martes, 30 de diciembre de 2014

Usos y abusos del Estado de Derecho

          No era la primera vez que escuchaba como presunto argumento contra una noción liberal de estado de derecho la falsedad de que “el III Reich ha sido el mayor estado de derecho que ha habido”, pero en esta ocasión quedé aterrado porque la frase salía de boca de una jueza (ni más ni menos que Garbiñe Biurrun, Presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco). Esto ocurrió hace meses en el interesante debate del programa Salvados que siguió a su falso documental del 23F "Operación Palace". Creo que no hubo réplica de los contertulios por una auto-asumida falacia de autoridad: uno tiende a esperar que si alguien sabe lo que es un estado de derecho es precisamente un experto en derecho, un juez. Se ve no obstante que la ideología es capaz de nublar toda objetividad y llevarnos a abusar de cualquier término con tal de salvar nuestros muebles ideológicos. Últimamente el concepto de estado de derecho está siendo desvirtuado por ser empleado con total ligereza tanto por sus detractores como por sus defensores, y dado que el estado de derecho es una conditio sine qua non de la democracia (como trataré de mostrar y contrariamente a lo que quiere la citada jueza) querría dedicar una líneas a reivindicar su uso legítimo frente a los abusos a los que es sometido con demasiada frecuencia, porque cuando un término acaba siendo tan polisémico que tiene como referencia prácticamente todo, esto es, cuando la noción de estado de derecho es tan vaga que sirve para designar prácticamente cualquier estado, entonces estamos ante un concepto absolutamente equívoco y por tanto inútil y confuso. Pero no creo que la noción de estado de derecho sea confusa, sino que hay usos malintencionados del término que buscan sembrar la confusión no tanto para desdibujar los límites del término como para borrar las fronteras del estado de derecho mismo.

            Sé bien que estado de derecho puede entenderse de forma puramente legalista o formal como “estado en que hay derecho”, esto es, lugar en que impera la ley, y esto es lo que llevaría a afirmar que estados como la Alemania nazi lo serían de derecho (existir una ley, existía). No obstante creo que este es un uso abusivo del término, como entenderemos a poco que reflexionemos acerca del concepto de ley. Rousseau defiende en El contrato social que un contrato que enajena derechos es un no-contrato, la ley me hace libre solo si no supone renuncia a mis derechos sino si garantiza en pie de igualdad los de todos los ciudadanos. Cualquier ley que me convierta en súbdito y no en ciudadano no es realmente ley sino fuerza, es por tanto una disimulada prolongación del estado de naturaleza donde solo rige una ley, la del más fuerte, que es precisamente el imperio de la violencia no legítima o no legal, esto es, el imperio de la no-ley. No quiero adentrarme en la noción rousseauniana de ley o de estado, tan solo recoger la idea de que si una ley no obliga por igual a todos entonces no es plenamente ley. De la misma forma un derecho no es tal si es excepcional, esto es, si solo parte de la ciudadanía es sujeto de derecho (entonces recibe el nombre de privilegio). Así pues, considero que un estado no puede serlo de derecho si no hay igualdad ante la ley (y de hecho la moderna noción de estado de derecho se opone a la de estado absolutista, en que haber leyes, habíalas), pues lo contrario supone que hay una excepcionalidad a la ley (una negación de la ley en la ley misma), que hay un poder superior al de la ley y es por tanto aquel, y no esta, el que impera.
            Por todo esto hay que decir que las leyes de Nuremberg del III Reich pondrían fin el estado de derecho (heredado de la República de Weimar), pues consolidan una desigualdad ante la ley de los judíos, les desposeen de su ciudadanía por ley. No obstante la ley lo que hace, o debería hacer en un estado de derecho, es generar ciudadanos y no desintegrarlos. Para aquellos que defienden la noción más puramente formal de estado de derecho mi concepción se antojará excesiva, en lo que sigue no obstante me voy a ceñir a ella porque creo que es la única forma de entender el concepto de estado de derecho que lo convierte en una noción significativamente útil. Si se entiende estado de derecho sencillamente como estado legal la noción es puramente redundante y tanto vale decir “estado” a secas. Ahora bien, creo que aún atendiendo a una definición muy deflacionaria de estado de derecho como mera existencia de la ley (aun cuando sea una ley tiránica, esto es, que obliga solo a algunos), tampoco el III Reich lo sería sencillamente porque no imperaba la ley, sino Hitler: su palabra era ley, podía perfectamente contradecirla y prevalecer, sus discursos eran fuerza de ley. La Alemania nazi no sería pues en ningún caso un estado de derecho porque no había igualdad ante la ley y porque había arbitrariedad en la ley, pues el poder de Hitler estaba por encima de ella, él mismo era la ley. Pero si la ley no manda no hay estado de derecho, si el derecho no precede a todo lo demás (a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en cualquiera de sus formas) el estado no lo es de derecho. La ley, y más concretamente los derechos civiles, son el a priori del estado de derecho, todo lo demás es su consecuencia.
¿Pero por qué querría nadie decir que el III Reich era un estado de Derecho? No son filonazis quienes lo hacen como uno podría tender a creer (aunque argumentando así se les hace el caldo gordo), sino cierta izquierda. La idea es asociar nociones centrales de la democracia liberal al nazismo para así desprestigiar dichas nociones en pro de ideas más próximas a eso que llaman “democracia orgánica”, de este modo se difumina la diferencia entre totalitarismo y democracia (todo sería estado de derecho salvo el estado de naturaleza) y sería más fácil justificar dictaduras o dictablandas de izquierda. Se trata de una falacia de reductio at hitlerum, que además de falaz señala algo falso pues como he tratado de dejar claro en ningún caso el término “estado de derecho” es aplicable al III Reich.

Hay otro frente en esta batalla semántica que es el que lideran no ya revolucionarios irredentos, sino los miembros del gobierno. El ejecutivo con demasiada frecuencia abusa también del término, para el gobierno “estado de derecho” es intercambiable por “acción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado o de su sistema judicial”, pero una vez más esto es incorrecto. Se respeta el estado de derecho cuando dicho uso de la fuerza coercitiva es legítimo, esto es, cuando esos cuerpos y fuerzas de seguridad del estado actúan conforme a la ley, sometidos a ella, y eso solo siempre que dicha ley respete los derechos humanos. Así, hay estado de derecho cuando no hay tortura, juicios arbitrarios o terrorismo de estado. No es que el estado sea el derecho mismo y lo que no es estado no lo sea, los terroristas y delincuentes en general no violan el estado de derecho, violan la ley, no tienen capacidad para romper el estado de derecho (por desgracia sí a sus ciudadanos, desestabilizando así en ocasiones el estado de derecho hasta su disolución). Quien actúa fuera del estado no quiebra el estado de derecho aunque quiera, este sigue existiendo independientemente de su acción porque dado el monopolio del uso legítimo de la violencia por parte del estado, solo es conforme o no a derecho la acción del propio estado.
De un tiempo a esta parte, desde que desaparecieron los GAL y otras formas de terrorismo de estado se ha dado por hecho desde el poder que acción policial y estado de derecho son sinónimos pero no es así: tan policiales eran la acciones de la Stasi como lo son las de la policía nacional. Que la acción sea del estado es condición necesaria para que sea un ejercicio de la fuerza conforme a derecho, pero no es condición suficiente, ni mucho menos toda acción policial es legal por el simple hecho de que la policía sea un órgano ejecutor de la ley. Como defendí más arriba, sólo la aplicación de la ley de igual forma para todos y respetando siempre los derechos humanos es conforme a derecho (de no ser así hemos de darle la razón a quien considera que el III Reich fue un estado de derecho), y esto cuando no ocurre no suele ser gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado o de sus distintos poderes, sino a su pesar.
            Así pues, el mayor peligro para el estado de derecho no es ni la perversión del lenguaje ni son, como quiere el gobierno, la acciones ciudadanas fuera o en el límite de la ley (y solo estas pueden ser tenidas por desobediencia civil, nunca la acción del poder como querría Artur Más), la más terrible amenaza del estado de derecho es el abuso del propio estado de derecho y eso es algo que solo los gobiernos pueden hacer porque si contra alguien protegen los derechos humanos es precisamente contra el poder del estado, y por ello es de derecho aquel estado que garantiza su defensa dentro de su territorio.
            Por ello lo que debería preocupar al gobierno, lo que supone un auténtico atropello al estado de derecho es la recién aprobada ley de seguridad ciudadana (ley mordaza) y en general la represión cada vez mayor del ejercicio de derechos civiles fundamentales como el de expresión o de reunión. Es sencillamente un escarnio para el país que exista el informe de Amnistía Internacional “España: el derecho a protestar, amenazado”, que las UIP (que insisten en  no llevar identificación) puedan invadir violentamente la estación de Atocha de Madrid sin consecuencias y que mossos d’esquadra ¡condenados por torturas! sean indultados. Si toda acción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado por el hecho de serlo va a ser tenida por legítima se desmorona el imperio de la ley, si el abuso de poder y de fuerza es impune, entonces la fuerza es la ley y no el derecho.

            La batalla contra el estado de derecho es pues propia de totalitaristas (pues como he tratado de mostrar el estado totalitario no lo es de derecho) y de anarquistas (pues buscan la abolición de cualquier forma de estado), pero en España la ganan para ellos cierta izquierda condescendiente con regímenes dictatoriales y autoritarios y el gobierno, del cual cabría preguntarse entonces si no pertenece de forma oculta a alguno de esos bandos (y juraría que no es al de los anarquistas). Si el Partido Popular está realmente preocupado por el auge del populismo y la desafección con las instituciones democráticas, que sencillamente deje de pervertir la democracia y de abusar de un Estado que, con cada nueva ley referida a la seguridad que aprueba, lo es menos de derecho.

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