Reflexiones en torno a la sentencia a "la manada"

         En primer lugar he de ser honesto, y reconocer que me falta el conocimiento técnico necesario para permitirme hablar con autoridad sobre cuestiones de derecho, no obstante la ley y su aplicación se basan entre otras cosas en principios racionales y razonables, accesibles pues a cualquier persona racional y razonable. Tanto es así, que el legislador puede ser cualquier persona, no así el juez. Por tanto, en ningún caso voy a tratar de ponerme en el lugar de este último, sino del primero.

          Con la sentencia a la "manada", muchos (si no todos los que somos legos en derecho procesal), hemos descubierto que existe una diferencia (insuficientemente justificada, trataré de mostrar) dentro de las violaciones: existen aquellas que se consideran abuso sexual y aquellas que se denominan agresión sexual.  El abuso sexual solo implica una práctica sexual sin consentimiento libre y sin violencia o intimidación (no necesarias en estos casos por estar la víctima en estado de embriaguez, ser menor, etc... por no tener pleno uso de sus facultades). Por otra parte la agresión sexual consistiría en una práctica sexual no consentida en que media violencia o intimidación, entendiendo por violencia el uso de fuerza y por intimidación la amenaza. Leído el relato de los hechos que aparece en la sentencia, parece difícil argumentar que no existió intimidación, pues las propias circunstancias en que tuvo lugar (un lugar cerrado y aislado, con una superioridad numérica y física palmaria, diferencia de edad, ninguna muestra de interés por el bienestar de la víctima) son intimidatorias. No puede pretenderse que solo si existe una amenaza explícita (verbal o por la presencia de un elemento intimidatorio como una navaja) tenga lugar intimidación, pero eso parece desprenderse del veredicto de "abuso sexual". Me gustaría a este respecto recordar aquí la "mansedumbre" con que según Hannah Arendt las víctimas del Holocausto se habían dejado conducir a la muerte y confío en que dicho ejemplo haga entender que la intimidación es algo más que amenazas explícitas o golpear a alguien en el hombro con la culata del fusil, el contexto mismo de unos acontecimientos y una serie de códigos implícitos intimidan. Cuando estamos intimidados reaccionamos con esa mansedumbre abandonándonos, el temor nos priva de nuestra voluntad.

          Dicho esto, considero razonable cambiar el código penal para eliminar esta diferencia, pues existen muchas formas y grados de violencia o de agresión, y la diferencia recogida por la ley actual es más escolástica que práctica, siendo lo fundamental el hecho de que un sujeto actúe coaccionado o no, bien porque dicho sujeto no está en el pleno uso de sus facultades, bien porque la situación le impide tomar decisiones pues es intimidatoria por su propio contexto o bien porque hay una amenaza expresa verbal o física. La violencia en ocasiones es implícita porque no es necesario hacerla explícita, los sobreentendidos y su efecto sobre las acciones de víctima son suficientes para coaccionarla, y por ello no creo que la agresión física haya de ser parte de los criterios que permitan distinguir entre una violación más grave y otra menos grave, y así no tiene sentido establecer distinción alguna entre abuso sexual y agresión sexual, la violación es un tipo de agresión específico. Otra cosa es que la agresión física o la intimidación mediante el uso de la fuerza, del daño físico y no solo moral, puedan ser tenidas como agravantes. De esta forma, sugiero que todo abuso sexual sea tenido por agresión sexual, y una cuestión distinta sea dilucidar si además esta se produjo o no con el agravante de violencia. Este es mi mensaje para el legislador.

          Naturalmente puedo equivocarme y he de decir que la sentencia misma no es lo que más me aterra de todo este asunto (me sorprende e indigna, no me aterra). Es probable que los culpables merecieran un castigo más severo, me cuesta dictaminar algo así sin saber cuáles son las penas por otros muchos delitos, solo eso me permitiría medir su proporcionalidad. En principio diría que me resulta insuficiente pena sabiendo que probablemente esta no será cumplida íntegramente, pero no obstante quiero insistir en que la versión de la víctima ha sido creída y que los culpables van a ser castigados, y esto es una buena noticia, la discusión está en el tipo penal (algo que, por cierto, me sorprende que políticos que llevan legislando durante años juzguen ahora un despropósito y no se tengan a sí mismos por los valedores de dicho despropósito).

          ¿Y si no es la sentencia misma qué es lo que más me aterra? El voto particular, el concepto de "veredicto social" y la propia manada.

          La verdad es que, tras leer parte de la sentencia me resulta incomprensible que uno de los jueces considere que los culpables han de ser absueltos. Solo se me ocurre que sea por un garantismo muy escrupuloso, pero dado lo que los jueces mismos han considerado hechos probados me resulta incomprensible. Y sí, que así sea me resulta aterrador, pues me obliga a buscar explicaciones alternativas, y todas entran en el rango del sesgo particular del juez, de sus prejuicios, y por tanto de la arbitrariedad que es uno de los máximos males de la justicia (es, de hecho, la injusticia misma).1

          Pero otro de esos grandes males es la justicia popular, de la opinión mayoritaria, del sentir del momento por parte del pueblo, en fin, de lo que he visto llamar desde ayer "veredicto social". Juzgar a base de "veredictos sociales" sería también lo contrario a la justicia. Me reconforta pensar que lo que la sociedad piensa mayoritariamente acerca de actuaciones como las de la manada ha cambiado, pero durante años la sociedad fue condescendiente con los agresores y tendió a culpabilizar a las víctimas ("guarras que iban provocando"), ese era el "veredicto social" antaño. Si hemos mejorado es precisamente porque hemos escapado al veredicto social, al estado de naturaleza hobbesiano, hemos delegado como pueblo la administración de la justicia a cambio de una imparcialidad de la que la sociedad como un presunto todo es obviamente incapaz. Entiendo a aquellas personas que protestan y persiguen un cambio legislativo (pero habrá de ser conforme a razones, no a intuiciones o sentimientos), lo mismo hago yo, pero aquellas otras que establecen un juicio paralelo y pretenden coaccionar a los jueces me aterran, pues siguen el mismo criterio de justicia que quienes fueron a aporrear la puerta de la comisaría para linchar a la asesina de un niño en Almería. El "veredicto social" es la ausencia de veredicto, es el que acabó condenando a Dolores Vázquez por el caso Wanninkhof  o defiende la pena de muerte cada vez que nos enfrentamos a un asesinato horrible. En resumen, "veredicto social" significa "aquello que la opinión pública tenga por intolerable" (o peor "lo que a mí y los míos nos parezca intolerable")... y no olvidemos que al final dicha opinión depende de lobbies de presión y de grandes medios de comunicación. Me aterra que haya quien piense que deberían ser ellos quienes juzguen.

          Pero al fin, lo que más me aterra de todo esto es la propia manada. Me resulta aterrador que existan personas así, capaces de considerar que realmente una mujer pueda querer voluntariamente ser penetrada en quince minutos por todos sus orificios en un portal de una casa por cinco completos desconocidos, que lo mismo eyaculen dentro que fuera de ella (como si eso no pudiera tener unas consecuencias dramáticas), y que la dejen tirada desnuda sin mediar palabra, y que al día siguiente al detenerles realmente no den crédito.2 Me inquieta que existan violadores, pero me aterra que los violadores no se tengan a sí mismos por tales, ni sus novias. ¿Qué película se han montado esas mujeres en sus cabezas? ¿Que ellos son muy machos y no pueden controlarse, y que si llega una chica provocando... pues hay que comprenderlo, ellos no son dueños de su voluntad? Pero aunque me resulte incomprensible no sería justo poner el acento en esas mujeres, sino en ellos. Son depredadores sexuales, seguían un plan, era su forma de divertirse, salían de fiesta a cazar en manada, literalmente. Me aterra que pueda existir una disonancia cognitiva tan grande como para que puedan no sentir arrepentimiento y reconocer su culpa, para que se tengan por inocentes injustamente detenidos.

          Quiero recordarlo: dejaron a una chica sola, desnuda, menor que ellos, recién penetrada por todas partes, desconocida, a la que habían grabado, a la que robaron el móvil, tirada en un portal de un edificio cualquiera, abandonada a su suerte y sin mediar palabra. ¿Y consideran que no hicieron nada malo? Redujeron a una persona a la categoría de objeto sexual, ¿y consideran que eso es una forma de diversión legítima? Que existan personas que piensen y sientan así es lo realmente aterrador de todo esto. Lo pienso también como padre y como educador. ¿Qué hacemos mal? ¿Cómo podemos criar a chicos que consideren que realmente una mujer es digna de ese trato? Repito, que existan personas así es lo que me aterra. Pero por eso y a pesar de todo en principio siento más alivio que indignación con la sentencia, porque al menos no han quedado impunes, y porque al menos por un tiempo hay cinco monstruos menos por nuestras calles.


1. Cuando escribí esta entrada solo había leído la parte de la sentencia "hechos probados". Más tarde leí los argumentos del voto particular y he de decir que mis sospechas de arbitrariedad están infundadas. Frases sacadas de contexto justifican las sospechas, pero aun cuando las interpretaciones de algunos hechos que aparecen interpretados de otra forma entre los "hechos probados" de la sentencia resulten chocantes, hay que reconocer que el juez se basa en interpretaciones de los peritos que peritaron los propios vídeos. También, el juez alega que el cambio de la acusación de agresión sexual a abuso sexual después de la instrucción del caso produce indefensión en los acusados por la imposibilidad de la defensa de reelaborar su estrategia, y esto también parece razonable, quienes aducen que esto sería un mero fomalismo no entiende que precisamente la justicia es un formalismo, esto es, un mecanismo que obedece a ciertos principios formales que existen tan solo para garantizar la imparcialidad y el respeto a los derechos básicos de los implicados. En fin, no puedo decir, y no creo, que el voto particular sea el punto de vista correcto (incluye una larga introducción en que hace un metajuicio sobre la influencia de los medios y la presión social que suena a excusatio non petita), pero es injusto decir que es arbitrario. No modifico el texto de la entrada porque considero que no sería honesto, esta entrada expone mi parecer en las circunstancias en que fue escrita.

          

2. No pretendo juzgar a ninguna mujer que voluntariamente quiera tener una experiencia sexual como la descrita, es perfectamente posible y legítimo, no pretendo hacer un juicio sobre hábitos sexuales, solo faltaría. Me aterra el hecho de que algunos varones presupongan por defecto que lo más plausible es que cualquier mujer esté predispuesta a ello, que no sea necesario tener la más mínima consideración, reevaluar las circunstancias, tomar el en cuenta el grado de intoxicación etílica de dicha persona o su vulnerabilidad relativa en una situación semejante. Cierto sector del feminismo lo ha llamado falta de empatía (y concluye que el sexo sin empatía es violación, algo con lo que no puedo estar más en desacuerdo), yo lo llamo sencillamente falta de respeto (esto es, de atención a la dignidad del otro).

8 de Marzo, de cómo me convencí de que una huelga feminista es una buena idea

          Lo reconozco, tenía (y tengo) mis dudas sobre la huelga feminista del 8 de marzo. No sobre la necesidad de celebrar el 8 de marzo y convertirlo en una jornada de visibilización y reivindicación, sino sobre la huelga como instrumento a ese fin.
          En principio una huelga es un mecanismo de presión para forzar un cambio, dicha presión se ejerce perjudicando directa o indirectamente (se detiene la producción) a aquel que puede hacer posible ese cambio (el empresario) aún a costa de un sacrificio (se deja de percibir el salario de los días de huelga). En este caso no está claro quién podría cambiar la situación (es demasiado optimista pensar que pueda resolverse a golpe de legislación) y hasta qué punto la huelga le incitaría a hacerlo (¿el marido machista dejará de serlo porque haga huelga de cuidados su esposa un día, el empresario que discrimina dejará de hacerlo porque un día se ausenten las mujeres de su empresa?). ¿Realmente ayuda esta huelga a la causa feminista? ¿No es una manifestación lo propio de una jornada de visibilización y reivindicación?
          A estos reparos se le unía el miedo a que, como viene ocurriendo con el feminismo en algunas redes sociales como Twitter, el evento fuese capitalizado por una única corriente del feminismo que excluyera a las demás, y lo que es o debería ser un acto de reivindicación transversal (porque en una jornada así la sororidad debería ser prioritaria) se convirtiera en un acto en que se impusiera una perspectiva ideológica (porque el feminismo no es, como pretenden sus detractores, "ideología" de género). Un manifiesto confirmó mis peores temores, pero afortunadamente gracias a este necesario artículo supe que era eso, un manifiesto, no el manifiesto.
          Pero he vencido estas reticencias, y ahora animo a cualquier mujer que lo desee a hacer huelga el jueves. Dos cosas me han hecho cambiar, al menos en parte, de opinión.

          Por una parte pienso en el oscuro y lejano 8 de marzo, hace más de veinte años, en que yo estudiaba lo que ahora se llama 2º de Bachillerato y acudía a la manifestación del Día de la Mujer Trabajadora. Éramos tres alumnos de todo el centro, por supuesto yo el único varón. También fue exigua la afluencia de compañeros durante mi carrera, ¡y éramos estudiantes de filosofía!. Y pienso ahora en la cantidad de alumnas que van a hacer huelga el jueves de los grupos de 2º de Bachillerato de los que soy profesor: la mayoría. Si la huelga ha sido capaz de lograr esa movilización, bienvenida sea.

          La segunda son los haters de la huelga, los argumentos de los machirulos contra la misma me han acabado de convencer de sus bondades, si tanto escuece, igual no es solo un caso más de política simulacro como podría uno temer por tratarse de una huelga que no aspira sino a visibilizar. Pero me llama especialmente la atención el argumento para no hacerla no de un machirulo, sino de la Presidenta de mi comunidad Cristina Cifuentes. Dice que hará huelga a la japonesa. Tiene gracia, porque no lo hará. Si tengo remilgos hacia la huelga feminista porque no se ajusta con exactitud al concepto de paro laboral, no hablemos ya de lo que propone la Presidenta de la Comunidad. En una huelga a la japonesa trabajar más perjudica a la empresa que se quiere presionar porque implica sobreproducción, y por tanto pérdidas en tanto el mercado no es capaz de asumir el exceso de oferta. Trabajar más por trabajar más, un día, no es hacer huelga a la japonesa, es, a lo peor, ser un esquirol. Porque puestos a ser puntillosos con las definiciones, el esquirol no es aquel que legítimamente decide no secundar una huelga, sino el que la sabotea, y trabajar por los que no vayan a estar es precisamente eso.
          Mis razones tal vez no son muy sólidas, parecen más bien circunstanciales. Y sí he leído argumentos sólidos no en contra de la huelga, pero sí contra uno de sus principales motivos pues, dado que se trata del Día de la Mujer Trabajadora y que lo que hay convocado es un paro laboral y de cuidados, parece que el centro de la reivindicación es la brecha salarial entre hombres y mujeres. A este respecto hay estudios que desmienten que exista tal brecha salarial entendida como discriminación, esto es, como "igual trabajo, distinto sueldo". La brecha salarial correspondería a la media de los salarios de los varones y la media de los salarios de las mujeres, lo que no implica "igual trabajo". Así, más bien la brecha salarial se debería principalmente a dos factores:

• Las mujeres se hacen cargo del cuidado de los hijos más a menudo que sus parejas masculinas, por lo que abandonan el trabajo y muy a menudo no lo recuperan, o no en las mismas condiciones.
• Las mujeres, incluso en países igualitarios, tienden a escoger profesiones basadas en el cuidado (salud, educación...), que están peor remuneradas. De hecho en los países más igualitarios es más improbable que las mujeres opten por estudios científicos que en países en que su libertad es menor.

          A su vez, hay quien defiende que, aunque obviamente no puede asimilarse el sexo al género, que este es un constructo social, y que por lo tanto el sexo no predetermina la forma de vida, no obstante sí hay predisposiciones biológicas que explican estos sesgos.
          Bien, aun cuando concediera todo esto a quienes pretenden restarle importancia a la brecha salarial esta seguiría sin estar justificada, pues aún deberíamos preguntarnos por qué vivimos en una sociedad en que precisamente las predisposiciones del varón serían lucrativas y no las de la mujer ¿Por qué vivimos en una sociedad en que están mejor pagados los empleos relacionados con la tecnociencia y las mercancías que aquellos relacionados con el cuidado y las personas? ¿Qué justifica que aquellas mujeres que decidan ocuparse del cuidado de los hijos y hacer un hiato en su carrera profesional no puedan reincorporarse después a sus empleos sin trabas, recibiendo el justo premio por su fundamental contribución a la sociedad? La respuesta es el patriarcado, los varones hemos creado el mundo a nuestra medida, nos hemos asegurado de que sean los talentos asociados a la masculinidad los que sean más rentables.

          Si deseamos un cambio, tal vez empezar por una huelga global de mujeres el 8 de Marzo no sea tan mala idea como me había parecido en un principio.

Trumposos

          Un fantasma recorre el mundo, el fantasma del populismo. En Estados Unidos ese fantasma se ha materializado convirtiéndose ni más ni menos que en Presidente.

          No soy amigo de ninguna forma de populismo, pero sí distingo entre populismos de izquierdas y de derechas (véase la entrada Populismos), y puestos a elegir me quedo con el de izquierdas por un rasgo diferencial de los populismos diestros que para mí es crucial: la xenofobia. Todos los populismos actuales, dentro de todo el espectro ideológico, contienen un neonacionalismo en forma de defensa de la autarquía nacional disfrazado de rechazo a la globalización (Trump quiere añadir tasas a la importación, multar a empresas que deslocalicen, limitar el mercado internacional), también comparten el rechazo a una élite política y económica a la que no obstante en muchas ocasiones pertenecen los propios líderes de los movimientos populistas (Trump es millonario), pero el rechazo al extranjero es patrimonio de los populismos de derechas.

          Nacionalismo (frente a la pérdida de soberanía ante el FMI o la Comisión Europea) y rechazo a la democracia representativa (que enmascararía la oligarquía dicen) son temibles, pero lo que hace que esta década empiece a recordar peligrosamente a los años treinta del pasado siglo es añadirle a estos factores el racismo y la xenofobia del Frente Nacional, el UKIP, el Freiheitliche Partei Österreichs.... y ahora Trump.

          Se le puede reprochar a los populismos en general su demagogia, pero los populismos xenófobos son especialmente tramposos. Porque hay mucho de cierto en el relato de que una élite económica ha salido indemne de la crisis mientras que los demás hemos pagado sus desmanes, en que los partidos viejos son responsables de dicha crisis y que solo parecen perseguir perpetuarse en el poder y no el bien común, pero es de todo punto falso que los culpables de la crisis (del desempleo, de los bajos salarios, de la pérdida de derechos laborales) sean los emigrantes.

          El populismo se nutre de la vanidad de los electores que están deseando que alguien les diga que nada de lo malo que les ocurre tiene que ver con ellos, el chivo expiatorio por antonomasia son los inmigrantes, los extranjeros, los judíos, los gitanos... sí, la trampa de estos trumposos es vieja, pero parece que muchos siguen dispuestos a caer en ella. Y yo empiezo a temer que caigamos en horrores del pasado, entre otros el de creer cosas como "se moderará", "cuando llegue al poder no hará exactamente todo lo que dice", "las instituciones no pueden caer"... confundiendo deseos con realidad. Recuerdo ahora lo que se dice a sí mismo el padre de Wladyslaw Szpilman en la película El pianista de Roman Polanski cuando oye relatos terribles de lo que están haciendo los alemanes a los judíos, insistiendose en que no es posible que tengan lugar esas atrocidades. Nos autoengañamos pensando que no puede ser, y sí puede.

         "Nunca más" dijimos hace cincuenta años, pero se ve que cada generación solo es capaz de escarmentar en carne propia. Hijos de puta, juegan con las cartas marcadas y aún así ganan elecciones.

Populismos

         Si populismo y demagogia son, como creo, prácticamente sinónimos, el populista es el enemigo acérrimo del filósofo, pues el populismo entrañaría tanto el uso recurrente de falacias (argumentos ad populum o sofismas patéticos) como escaso amor por la verdad y lo bueno (el demagogo amaría por contra lo verosímil y lo agradable, la opinión común aún a costa de lo cierto y lo justo). El populismo sería el gobierno del sentimiento y la intuición frente al de la razón y la argumentación. 

          En contra de esta idea se viene defendiendo recientemente que existe un populismo chachi que bebe de la obra del teórico postmaxista Ernesto Laclau. A mí el constructo teórico de Laclau de la “razón populista” (un oxímoron según lo dicho en el párrafo anterior) me parece neolengua, pero aquí lo voy a comprar. Pongamos que es adecuado distinguir entre un populismo (el bueno) donde el “populum” hace referencia al pueblo, al demos, y sus necesidades y demandas insatisfechas, variopintas y plurales agregadas hasta sumar una mayoría y que se oponen a las de una oligarquía que, en este sentido, estaría excluida del pueblo (por haber excluido previamente a este de las instituciones); y otro populismo (el malo) en que los ciudadanos son reducidos a un colectivo borroso a base de difuminar su individualidad y exaltar rasgos identitarios (esto es, son convertidos en lo que Ortega llamaba “hombre masa”) y sus sentimientos son instrumentalizados para crear un poder omnímodo que se erigiría en auténtico y único representante del auténtico pueblo (formado por aquellos que compartan los rasgos comunes exaltados). Por mor de la simplicidad llamemos a estos populismos “populismo de izquierdas” y "populismo de derechas” respectivamente.

          ¿Qué pinta tiene un discurso populista de izquierdas? Creo que este es un discurso que aplaudirían si no los dirigentes de un populismo de izquierdas, sí muchos de sus votantes: 

"Y, por último, el Estado liberal vino a depararnos la esclavitud económica, porque a los obreros, con trágico sarcasmo, se les decía: "Sois libres de trabajar lo que queráis; nadie puede compeleros a que aceptéis unas u otras condiciones; ahora bien: como nosotros somos los ricos, os ofrecemos las condiciones que nos parecen; vosotros, ciudadanos libres, si no queréis, no estáis obligados a aceptarlas; pero vosotros, ciudadanos pobres, si no aceptáis las condiciones que nosotros os impongamos, moriréis de hambre, rodeados de la máxima dignidad liberal"."

          Es obvio que el populismo es un antiliberalismo, y tiende a defender una forma superior de democracia frente a la liberal pues, como reza el texto anterior, el liberalismo entraña una falsa libertad en lo que se refiere a la clase obrera (en la dicotomía clásica, en el marco postmarxista hablaríamos del 99%, de “los de abajo”, de “la gente”) dado que no hay libertad sin los medios para ejercerla de forma efectiva. De hecho, en la teoría de Laclau, el populismo es caracterizado como un “discurso que trata de dirigirse a los excluidos por fuera de los canales de institucionalización”, esto es, a todos aquellos cuyas demandas son insatisfechas y que perciben dicha insatisfacción como exclusión del sistema (de las instituciones). La suma de los insatisfechos es un ente colectivo, “la pluralización de las demandas”, y por ello el populismo sería un antiliberalismo, pues el liberalismo en principio sería individualista (los sujetos de demandas, incluso agregadas, seguirían siendo los individuos, no un ente colectivo). 

          El fragmento anterior, no obstante, no pertenece a un todo que suela considerarse de izquierdas (como saben ya quienes hayan leído en mi blog “El 15M y los discursos para lelos”), pertenece a un discurso populista muy extendido en los años treinta en Europa: el fascismo. En concreto la cita anterior pertenece al manifiesto fundacional de la Falange. ¿Estoy diciendo que todo populismo es fascismo? No, lo reconozco, he hecho trampas, el discurso es más largo, no quiero caer en una falacia de falsa analogía. He aquí otro fragmento del mismo discurso:

“La Patria es una unidad total, en que se integran todos los individuos y todas las clases; la Patria no puede estar en manos de la clase más fuerte ni del partido mejor organizado. La Patria es una síntesis trascendente, una síntesis indivisible, con fines propios que cumplir; y nosotros lo que queremos es que el movimiento de este día, y el Estado que cree, sea el instrumento eficaz, autoritario, al servicio de una unidad indiscutible, de esa unidad permanente, de esa unidad irrevocable que se llama Patria.” 

          Este segundo fragmento hace ya perfectamente reconocible el populismo de derechas, esto es, el fascismo, porque el contenido de este segundo fragmento, el nacionalismo, es un ingrediente indispensable para hablar de fascismo, el componente antiliberal del primer fragmento no basta, es condición necesaria pero no suficiente, y pretender lo contrario sería una falacia de falsa analogía. El populismo de izquierdas sostiene un discurso antiliberal sin componentes xenófobos (de ahí la fallida participación de Jorge Vestrynge en Podemos, pues no se acomodaba a esta separación, y por eso muchos de los participantes en los círculos de Podemos no querían, con razón, la ansiada hegemonía a costa de integrar a sujetos como Vestrynge y su discurso contra la inmigración, por eso este no cabía en Podemos, porque quería el pack completo de antiliberalismo y xenofobia, porque Vestrynge obviamente nunca dejó de ser lo que había venido siendo toda su vida, un fascista que ha llevado su fascismo allí donde ha militado). 

          Para mí esta es una diferencia crucial entre el populismo de izquierdas y el de derechas, y si bien no soy populista, para mí es claramente peor el segundo, que no es otra cosa que el fascismo: un antiliberalismo xenófobo, un colectivismo identitario, un populismo nacionalista. Es una fórmula fácil de aprender: colectivismo + nacionalismo = fascismo.

          De esta forma, suponiendo que el populismo no fuera malo en sí mismo, sin duda el componente nacionalista lo pudre. Tal vez exista un nacionalismo no fascista, pero si el nacionalismo convive con el populismo entonces lo que tenemos es falangismo puro y duro. Así que el populismo haría muy bien en no hacerle el juego a discursos identitarios, porque todo discurso identitario es sencillamente xenófobo, porque la identidad propia se define por oposición al otro, al extranjero. El populismo no puede (o no debe) agregar cualquier demanda insatisfecha, sino solo las legítimas (¿qué habría de la demanda insatisfecha de vengarse por su cuenta, por ejemplo, de muchos familiares de víctimas de violaciones o asesinato?), esto es, aquellas que se refieran a derechos menoscabados en mayor o menor medida y que puedan ser satisfechas entro de la ley (aunque está por ver que un populismo que discriminase entre demandas insatisfechas pudiera tenerse por populismo en sentido laclauliano). No hay derechos menoscabados de los ciudadanos catalanes que defender (desafío a cualquier nacionalista a que sea capaz de citarme un solo derecho, uno solo, del cuál él carezca respecto a mí, madrileño, por el hecho de ser catalán), luego la defensa de la excepción para Cataluña es necesariamente la defensa de privilegios, esto es, de la superioridad de unos presuntos poseedores de la identidad catalana. No es compatible la izquierda con el nacionalismo, no es posible el populismo que confraterniza con el nacionalismo sin ser fascistoide. Y añado: con cualquier nacionalismo, porque soy radicalmente antinacionalista, a mi antinacionalismo no le añado ninguna coletilla como “catalán”, para mí no hay nacionalismos buenos o justificados (aunque no todos sean totalitaristas). Mi postura es camusiana, la del resistente. Defender que no se puede ser antinacionalista a secas, que siempre se es nacionalista respecto a una nación es tan falso como decir que solo hay tipos de fascismo, pero que no se puede ser genuinamente antifascista. Sí se puede.

Usos y abusos del Estado de Derecho

          No era la primera vez que escuchaba como presunto argumento contra una noción liberal de estado de derecho la falsedad de que “el III Reich ha sido el mayor estado de derecho que ha habido”, pero en esta ocasión quedé aterrado porque la frase salía de boca de una jueza (ni más ni menos que Garbiñe Biurrun, Presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco). Esto ocurrió hace meses en el interesante debate del programa Salvados que siguió a su falso documental del 23F "Operación Palace". Creo que no hubo réplica de los contertulios por una auto-asumida falacia de autoridad: uno tiende a esperar que si alguien sabe lo que es un estado de derecho es precisamente un experto en derecho, un juez. Se ve no obstante que la ideología es capaz de nublar toda objetividad y llevarnos a abusar de cualquier término con tal de salvar nuestros muebles ideológicos. Últimamente el concepto de estado de derecho está siendo desvirtuado por ser empleado con total ligereza tanto por sus detractores como por sus defensores, y dado que el estado de derecho es una conditio sine qua non de la democracia (como trataré de mostrar y contrariamente a lo que quiere la citada jueza) querría dedicar una líneas a reivindicar su uso legítimo frente a los abusos a los que es sometido con demasiada frecuencia, porque cuando un término acaba siendo tan polisémico que tiene como referencia prácticamente todo, esto es, cuando la noción de estado de derecho es tan vaga que sirve para designar prácticamente cualquier estado, entonces estamos ante un concepto absolutamente equívoco y por tanto inútil y confuso. Pero no creo que la noción de estado de derecho sea confusa, sino que hay usos malintencionados del término que buscan sembrar la confusión no tanto para desdibujar los límites del término como para borrar las fronteras del estado de derecho mismo.

            Sé bien que estado de derecho puede entenderse de forma puramente legalista o formal como “estado en que hay derecho”, esto es, lugar en que impera la ley, y esto es lo que llevaría a afirmar que estados como la Alemania nazi lo serían de derecho (existir una ley, existía). No obstante creo que este es un uso abusivo del término, como entenderemos a poco que reflexionemos acerca del concepto de ley. Rousseau defiende en El contrato social que un contrato que enajena derechos es un no-contrato, la ley me hace libre solo si no supone renuncia a mis derechos sino si garantiza en pie de igualdad los de todos los ciudadanos. Cualquier ley que me convierta en súbdito y no en ciudadano no es realmente ley sino fuerza, es por tanto una disimulada prolongación del estado de naturaleza donde solo rige una ley, la del más fuerte, que es precisamente el imperio de la violencia no legítima o no legal, esto es, el imperio de la no-ley. No quiero adentrarme en la noción rousseauniana de ley o de estado, tan solo recoger la idea de que si una ley no obliga por igual a todos entonces no es plenamente ley. De la misma forma un derecho no es tal si es excepcional, esto es, si solo parte de la ciudadanía es sujeto de derecho (entonces recibe el nombre de privilegio). Así pues, considero que un estado no puede serlo de derecho si no hay igualdad ante la ley (y de hecho la moderna noción de estado de derecho se opone a la de estado absolutista, en que haber leyes, habíalas), pues lo contrario supone que hay una excepcionalidad a la ley (una negación de la ley en la ley misma), que hay un poder superior al de la ley y es por tanto aquel, y no esta, el que impera.

            Por todo esto hay que decir que las leyes de Nuremberg del III Reich pondrían fin el estado de derecho (heredado de la República de Weimar), pues consolidan una desigualdad ante la ley de los judíos, les desposeen de su ciudadanía por ley. No obstante la ley lo que hace, o debería hacer en un estado de derecho, es generar ciudadanos y no desintegrarlos. Para aquellos que defienden la noción más puramente formal de estado de derecho mi concepción se antojará excesiva, en lo que sigue no obstante me voy a ceñir a ella porque creo que es la única forma de entender el concepto de estado de derecho que lo convierte en una noción significativamente útil. Si se entiende estado de derecho sencillamente como estado legal la noción es puramente redundante y tanto vale decir “estado” a secas. Ahora bien, creo que aún atendiendo a una definición muy deflacionaria de estado de derecho como mera existencia de la ley (aun cuando sea una ley tiránica, esto es, que obliga solo a algunos), tampoco el III Reich lo sería sencillamente porque no imperaba la ley, sino Hitler: su palabra era ley, podía perfectamente contradecirla y prevalecer, sus discursos eran fuerza de ley. La Alemania nazi no sería pues en ningún caso un estado de derecho porque no había igualdad ante la ley y porque había arbitrariedad en la ley, pues el poder de Hitler estaba por encima de ella, él mismo era la ley. Pero si la ley no manda no hay estado de derecho, si el derecho no precede a todo lo demás (a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en cualquiera de sus formas) el estado no lo es de derecho. La ley, y más concretamente los derechos civiles, son el a priori del estado de derecho, todo lo demás es su consecuencia.

¿Pero por qué querría nadie decir que el III Reich era un estado de Derecho? No son filonazis quienes lo hacen como uno podría tender a creer (aunque argumentando así se les hace el caldo gordo), sino cierta izquierda. La idea es asociar nociones centrales de la democracia liberal al nazismo para así desprestigiar dichas nociones en pro de ideas más próximas a eso que llaman “democracia orgánica”, de este modo se difumina la diferencia entre totalitarismo y democracia (todo sería estado de derecho salvo el estado de naturaleza) y sería más fácil justificar dictaduras o dictablandas de izquierda. Se trata de una falacia de reductio at hitlerum, que además de falaz señala algo falso pues como he tratado de dejar claro en ningún caso el término “estado de derecho” es aplicable al III Reich.

Hay otro frente en esta batalla semántica que es el que lideran no ya revolucionarios irredentos, sino los miembros del gobierno. El ejecutivo con demasiada frecuencia abusa también del término, para el gobierno “estado de derecho” es intercambiable por “acción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado o de su sistema judicial”, pero una vez más esto es incorrecto. Se respeta el estado de derecho cuando dicho uso de la fuerza coercitiva es legítimo, esto es, cuando esos cuerpos y fuerzas de seguridad del estado actúan conforme a la ley, sometidos a ella, y eso solo siempre que dicha ley respete los derechos humanos. Así, hay estado de derecho cuando no hay tortura, juicios arbitrarios o terrorismo de estado. No es que el estado sea el derecho mismo y lo que no es estado no lo sea, los terroristas y delincuentes en general no violan el estado de derecho, violan la ley, no tienen capacidad para romper el estado de derecho (por desgracia sí a sus ciudadanos, desestabilizando así en ocasiones el estado de derecho hasta su disolución). Quien actúa fuera del estado no quiebra el estado de derecho aunque quiera, este sigue existiendo independientemente de su acción porque dado el monopolio del uso legítimo de la violencia por parte del estado, solo es conforme o no a derecho la acción del propio estado.

De un tiempo a esta parte, desde que desaparecieron los GAL y otras formas de terrorismo de estado se ha dado por hecho desde el poder que acción policial y estado de derecho son sinónimos pero no es así: tan policiales eran la acciones de la Stasi como lo son las de la policía nacional. Que la acción sea del estado es condición necesaria para que sea un ejercicio de la fuerza conforme a derecho, pero no es condición suficiente, ni mucho menos toda acción policial es legal por el simple hecho de que la policía sea un órgano ejecutor de la ley. Como defendí más arriba, sólo la aplicación de la ley de igual forma para todos y respetando siempre los derechos humanos es conforme a derecho (de no ser así hemos de darle la razón a quien considera que el III Reich fue un estado de derecho), y esto cuando no ocurre no suele ser gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado o de sus distintos poderes, sino a su pesar.

            Así pues, el mayor peligro para el estado de derecho no es ni la perversión del lenguaje ni son, como quiere el gobierno, la acciones ciudadanas fuera o en el límite de la ley (y solo estas pueden ser tenidas por desobediencia civil, nunca la acción del poder como querría Artur Más), la más terrible amenaza del estado de derecho es el abuso del propio estado de derecho y eso es algo que solo los gobiernos pueden hacer porque si contra alguien protegen los derechos humanos es precisamente contra el poder del estado, y por ello es de derecho aquel estado que garantiza su defensa dentro de su territorio.

            Por ello lo que debería preocupar al gobierno, lo que supone un auténtico atropello al estado de derecho es la recién aprobada ley de seguridad ciudadana (ley mordaza) y en general la represión cada vez mayor del ejercicio de derechos civiles fundamentales como el de expresión o de reunión. Es sencillamente un escarnio para el país que exista el informe de Amnistía Internacional “España: el derecho a protestar, amenazado”, que las UIP (que insisten en  no llevar identificación) puedan invadir violentamente la estación de Atocha de Madrid sin consecuencias y que mossos d’esquadra ¡condenados por torturas! sean indultados. Si toda acción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado por el hecho de serlo va a ser tenida por legítima se desmorona el imperio de la ley, si el abuso de poder y de fuerza es impune, entonces la fuerza es la ley y no el derecho.

            La batalla contra el estado de derecho es pues propia de totalitaristas (pues como he tratado de mostrar el estado totalitario no lo es de derecho) y de anarquistas (pues buscan la abolición de cualquier forma de estado), pero en España la ganan para ellos cierta izquierda condescendiente con regímenes dictatoriales y autoritarios y el gobierno, del cual cabría preguntarse entonces si no pertenece de forma oculta a alguno de esos bandos (y juraría que no es al de los anarquistas). Si el Partido Popular está realmente preocupado por el auge del populismo y la desafección con las instituciones democráticas, que sencillamente deje de pervertir la democracia y de abusar de un Estado que, con cada nueva ley referida a la seguridad que aprueba, lo es menos de derecho.

El aborto en un par de argumentos y un experimento mental

          El PP ha decidido que volvamos a la ley del aborto de 1986, empeorada (salvo en lo que respecta al hecho de que en ningún caso la mujer tendría responsabilidad penal). Al igual que con la LOMCE, parece que el PP ha decido atender a sus sectores más conservadores y ahondar en la intrusión de los principios religiosos en la esfera pública, esto es, restringir las libertades y hacer retroceder el conocimiento científico frente a una concepción particular del bien. Cuando es en un país árabe a esto se le llama teocracia, aquí, "proteger a los más débiles" y "legislar siempre en interés de la mujer", claro, no vaya ser que la pobre se condene. Gracias a Dios [sic] papá Estado vela por ella.

          Un sector del Partido Popular y los antiabortistas tienen la extraña convicción de que se aborta a la ligera, que es una suerte de capricho, que poco menos se hace por maldad o casi por integrismo político, pero el hecho es que verse en la necesidad de abortar es una situación que nadie busca y que nadie desea, es por sí misma una tragedia. Y ante la tragedia cabe hacer dos cosas, tratar de paliarla o negarla y fiat iustitia, pereat mundus.

          Hay ciertamente embarazos no deseados que son fruto de la irresponsabilidad (negarlo sería cínico), pero también hay embarazos deseados que dejan de serlo (porque la pareja nos abandona, porque descubrimos que nos engaña o porque deseábamos un niño sano y no un bebé anencefálico, por ejemplo), hay tantas situaciones distintas como mujeres embarazadas. Una primera prevención para tratar el problema del aborto es huir de estereotipos.

          No conozco ningún argumento a favor de la interrupción voluntaria del embarazo que sea definitivo (y viceversa), no pretendo simplificar la cuestión. De hecho considero que de todos los problemas clásicos de la bioética, este dilema es el más complejo. Soy padre por partida doble, y no me falta empatía con embriones y fetos, porque he querido a mis hijos cuando no eran más que eso aún. El problema es pues endiablado y por eso requiere de un tratamiento muy preciso y matizado, sin simplificaciones groseras. Y así es como, sencillamente, actúa la ciencia, con un análisis pormenorizado de los hechos, sin embargo los discursos de carácter religioso son tajantes, se permiten opiniones del tipo: "desde el momento de la concepción hay persona porque hay alma". Ahora, desde Condorcet sabemos que las leyes deben basarse en los saberes y no en las opiniones, como ya traté de demostrar aquí. Permítanme una reducción al absurdo para refrendar la idea de que la religión no debe ser un agente legislador en ningún caso, pero menos aún en una cuestión como la del aborto: si el aborto debe estar prohibido porque mi religión asegura que en el cigoto hay un alma humana, supongamos que mi religión defendiera que existe la reencarnación y que hay un alma humana encerrada en todo animal, ¿habría que considerar legalmente homicidio el sacrificar a cualquier animal para alimentarse de él?

          La cuestión es que mis creencias religiosas no deberían contar lo más mínimo a la hora de legislar. ¿Y si me diera por defender que hay un alma humana no ya en el cigoto, sino en los gametos masculinos? ¿Debería la ley perseguir y penar la masturbación o la contracepción? ¿Cuándo y por qué razón habría que empezar a tener en cuenta una religión a la hora de legislar en una sociedad científica democrática? ¿Es cuestión de número, de tradición? Ambas posibilidades son falacias: la verdad de un enunciado no depende de que una mayoría lo suscriba (falacia ad populum) ni de que siempre haya sido tenido por verdad (falacia ad antiquitatem). Y por ello, mejor centrémonos en los hechos.

          En lo que sigue trataré de profundizar en la idea de que el conocimiento científico y la razón han de guiarnos en cuestiones de bioética, y no concepciones particulares del bien, aportando con ello un par de argumentos a favor del derecho a decidir de la mujer sobre su cuerpo interrumpiendo voluntariamente su embarazo. Finalmente reproduciré un conocido experimento mental de Judith Thomson que pretende guiar nuestras intuiciones a favor de dicho derecho.

          Según la embriología humana, el futuro niño, desde la unión de los dos gametos, pasa por las siguientes fases: cigoto (primer día), embrión (a partir de las 22 horas, al 4º día recibe el nombre de mórula y al 5º día el de blastocisto, y se parece ya a la idea que tenemos de un embrión, con proto-órganos, en torno a la 5ª semana) y feto (a partir de la 9ª semana). Esto sería un blastocisto:

          Y esto un feto:

          Sin blastocisto no hay feto y sin feto no hay niño, pero ¿es por ello lo mismo un blastocisto, que un feto y que un niño? ¿Es lo mismo una semilla que un árbol? La religión tiene las cosas claras: sí. Yo les insto a mirar las fotografías anteriores para hacerse una idea de mi propio punto de vista, que se resume en lo siguiente: un embrión no es una persona, aún, y tampoco es algo absolutamente ajeno a una persona, es una persona en potencia, la posibilidad de ser una persona. ¿Y en qué medida podemos legislar tratando de proteger personas en potencia?

          El problema de los seres en potencia es que casi cualquier cosa es un ser en potencia (el deseo de tener un hijo es también un hijo en potencia y mis espermatozoides y los óvulos expulsados en la menstruación) y que, de hecho, no son aún más que una posibilidad, podrían no llegar a actualizarse nunca (podría tener lugar un aborto espontáneo), pero da la impresión de que habría que legislar sobre seres humanos en sentido propio y no seres humanos posibles, o de lo contrario deberíamos por ley obligar a tener cuantos hijos fuera posible pues no actualizar cualquier ser humano en potencia sería negarle el derecho a vivir. Discutir acerca de seres humanos en potencia da lugar a problemas de lo más peregrino: imaginemos a una mujer joven, sin recursos y abandonada con un embarazo no deseado, una mujer en cuyo plan de vida encajaba tener tres hijos más adelante con una pareja estable, pero si se viera obligada a tener ese hijo que no desea decidiría no tener más. ¿Qué es mejor, uno en potencia o tres en potencia? ¿Qué deberíamos hacer, obligarla a dar a luz a su hijo condenando a los demás a no llegar a nacer? Las posibilidades de ser no permiten decidir... o tal vez sí, porque todos nos damos cuenta de que hay una diferencia entre un embrión y el deseo de tener un hijo, por muy niños en potencia que sean ambos. Ahora, si podemos distinguir entre el deseo de tener un hijo y un embrión, también podemos hacerlo entre un blastocisto, un embrión de ocho semanas, un feto de tres meses y otro de siete. Y somos capaces porque atendemos a la realidad de los hechos, no a seres en potencia. La ley se aplica a los seres en acto, y entre esos seres es fácil matizar y distinguir entre un feto el día antes de nacer y el blastocisto, y pretender que en ambos casos hablamos de una misma cosa, de un ser humano en potencia, es cometer una falacia de pendiente resbaladiza.

          Centrémonos entonces en los seres en acto, un blastocisto, un embrión, un feto, son algo. ¿Son lo mismo? ¿Qué nos permite distinguirlos? ¿Merecen todos la misma consideración? Normalmente nuestra moral nos lleva a relacionarnos con los demás según dos principios: la prohibición de hacerlos sufrir y el respeto a su autonomía . ¿En qué medida afectan a nuestra relación con el nasciturus? Estos principios nos obligan a responder a dos preguntas que solo la ciencia puede responder:

          1/ ¿A partir de qué momento el feto es capaz de sentir dolor o de sufrir?

          2/ ¿A partir de qué momento el feto es capaz de vivir autónomamente (sin parasitar el cuerpo de la gestante)?

          Respondiendo a la primera pregunta, el consenso científico más amplio es que esto tiene lugar alrededor de la semana 24 de gestación (aunque algunos quieren hablar de sufrimiento fetal a partir de la semana 20).

          Respondiendo a la segunda pregunta, ha habido algún caso excepcional en que gracias a los avances terapéuticos un bebé prematuro ha sobrevivido incluso naciendo en la semana 22, pero se tiende a considerar que en los países desarrollados un bebé prematuro puede sobrevivir sin graves secuelas a partir de la semana 24 de gestación.

          Podríamos por tanto decir que antes de la semana 24 el feto no posee autonomía (no es un individuo independiente de la gestante, sino más bien parte del cuerpo de esta, lo cual parece reforzar la idea del derecho de esta a decidir sobre su cuerpo) ni capacidad de sentir dolor (y por tanto no se le puede causar sufrimiento, pues vive en un estado semejante al de muerte cerebral). En cierto sentido pues, el feto antes de la semana 24 vive en estado vegetativo, sobrevive sostenido artificialmente por la madre. Parece por tanto que hasta ese momento debería prevalecer el derecho a decidir de la madre (tiempo suficiente para ejercerlo, por otra parte) y a partir de entonces no podría dejarse de tomar en consideración el derecho del feto a ser protegido y amparado por el Estado aún no siendo una persona todavía (estatuto que, religión aparte, otorga el haber nacido).

          La ley vigente permite el aborto libre hasta la semana 14 de embarazo y excepcionalmente "en casos de graves riesgos para la vida o la salud de la madre o el feto" se amplía hasta la semana 22 y más allá si se detectan "en el feto anomalías incompatibles con la vida" o "una enfermedad extremadamente grave e incurable". Esos plazos y estos supuestos parecerían tomar en consideración el bienestar del feto y protegerlo suficientemente atendiendo a criterios razonables (aunque podría discutirse sobre la forma de aplicarse dichos plazos y su cronología).

          Hasta aquí el punto de vista del nasciturus, pues hay otro protagonista en el dilema del aborto, y si de seres en acto y no en potencia se trata, yo diría que el principal protagonista: la madre. La madre es autónoma y está dotada de un sistema nervioso, piensa, siente y padece pues. Podemos defender su derecho a decidir desde muchas ópticas diferentes: aludiendo a que el aborto es un mal menor puesto que muchas madres, aún siendo ilegal, deciden llevarlo a cabo de forma clandestina con grave riesgo para sus vidas (de hecho el llamado aborto inseguro es una de las principales causas de mortalidad materna en el mundo), o que no se salvaguarda la vida del nasciturus prohibiendo el aborto dado que podría practicarse en países colindantes con legislaciones menos restrictivas. Pero lo interesante del experimento mental de Judith Thomson en su clásico articulo "A Defense of Abortion" de 1971 es que nos recuerda hasta qué punto el centro del debate es o debería ser el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, y hace esto dejando de lado la cuestión de si hay o no un ser humano en su cuerpo, si es o no una persona. Vamos a dar por hecho que sí:

          “Te despiertas una mañana y de espaldas a ti se encuentra en la cama un violinista inconsciente. Un famoso violinista inconsciente. Se ha comprobado que tiene una enfermedad renal grave, y la Sociedad de Amantes de la Música sondeó todos los registros médicos disponibles y encontró que sólo tú tienes el tipo de sangre requerido para ayudarlo. Por ello, te han secuestrado y esa noche han conectado el sistema circulatorio del violinista al tuyo, así tus riñones podrán ser usados para extraer el veneno de la sangre de él, así como el de los tuyos. El director del hospital te dice: 'Mire, nosotros sentimos que la Sociedad de Amantes de la Música haya hecho esto  –si lo hubiésemos sabido nunca lo hubiésemos permitido. Pero el hecho es que ha ocurrido y el violinista está ahora conectado a usted. Desenchufarlo sería matarlo. Pero no importa, es sólo por nueve meses. Para entonces, ya se habrá recuperado de su enfermedad y con seguridad podrá serle desconectado.' ¿Es moralmente vinculante para ti acceder a esta situación? No cabe duda de que sería muy amable de tu parte si lo hicieras, una gran bondad. ¿Pero tienes que acceder a ella? ¿Qué pasa si no fueran nueve meses, sino nueve años o todavía más?, ¿qué pasa si el director del hospital dice: 'Mala suerte, estoy de acuerdo, pero ahora tiene que permanecer en la cama, con el violinista conectado a usted para el resto de su vida. Porque recuerde, todas las personas tienen derecho a la vida y los violinistas son personas. Sin duda usted tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, pero el derecho de la persona a la vida pesa más que su derecho a decidir lo que ocurre en su cuerpo. Así, nunca podrá ser desconectado de él.' Me imagino que tú considerarías esto algo indignante (...)."

          Lo interesante de esta analogía es que deja claro cómo y por qué podríamos limitar el derecho a la vida (cosa que de hecho hacemos, pues consideramos legítimo, por ejemplo, matar en defensa propia) partiendo del supuesto más radical, que el feto es una persona viva como el violinista del ejemplo, pues sin embargo Thomson defiende que "tener derecho a la vida no garantiza que uno tenga derecho a usar el cuerpo de otra persona o a que se le permita continuar usándolo, aunque uno lo necesite para la vida misma". El derecho a la vida del feto no agota, pues, el debate. Por ello me inclino porque sea tenido en cuenta el desarrollo del feto, su autonomía y su capacidad de sufrir, pero sobre todo la libertad de la mujer, además de otras consideraciones no desarrolladas aquí como la mortalidad materna o el bien que se le hace a los bebés mismos que vayan a presentar graves malformaciones al nacer. La nueva ley del aborto es en este sentido un gran paso atrás, uno más de este gobierno, que debería haberse limitado a corregir las imperfecciones o los puntos más polémicos de la actual ley de plazos que corregía los graves defectos de la anterior ley, a la que esta nueva nos retrotrae. Ruiz Gallardón suma y sigue...

Por una ILP libre de escraches

La tragedia de los desahucios
          Empecemos por aquello que es de rigor decir, aquello que NO se discute en este artículo: 1) que la ley hipotecaria española es abusiva (y esto no es una opinión, lo certifica el Tribunal de Justicia de la UE, un ente, por cierto, al que cada uno recurre a conveniencia según le dé o no la razón y que pasa de ser Satán a Jesucristo en cuestión de horas), que las viviendas están sobretasadas por bancos que luego no asumen su responsabilidad en dicha sobretasación, lo cual acaba dejando a muchas familias en la calle y además con una deuda inasumible; y 2) que es necesario darle a las familias hipotecadas, que por causas más allá de su control no son capaces de hacer frente a los pagos de su préstamo, una segunda oportunidad y que para lograr esto son indispensables tanto una ley que permita la dación en pago retroactiva como, casi con toda seguridad, el resto de propuestas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Quien esto suscribe está pues a favor de la ILP de la PAH, de hecho mi firma es una de ese más de millón de firmas que se presentaron para que fuera tramitada en el Congreso de los Diputados.
          También estoy a favor de la detención de los lanzamientos hipotecarios mediante medidas de desobediencia civil pasiva, gracias a ello muchas familias han podido seguir en sus hogares, al menos por espacio de unos meses. Considero por tanto que la desobediencia a la ley es legítima cuando dicha ley es injusta o tiránica, esto es, cuando lo que está en juego es la defensa de un derecho fundamental (como en este caso el derecho a la vivienda). Eso sí, ni son iguales todos los actos de desobediencia civil, ni depende de la percepción subjetiva de la ley el que dicha ley no pueda considerarse legítima, ni solo la violencia física es violencia, y hechas estas precisiones reitero mi apoyo a las acciones de desobediencia civil inequívocamente pacíficas en que se desobedece a la ley porque no hacerlo supondría consentir la violación de un derecho fundamental.

¿Es el escrache desobediencia civil legítima?
          El origen de la palabra "escrache" es argentino, el "escrache" sería un método de participación social en un contexto de impunidad, donde no existe la posibilidad de una condena judicial de personas halladas culpables de crímenes contra la Humanidad. Se trataría de una denuncia pública, de un señalamiento en sus domicilios de torturadores y genocidas que han sido absueltos oficialmente. Considero que este tipo de acción no se ajusta a aquellas que se están llevando cabo en España en la actualidad y que por tanto se está pervirtiendo el significado de la palabra y con ello el sentido, objetivo y cualidad moral y política del acto originario, no obstante, me ceñiré al uso que de esa palabra se está haciendo como señalamiento de y presión sobre alguien, en su domicilio, tenido por culpable de que a día de hoy no haya sido aprobada una ley que permita poner fin a la tragedia de los desahucios.

            Son muchos los que defienden que el escrache tal vez sea ilegal, pero es legítimo, paradójicamente creo que es legal pero ilegítimo.

          Debe de ser legal porque no es diferente de lo que llevan años haciendo impunemente empresas como “El cobrador del Frac”, asociaciones como los Testigos de Jehová o compañías de telefonía, gas o electricidad (la diferencia radicaría en el número de gente que practica los escraches, y tal vez en la intensidad, pero no en la invasión de la intimidad que supone).

          Me parece ilegítimo porque no se ajusta a lo que más arriba he descrito como desobediencia civil: primero porque, insisto, probablemente sea legal (sería pues abuso de la ley, no desobediencia), segundo porque no ejercerlo no supone consentir la violación de un derecho fundamental (a diferencia de acciones como la de parar un desahucio), más bien al revés, practicarlo podría suponer una coacción a los representantes de la soberanía nacional (si se trata de informar, es una coacción legítima, si se trata de amedrentar, ilegítima, como trataré de justificar más adelante) y por tanto una violación de derechos fundamentales. Por otra parte, el escrache original no era tampoco un acto de desobediencia civil, pero sí era una acción violenta de baja intensidad (una violencia verbal/moral) pero legítima, porque pretendía ser un mínimo castigo por violaciones manifiestas de derechos fundamentales, era el oprobio, el escarnio público hacia tortudadores y asesinos (qué menos) cuando una ley de punto final los había absuelto desde el punto de vista penal.
          Supongamos que en cambio el escrache no es una acción violenta (de violencia física obviamente no, pero hay otras formas de violencia, ¿o no existen, por ejemplo, el acoso moral o sexual de carácter verbal?), en ese caso no sería una acción coercitiva (aunque eslóganes como “el miedo va a cambiar de bando” parece desmentir esta idea) sino algo así como un piquete informativo. En ese caso, sugeriría que se abordase a los diputados más cerca del ejercicio de sus funciones públicas, y no en sus domicilios privados. Si el escrache es informativo, lo importante es que el diputado llegue a conocer de primera mano la realidad de los desahucios para que empatice y se solidarice, y no que acabe percibiendo como un enemigo que le persigue a quienes sufren en sus carnes los desahucios o quienes dicen actuar en su nombre, ¿no?
          Ciertamente la capacidad de participar de la vida política en España es mínima, pero eso no implica que el escrache sea una forma de participación que ahonde en la democratización del país, más bien al contrario, y eso, una vez más, lo descarta como una forma de desobediencia civil.

¿Es el escrache útil a la causa anti-desahucios?

            Sean las anteriores consideraciones sobre el escrache acertadas o no, lo que es innegable es que el escrache es un medio al servicio de un fin (que se apruebe la mencionada ILP) y no un fin en sí mismo, y si esto es así, entonces sí que hay que estar radicalmente en contra del escrache, pues creo que tiene más posibilidades de cambiar el voto de los diputados para mal que para bien, y si no atengámonos a la realidad de los hechos: ¿Cuál es la reacción que está provocando en sus protagonistas? ¿Más empatía? Insisto, no solo no es útil para la causa, sino que es un grave error, se está poniendo en juego el éxito de la ILP a causa de la incontenible y comprensible indignación de algunos, la rabia de otros, y el matonismo endógeno de unos pocos que siempre gustan de hacer suya cualquier movilización social para hacer amagos de esa revolución suya particular que nunca llevan auténticamente a cabo. Yo pediría a aquellos diputados que consideren que la ILP es buena y debería salir adelante, que por favor voten a favor de ella A PESAR de los escraches, que no se dejen influir por ellos para mal y que juzguen la ley por su contenido, no por el quién ni el como, sino por lo que es. Confío, por el bien de la ILP, que los diputados sepan hacer abstracción de lo que ha rodeado su tramitación, porque la ley está por encima de eso, y voten en conciencia (esto es, sin disciplina de voto si es necesario) porque sencillamente es una buena ley.

¿La ILP no se toca?
         La verdad es que considero que la ILP debería aprobarse tal cual está, pero eso no me conduce a defender que haya que desposeer a los diputados de sus derechos y obligaciones, como  son debatir, modificar y aprobar leyes que luego sancionará el gobierno. Entre otras cosas porque los diputados son los representantes de la soberanía nacional (sean malos o buenos representantes, yo creo que en su mayoría malos), y la ILP es una demanda de gran parte de la ciudadanía, como mínimo de aquellos que la firmaron, pero corresponde a los diputados saber si es buena o no para el país en su conjunto, porque ellos representan al país y no ninguna mayoría social por muy amplia que sea. Millón y medio de firmas queda muy lejos de los millones de votantes del partido con más representación en el Congreso (con una ley electoral injusta, cierto), pero es que aunque hubiera que fiarse de encuestas de opinión (me parecería lamentable legislar a base de encuestas de opinión, y más sabiendo cómo se llevan a cabo) y el 90% de los españoles apoyaran la ILP, aún así interés de la mayoría y bien común seguirían sin ser sinónimos.

            Aristóteles defendía que la bondad de un sistema político no dependía de que gobernaran muchos o unos pocos (disiento en parte), sino de que gobernara quien gobernara lo hiciera en vistas al bien común. Fuera un gobierno de una minoría o de una mayoría, la clave estaría en que no se defendieran intereses particulares, o de lo contrario tendríamos tiranía, oligarquía o demagogia, pero no una sociedad política. Que gobierne una mayoría defendiendo sus intereses como mayoría no es que reine el bien común, sino el interés particular, de muchos, pero particular. Considérese el siguiente ejemplo: sin duda la confiscación de los bienes de los judíos era bueno para los intereses de la mayoría de los alemanes, dado que los judíos apenas representaban un porcentaje mínimo de la población alemana, pero desde luego no representaba dicha acción el bien común, pues el bien de una minoría se veía seriamente menoscabado (por no hablar del mal que supone quebrar el principio de isonomía). Determinar qué es el bien común corresponde a los representantes de la soberanía nacional, y su tarea no puede ser escamoteada por ninguna mayoría (o no tan mayoría) social (a no ser mediante una revolución, y no es el caso) que solo representa sus intereses, aún cuando esos intereses sean los de muchos. Los lobbies, sean de origen humilde o no, civil o empresarial, son grupos de presión que solo se representan a sí mismos, y corresponde a los diputados gestionar el conjunto de los intereses particulares en aras del bien común, y el hecho de que lo hagan pésimamente, o de que algunos se dejen seducir por los intereses particulares de quienes detentan el poder económico, no les quita ese derecho. O sea, que sean malos diputados, como lo son muchos, me temo, no les priva de sus derechos y obligaciones de diputados, y sobre todo no priva al pueblo del derecho a que sus representantes puedan ejercer su labor en libertad, porque si yo voté a un partido confiando en que no haría cosas tales como aprobar una ILP, pongamos, que propusiera instaurar la pena de muerte, ¿dónde quedarían mis derechos si miembros del partido al que voté votaran a favor de esa ley a causa del escrache de los partidarios de la pena de muerte? ¿Por qué habría de pesar más la presión directa en los domicilios de los diputados que la presión indirecta que supone el voto a un partido por su programa electoral?
          ¿Y qué argumento es ese de que no puede tocarse la ILP porque ya es de mínimos? ¿De mínimos para quién? ¿Para los afectados, para los diputados, para el conjunto del país, para el sistema? ¿Y cuáles serían los máximos, la abolición de la propiedad privada? ¿Existen máximos que no constituyan ya toda una agenda política, un programa, ideología? ¿Ha podido la PAH evaluar absolutamente todas las consecuencias para el conjunto del país (no solo para los afectados) de aprobar la ley tal cual está? Tal vez tiene consecuencias nocivas para el interés general que no son capaces de valorar. En el caso de las deudas de los bancos, podríamos haber dejado que estos se hundieran y con ello el Estado habría ahorrado dinero y habríamos minimizado recortes, eso sí, los clientes de dichos bancos (empresas y particulares) se habrían arruinado. Ciertas decisiones requieren una visión de conjunto, nada de fiat iustitia, pereat mundus. Por cierto, que ningún argumento de este tipo justifica que aunque se rescate a las entidades bancarias no se juzgue a los responsables de su quiebra (algo que no está ocurriendo, por desgracia, ¿a ellos, que salen impunes, no se les escrachea?). En el caso de la ILP de la PAH tal vez salvar a algunos nos afectará a todos, pero yo creo que hay que salvarlos, y confío en que una mayoría de diputados pueda llegar a esa conclusión. ¿Pero y si ocurriera que lo mejor para todos fuera aprobar solo dos puntos de dicha ILP? ¿Por qué habría que aprobarla tal cual está? ¿Porque sus promotores la consideran mínima? ¿Y no tienen derecho los diputados a sacar sus propias conclusiones sobre si es mínima o no? ¿Y si llegaran a ampliarla? ¿No sería eso tocarla? ¿Habría que estar entonces en contra de su modificación? No entiendo que se pretenda que no exista debate parlamentario, que se pretenda que la iniciativa legislativa popular pueda y deba sustituir al Parlamento cuando aquella no representa a la soberanía popular y éste, mejor o peor, sí lo hace.

          En conclusión, creo que la ILP de la PAH es una ley que supone un bien común, espero que no sea rechazada finalmente por culpa de la forma en que ha sido defendida su aprobación, lo peor que se puede decir del escrache es que no sirve a los intereses de los afectados por la hipoteca, lástima que sus promotores no hayan sabido (o querido) ver esto, creo que han puesto gravemente en riesgo sus objetivos.

P.S. Los argumentos de este artículo no se ven invalidados por el hecho de que nuestra democracia sea muy imperfecta. Ojalá pudiésemos acudir directamente a nuestros diputados para formularles nuestras peticiones, ojalá fuese más sencillo presentar iniciativas legislativas populares, ojalá pudiésemos obligar a los partidos a cumplir sus programas electorales, ojalá los diputados votasen en conciencia y no bajo disciplina de partido, ojalá todos los corruptos pagasen, ojalá los causantes de la crisis estuvieran en la cárcel… ojalá. Pero no se arregla un mal con otro, no se corrige la falta de democracia con actos dudosamente democráticos.

Por la gestión pública de la Sanidad pública

          Los hechos: privatización de la gestión de 6 hospitales, 7 centros de salud y varios de especialidades de la red pública, transformación del Hospital de La Princesa en un centro geriátrico y del Hospital Carlos III en un centro para enfermos crónicos, así como cierre de 3 centros de Urgencia del SUMMA 112.

          El argumento: la Sanidad pública no es rentable.

          Hay dos formas posibles de interpretar el manido eslógan "la Sanidad pública no es rentable": una de esas interpretaciones es falsa (o como mínimo absurda por obvia) y la otra es indignante. La primera de esas interpretaciones o bien es falsa, porque la Sanidad pública sí es rentable desde el punto de vista social, dado que produce el bien o el servicio que está destinada a producir, esto es, atención sanitaria universal y gratuita, o bien es absurda si debemos entender la rentabilidad en su sentido estricto, porque en ese caso la Sanidad pública no tiene por qué comportarse como un fondo de inversión, defender lo contrario sería tanto como decir que ir al cine no es rentable porque no produce renta alguna, ¿obvio no?. La interpretación que resulta indignante es la de que la Sanidad pública no es rentable... para algunos para quien sí podría serlo, pero en este caso disfrazar de defensa de un bien público la maniobra privatizadora, cuando en realidad se trata de generar un bien particular para aquellos que podrían enriquecerse con la gestión de hospitales y centros de salud, es peor que falso o absurdo, es de un cinismo intolerable.

          Así, el argumento de la rentablidad no es válido pero podemos pensar que quien habla de rentabilidad se está refiriendo en realidad a la sostenibilidad. Si es así, resulta entre gracioso e indignante que quienes han sido gestores públicos de la Sanidad durante años, en lugar de buscar culpables del déficit de la Seguridad Social en su gestión, los busquen en la existencia misma de gestión pública. Viene a ser como si yo decido montar un supermercado, lo llevo a la quiebra o al menos a una situación en que ya me es imposible cubrir siquiera los gastos, y culpo por ello al negocio mismo de los supermercados. ¡Los supermercados no son rentables, el sistema es insostenible!
          El consejero Fernández-Lasquetty (en una entrevista que tiene un buen contrapunto en este artículo de David Trueba) culpa a la "rigidez" de la gestión pública de su fracaso como gestor, y él mismo es capaz de hacer la deducción obvia de que si el problema de la sostenibilidad descansa en dicha rigidez, entonces lo necesario sería una "reforma de la función pública". Parece que la acción que se derivaría de este razonamiento sería llevar a cabo dicha reforma, pero no, en el mismo párrafo el consejero dice que "eso es otra cuestión". Pues vaya, juraría que ha sido él quien ha traído a colación dicha cuestión, se ve que en realidad lo que quería decir es: yo no soy culpable del déficit de la Sanidad pública, sino los trabajadores de la Sanidad pública, pero me da pereza meterlos en cintura así que renuncio a mi obligación como gestor y que se ocupe un profesional. En el fondo el consejero está contratando a alguien que haga bien el trabajo que él ha demostrado sobradamente no saber hacer: soy incompetente, busquemos a alguien que no lo sea (pero a mí manténganme en mi puesto y con mi sueldo, oiga). ¿Pero por qué habría de ser más competente un gestor privado? ¿No hay acaso empresas privadas que se arruinan, es lo privado una vacuna contra el fracaso? Supongo que sabrán que en el año 2011 el coste por cama en el Hospital de Valdemoro (privado) fue de 374.000 € mientras que el del Hospital Clínico (público) fue de 337.564 €. Existen varios contraejemplos de la afirmación de que la gestión privada es más eficiente que la pública, conque dejemos de considerar sinónimos "privado" y "eficiente".

           Y si lo que se persigue es eficiencia... no es necesario privatizar la gestión, porque el gestor tendrá un doble objetivo: el que le impone la autoridad pública titular de la Sanidad, esto es, que siga prestando el mismo servicio de forma sostenible, y el fin particular de obtener beneficios. Si este doble objetivo es alcanzable mediante un gestor privado, ¿por qué uno menos ambicioso que incluye tan solo la primera parte no sería alcanzable por un gestor público? ¿Tan mediocres son nuestros gestores actuales, esto es, los mismos que pretenden privatizar la gestión? Si es posible que un hospital sea rentable, sea negocio, ¿por qué es en cambio imposible que no sea altamente deficitario solo por el hecho de ser público? ¿Tan atadas tiene las manos la administración, acaso no se han rebajado ya los salarios de los trabajadores de los centros públicos, no se ha "externalizado" ya gran parte de sus servicios, no se ha aumentado la jornada laboral? ¿Dónde descansa la falta de eficiencia? ¿No supone admitir una incapacidad rayana lo cutre no ser capaz de lograr por uno mismo esa eficiencia?
          Aunque soy profesor de filosofía el mundo sanitario no me es completamente ajeno, mi padre era un pediatra brillante, también mi madre aunque ejerció poco, y vivo con una enfermera. Solo por ello conozco algunos de los problemas del sistema sanitario y algunas de sus soluciones, que no pasan por privatizar la gestión de hospitales y centros de salud. Si algunos facultativos abandonan antes de tiempo su puesto de trabajo para atender en una clínica o en su consulta privada, ¿no sería una buena medida crear un auténtico regimen de incompatibilidades o sencillamente obligar a fichar al personal sanitario como ocurre en otras tantas profesiones? Si las listas de espera en las consultas externas se eternizan entre otras razones porque se empieza a citar a los pacientes a una hora pero se comienza a atenderlos mucho más tarde, ¿no sería más razonable retrasar las primeras citas (caso de que la sesión clínica previa se alargue por sistema y de forma justificada) o adelantar la atención del facultativo? En un párrafo improviso estas medidas (que podrían no gustar a muchos profesionales de la Sanidad pública, cierto), ¿un consejero cuya única función es gestionar la Sanidad, no es capaz de idear otras que no pasen por renunciar a su gestión? Eso ya no es incompetencia, es dejación de funciones, es abandono del puesto de trabajo, es huelga salvaje.
          Por otra parte, es también gracioso que aún con el cambio de gobierno las CCAA gobernadas por el Partido Popular sigan jugando a tirarle la pelota de sus problemas al gobierno central. No se puede defender, como hace Fernández-Lasquetty en la entrevista citada más arriba, que no es una opción no hacer nada porque eso fue lo que hizo Zapatero, pero lamentarse de que es el gobierno central el que obliga a hacer algo imponiendo un límite al déficit. O bien es algo que se debe hacer porque es lo razonable, o bien es una imposición arbitraria, o el gobierno de la Comunidad lo hace voluntariamente o contra su voluntad, no vale decir ambas cosas simultáneamente (a menos, claro está, que el consejero haya renunciado ya incluso al principio de no contradicción, esto es, a la razón misma, cosa que no me extraña porque ese suele ser el resultado de los prejuicios ideológicos, del sectarismo).

          Pero como en otras entradas voy a partir de los principios que dicen defender quienes sostienen una postura distinta de la mía (porque creo que de hecho el problema no son sus principios, sino la lectura que de ellos hacen). No escribo para convencer a los convencidos, ¿qué necesidad hay de eso?, sino para tratar de dar contraargumentos frente a aquellos que sostienen la opinión contraria a la mía. Y el caso es que quienes defienden la privatización de la gestión de centros de salud y hospitales (en su jerga, "externalización") se dicen liberales. El liberalismo se caracteriza por evitar argumentos utlitaristas o consecuencialistas (como los de estados comunistas o teocráticos en que el Estado habría de garantizar la felicidad de su ciudadanos creándola él mismo atendiendo a una determinada concepción del bien que se impondría a la población, incluso contra ella, por su propio bien). El Estado liberal ha de ser independiente de concepciones particulares del bien, éstas pertenecen a los ciudadanos, el Estado ha de ser un árbitro imparcial, eso sí, dentro de un cierto marco: los derechos de los ciudadanos. Respecto a estos no cabe imparcialidad ninguna, el Estado ha de salvoguardarlos sin excusas. Así, la obligación del Estado respecto a estos derechos no es la de proteger a la mayoría de sus ciudadanos, sino a la totalidad de sus ciudadanos. Como bien señalaba Aristóteles, el bien de la mayoría no es el bien común, es el bien particular de la mayor parte de la sociedad, el bien común es aquello que es bueno para el todo, no para la mayor porción. Hay cuestiones en que el Estado ha de satisfacer a la mayoría, pero en asuntos de derechos, en una democracia liberal (por lo menos en un liberalismo de corte rawlsiano), estos han de ser garantizados para todos los ciudadanos sin discusión. Una autovía que una grandes núcleos urbanos tal vez perjudicará a pequeñas poblaciones, pero beneficia a la mayoría, y este criterio de utilidad es válido en cuestiones que no implican derechos básicos. Pero suponiendo que esclavizar a los rubios supusiera un bien para la mayoría de españoles, en este caso no podría someterse el bien de una minoría al de la mayoría, porque en cuestiones de derechos (en este caso el derecho a la libertad) el bien común consiste en la isonomía, en la igualdad ante la ley, de tal forma que en los derechos no puede haber excepciones.

          Bien, por todo ello es inútil el argumento de las encuestas de satisfacción respecto a hospitales o centros de salud de gestión privada, porque aunque el 99% de la población estuviera satisfecha, si esa persona que representara el 1% no estuviera satisfecha por el hecho de que no fue atendida sería suficiente, pues se habría violado su derecho a recibir atención sanitaria, su derecho a la Salud. Esto es, los datos estadísticos no son relevantes para decidir el modelo sanitario si no se adjunta a ellos la explicación por la cual cada una de las personas que en la encuesta dice no estar satisfecha no lo está. Si hay enfermedades que no se tratan (existiendo un tratamiento para ellas) porque su prevalencia entre la población es mínima o porque su tratamiento es muy costoso, y entonces la minoría de ciudadanos a los que se le diagnostica esa enfermedad no es tratada, en ese caso la Sanidad ya no está siendo universal, y con solo esa excepción ya cabe rechazar el modelo propuesto. ¿Es esto un argumento en contra de la gestión privada de hospitales y centros de salud? No, es tan solo la prueba de que las encuestas de satisfacción NO son un argumento válido sino falaz (concretamente se trataría de lo que en lógica informal se conoce por "falacia democrática", que no significa que la democracia sea mala o incorrecta, sino que la cantidad de personas que defienden una opinión no implica necesariamente la verdad de dicha opinión, la verdad de una creencia tiene que ver con la correspondencia con los hechos o con la coherencia de dicha creencia, no con ser una creencia mayoritaria, ¿o es que la Tierra estaba inmóvil en el siglo XIII?). Así que dejen de contar como argumento con las encuestas de satisfacción de los pacientes de hospitales de gestión privada o rastreen una a una las causas de la insatisfacción de cada uno de los pacientes que dicen no estar satisfechos.
          Yo, con lo que estoy marcadamente insatisfecho es con la gestión de lo público del gobierno de la Comunidad de Madrid, indignado con contradicciones tales como que somos una de las comunidades con menos déficit pero a la que ese déficit tan excusable lleva a tomar las medidas más drásticas, y claramente sublevado contra la impunidad con que el Partido Popular se presenta a las elecciones con un programa que luego incumple sin pudor. Si no me creen les desafío a que encuentren en el último programa electoral la más mínima mención siquiera a la "externalización" de la gestión de hospitales y centros de salud.