democracia sea mala o incorrecta, sino que la cantidad de personas que defienden una opinión no implica necesariamente la verdad de dicha opinión, la verdad de una creencia tiene que ver con la correspondencia con los hechos o con la coherencia de dicha creencia, no con ser una creencia mayoritaria, ¿o es que la Tierra estaba inmóvil en el siglo XIII?). Así que dejen de contar como argumento con las encuestas de satisfacción de los pacientes de hospitales de gestión privada o rastreen una a una las causas de la insatisfacción de cada uno de los pacientes que dicen no estar satisfechos.
          Yo, con lo que estoy marcadamente insatisfecho es con la gestión de lo público del gobierno de la Comunidad de Madrid, indignado con contradicciones tales como que somos una de las comunidades con menos déficit pero a la que ese déficit tan excusable lleva a tomar las medidas más drásticas, y claramente sublevado contra la impunidad con que el Partido Popular se presenta a las elecciones con un programa que luego incumple sin pudor. Si no me creen les desafío a que encuentren en el último programa electoral la más mínima mención siquiera a la "externalización" de la gestión de hospitales y centros de salud.

Los funcionarios, el fármaco universal

          En la Grecia arcaica el phármakos era una medicina empleada para sanar enfermedades sagradas, males que tenían origen divino, como la peste, causados por un pecado de desmesura (hybris). Esa medicina no consistía en un qué, sino en un quién, un chivo expiatorio que era sacrificado para purgar la impureza de la comunidad. Esa víctima propiciatoria no era responsable de nada, o no más que sus conciudadanos, pero se la expulsaba de la ciudad esperando que con ella, que cargaba con los pecados de todos, se alejara el mal. El sacrificado era inocente, pero se le trataba como si fuera culpable. ¿Les suena?

          El anterior gobierno, y este, han logrado que gran parte de la población, en lugar de solidarizarse con las víctimas de sus recortes, empatice en cambio con ese dolor que dicen sentir los verdugos por tomar esas medidas contra su voluntad. Todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, los pensionistas por cobrar una pensión, los cotizantes de la seguridad social por consumir medicamentos y los usuarios de las escuelas infantiles por tener hijos y trabajar. Pero por encima de todo los funcionarios, que como todos sabemos son quienes han creado el agujero de déficit de los últimos años ganando prácticamente lo mismo que hace diez o quince. Nada han tenido que ver obras públicas como los aeropuertos de Castellón y Ciudad Real o las radiales de Madrid, su nuevo Ayuntamiento y la remodelación de la calle Serrano, el Plan E, el cheque bebé, la deducción de 400 euros, los gastos en campañas institucionales del gobierno de España o de cualquier otra administración, los sueldos de asesores y consejeros nombrados a dedo, el desvío de fondos públicos por corrupción o el fraude fiscal. Es que los ciudadanos de a pie somos unos manirrotos y los funcionarios unos parásitos. Habrá quien se indigne por la primera afirmación, muchos menos por la segunda, ¿por qué? ¿Por qué especialmente en el caso de los funcionarios si se les castiga (y ya van tres veces) gran parte de la población percibe a las víctimas como verdugos y a los verdugos como víctimas?

          Por un lado está el hecho de que las condiciones laborales de los empleados públicos, salvo en cuestión de salarios e incentivos, son mejores que las de muchos empleados de la empresa privada, y por otro lado está el hecho de que su contrato es inextinguible, lo cual parece ser fomenta la incompetencia. Concedamos que esto es así, que el funcionario tiene unas ventajas de las que no gozan el resto de trabajadores. Eso por sí mismo no debería llevar a nadie a tener esa inquina que se le tiene a los funcionarios, hay sin duda numerosos trabajadores que tienen contratos mucho mejores que otros, pero al no tratarse de empleados públicos se considera justo, se da por hecho que mejores condiciones contractuales van de la mano de un mayor mérito. En el caso de los funcionarios, por el contrario, se considera que sus condiciones laborales son privilegios. ¿Pero qué es un privilegio?

          Un privilegio es una gracia de la que se goza inmerecidamente por ser quien se es (por pertenecer a cierta familia, a cierto estamento…) y que por tanto estaría vedada a cualquier otro. Un privilegio es un bien injusto porque otros no podrían acceder a ese bien independientemente de su valía. ¿Es ese el caso del contrato de los funcionarios? Rotundamente no. Al funcionariado (en la mayoría de los casos) se accede por oposición, una prueba dura y muy competitiva, pues no basta con superar unos requisitos básicos, con aprobar, no, hay que ser mejor que el resto de los opositores (en la última oposición que he hecho obtendrán plaza solo los cuatro mejores de un total de casi cuatrocientos). Básicamente hay dos formas de encontrar empleo por cuenta ajena: mediante entrevistas de trabajo o mediante oposición. Yo he pasado ambos tipos de prueba y, créanme, es infinitamente más dura la segunda.

          Parece entonces que ser funcionario no es un privilegio, sino un estado ganado a pulso superando una dura prueba a la que cualquiera puede presentarse, y si puede presentarse cualquiera… ¿dónde está el privilegio? O un momento, bien pensado no puede presentarse cualquiera, cierto. En muchos casos hay que tener cierto nivel de estudios. Para optar, por ejemplo, a ser médico de la sanidad pública será necesario haber hecho la carrera de medicina y la especialidad, unos diez años de estudio. ¿Dedicar diez años al aprendizaje de la profesión, al perfeccionamiento de su ejercicio y tras ellos aprobar una oposición no es mérito? Tal vez no encaje con el concepto de moda, “emprendedor” (que es como se llama ahora al empresario que crea su propia empresa, lo cual parece ser que condena a cualquier otro trabajador, del sector público o privado, a ser una persona no emprendedora), pero como sinónimo de “conformista” tampoco parece encajar (normalmente mis alumnos más conformistas lo que suelen hacer es abandonar los estudios, y lo tienen difícil para llegar a ser funcionarios).

          De acuerdo, podrá decirse, se llega a ser funcionario por méritos propios, pero no se mantiene uno en el puesto por méritos propios, pues el funcionario lo es de por vida independientemente de su productividad. Concedamos también esto, pero entonces habría que plantearse otro tipo de reformas, como que el contrato de los funcionarios deje de ser inextinguible, que sus exiguas subidas salariales no sean en función de la antigüedad sino de la productividad o impulsar la competitividad abriendo posibilidades de promoción para los mejores. ¿Dónde encajan en este esquema las repetidas bajadas de sueldo de los funcionarios? ¿En qué medida impulsan la productividad?

          No, basta ya de que paguen justos por pecadores. Si a los funcionarios se les baja el sueldo y se empeoran sus condiciones laborales, lo mínimo es no calumniarlos ni desprestigiar su labor, porque no son unos privilegiados, sino personas que hicieron lo que debían hacer, como debían hacerlo y cuándo debían hacerlo. Que otros trabajadores critiquen a los funcionarios tiene tanto sentido como que yo, que estudié filosofía, critique a los profesores de inglés porque hay más plazas de lo suyo que de lo mío. Nadie me prohibió emprender un camino distinto del que yo elegí, sería muy ruin por mi parte llamar privilegio al resultado de algo que otros hicieron y yo no, pero que pude haber hecho, y si no pude fue por no estar capacitado para ello.

          No habrá otra forma de reducir el gasto público (falso, sí la hay, pero concedamos incluso esto), pero eso no convierte a los sucesivos hachazos de un gobierno tras otro en algo justo. Será inevitable (insisto, no lo es) pero es una inevitable injusticia, porque el derroche del Estado no ha sido pagar sueldos de médicos, enfermeros, bomberos, profesores, maestros, policías, fiscales o ingenieros, sino de miembros de partidos políticos nombrados a dedo como asesores, o en sufragar obras públicas megalomaníacas inviables y otra serie de intervenciones que son puro gasto porque no producen nada. Pero los salarios de médicos y profesores, por ejemplo, no son gasto, sino inversión, porque no son a fondo perdido, generan algo, trabajo, un servicio, salud y educación respectivamente. Y en esas inversiones recortan, no en el gasto, porque el gasto lo generan los mismos que recortan y no tienen altura moral suficiente para apuntar el filo del hacha hacia los verdaderos responsables de nuestra situación: ellos mismos. Y entonces recurren al tradicional chivo expiatorio, a esa víctima propiciatoria que el resto de la población en lugar de compadecer está encantada de apedrear, al funcionariado, el fármaco universal.

Ante la duda... la culpa es de los funcionarios

          Este verano, al comentarle a unos amigos que tenía serias dudas de llegar a trabajar este curso debido a los recortes que se avecinaban en Educación en la Comunidad de Madrid, uno de estos amigos sentenció que "los funcionarios son el cáncer de este país". No era mi intención discutir de política a esas horas de la noche, y menos airadamente, así que nos limitamos a llegar rápido a consenso facilón tipo "hay funcionarios buenos y malos" para cerrar cuanto antes el tema. Lo que viene a continuación es lo que habría podido replicar si liarnos a discutir la primera noche que salía en mucho tiempo no hubiese sido lo último que me apetecía.

          Los funcionarios son el cáncer de este país. Claro, puta crisis a la que nos han llevado los funcionarios, hijos de puta. Ni los bancos concediendo hipotecas del 100% a interés variable, ni los que compraban una vivienda sin poder cegados por la tierra prometida de que "la vivienda siempre se revaloriza", ni las agencias de calificación que otorgaban la máxima nota a empresas que quebraron al día siguiente, ni el gobierno que concedía 400 euros de descuento del IRPF y 2500 euros por nacimiento indiscriminadamente, ni los especuladores encantados de ver hundirse países para invertir barato en sus ruinas y forrarse con su reconstrucción, ni los mercaderes de dentro y fuera de los gobiernos que desregularon los mercados para enriquecerse a base de endeudamientos de países, empresas y particulares, ni las empresas con cuentas opacas en paraísos fiscales, ni yo que pago en B mi reformita para que me salga más barata, ni la empresa que me la hace encantada de no declarar, ni el gran empresario y su batería de abogados que logra que le salga la declaración de la renta a devolver, ni el directivo que se sube el sueldo unos cuantos miles de euros aunque haya bajado la productividad. No, la culpa es de los funcionarios, esos hijos de puta que tienen trabajo para toda la vida porque sacaron una oposición a la que nadie más es libre de presentarse, que nunca pagan sus impuestos porque la administración pública desconoce sus nóminas, que ayudan a familiares y conocidos dándoles un puestecito porque el funcionariado se elige a dedo y que tienen esos sueldos millonarios que tanto suben con su productividad.

          La prueba de que el principal problema de España y la causa de su crisis es la existencia del funcionariado es lo bien que le va a países como EEUU con un exiguo volumen de empresa pública. ¡Cómo está capeando la crisis EEUU! Vamos, es que casi ni la han notado gracias a sus casi inexistentes servicios públicos de salud y educación. y hay que ver cómo de canutas las están pasando en Suecia, Noruega o Finlandia, país por cierto cuyo sistema educativo se considera el mejor de Europa y al que el Estado destina el 7% del PIB. Definitivamente aquellos países sin funcionariado han escapado a la recesión mundial.

          Aún así es cierto que los funcionarios tienen sus moscosos (los profesores no, pero tienen muchas vacaciones), su descanso para el café y no tienen que mendigar derechos ni les racanean las bajas de maternidad y paternidad. Y por estas poderosas razones es inapelable que lo público es un lastre frente a lo privado. Por eso todos los españoles preferirían una policía nacional o municipal y una guardia civil privadas. ¡Dónde estén Eulen y Prosegur, que se quite la benemérita! Ah, pero tal vez en cuestión de seguridad sea distinto, una policía privada no, pero la enseñanza y la sanidad... ¡Claro que sí, Estado hobbesiano, qué más dan educación y salud, lo importante es la defensa de la propiedad privada! Por eso nadie solicita las Escuelas Infantiles públicas, porque son mucho mejores las privadas, dónde va a parar, por ratio de maestros por aula, por titulación de sus profesionales y por instalaciones. Y por eso los ricos y famosos dan a luz en las clínicas privadas pero se curan el cáncer o se operan a vida o muerte en la pública. ¿Y qué me decís de los bomberos, si no hacen más que dormir? ¡Cuerpo de bomberos privado, ya!
          ¿Y por qué ha de haber funcionarios? Pues, entre otras cosas, para mantener la neutralidad de la administración del Estado. Una oposición es el único método de contratación imparcial desde el punto de vista ideológico que existe a día de hoy. La funcionarización de la empresa pública es la mejor solución contra la oligarquía y el caciquismo que sí que eran, si es que hemos de creer a Joaquín Costa, el verdadero cáncer de este país. En mi pueblo he llegado a ver cómo le pedían a un catedrático de pediatría de Madrid una recomendación... ¡para una oposición a la policía municipal! Esa es la mentalidad de mucha gente mayor porque ese es el mundo en que vivió, una sociedad en que la única garantía de progreso social era la recomendación y el "ser de los nuestros". El funcionariado existe para acabar con ese mundo. Nadie será policía, ni guardia civil, ni profesor, ni médico, ni enfermero... por haber votado a tal o cual partido, o por ser ahijado de este político o de aquel empresario. No es posible ya que un catedrático de universidad pinte nada en la designación de un policía municipal. El funcionariado es una vacuna contra el enchufismo, que sigue en cambio a la orden del día en la contratación de empresas privadas por parte de las instituciones del Estado y las CCAA. Cuando se trata de concursos y licitaciones, entonces sí que existen el soborno, el amiguismo y el nepotismo. ¿Y cómo se reducen gastos cuando hay déficit si todos los servicios públicos han sido privatizados? Al funcionariado se le puede congelar o incluso bajar el sueldo, ¿puede suspenderse una contrata privada si se trata de un servicio esencial? En un mundo ideal tal vez sí, porque existiendo varias empresas compitiendo en un mismo sector podría contratarse una más barata. En el mundo real no hay nada que hacer porque en muchos casos solo existe una empresa por cada rama. Por ejemplo: si la empresa encargada de la limpieza en la ciudad de Madrid fuese pública, para reducir su deuda el Ayuntamiento de Madrid podría haber procedido a bajarle el sueldo a sus empleados, pero tratándose de una empresa privada... ¿qué hace? Lo que ha hecho: nada, porque no hay nada que hacer si, como es el caso, la empresa contratada tiene el monopolio de la limpieza de nuestras calles. Un buen sector público permite a los gobiernos tener parte del control sobre la economía del país o de la región. Cuando llega el déficit, si los gobiernos carecen de dicho control sencillamente han perdido su capacidad de gobernar.
          ¿Quiere decir todo lo anterior que el funcionamiento del funcionariado en España es perfecto? No. Sin duda hay cosas que deberían ser revisadas. No es cierto que la mayor parte de los funcionarios sean vagos o incompetentes, pero existen los vagos y los incompetentes y son un gran lastre, pero no tanto para la administración, que también, sino sobre todo para sus compañeros, que es a quien más perjudica su pereza y su incompetencia. Serán sus compañeros quienes tendrán que arreglar sus desaguisados, acabar lo que dejen a medias y tratar con los agraviados por su poca profesionalidad. A nadie vendría mejor que a los propios funcionarios que fuera posible despedir a algunos funcionarios, y reiteradas quejas de compañeros y clientes acerca de un trabajador no deberían ser completamente estériles. Pero en honor a la verdad he de decir que en todo el tiempo que he trabajado en la empresa pública (sin ser funcionario, por cierto) solo me he encontrado con un caso y medio de profesional con tendencia al escaqueo o directamente mal profesional. ¿Supera este ratio al de la empresa privada? En mi experiencia personal no, la única diferencia entre la pública y la privada ha sido que el funcionario incompetente había accedido a su puesto mediante oposición y el incompetente no funcionario era el hijo del dueño de la empresa. En ambos casos el problema era el mismo: no había forma de despedir al incompetente.