¿El 15M eran los padres?

          Antes de comenzar quiero dejar clara una cosa: para mí el 15M no ha sido estéril sino muy productivo, ha sido una rebelión necesaria de evolución (citando a una tradición filosófica que odio) rizomática, por lo que ha dado sensación de dispersión cuando en realidad se ha tratado de una expansión subterránea, algo que ha llegado a impregnar nuestra sociedad en su sustrato. Lo que ha quedado en ese sustrato no siempre ha llegado a aflorar, pero lo hará, espero que para bien, y en ocasiones, con más o menos vigor, ya lo ha hecho (el 15MpaRato es un ejemplo y una flor que me parece especialmente prometedora es el Partido X). En este artículo quiero mostrar mis anhelos frustrados pero eso no significa que abjure del 15M, ni de lo que representó, ni que no me tenga ya por 15M. Siguiendo con la metáfora, me habría gustado que el 15M hubiese germinado en un gran y único árbol del cual hubiesen podido surgir las ramas más variopintas, pues creo que si intentara nacer y crecer ese árbol ahora, dos años después, carecería de la fuerza necesaria, y todas las ramas serían prácticamente idénticas porque las ideologías de las que se nutre el movimiento han tendido a homogeneizarse. Así pues no quiero criticar el espíritu del 15M, siempre lo defenderé y lo llevaré dentro, sino hablar de su materialización, porque ese espíritu era solo ser en potencia, y no ha llegado a ser en acto de tanto pensar cómo debía actualizarse. Defiendo aquí que el 15M ha sido una oportunidad perdida, y por ello hablo de ello en pasado a pesar de que siga existiendo, porque creo que fue una ilusión, en tanto que esperanza pero también en tanto que espejismo. No, España no había madurado tanto como parecía hace dos años. Eso sí, el 15M fue un enorme revulsivo, creo que fue por fin el pistoletazo de salida de la definitiva democratización de nuestro país, el principio del fin de la transición en que llevamos inmersos más de 30 años. El 15M ha dejado muy buenos posos, ya es algo, pudo ser más.

 

 

          ¿Por qué algunos no estamos hoy en Sol y otros sí? ¿Qué ha fallado? Que el 15M nació con un error congénito. Tanto unos como otros, los que siguen y los que ya no estamos, nos equivocamos creyendo que éramos más de los que realmente éramos, porque en realidad muchos no estábamos en lo mismo, estábamos contiguos pero no unidos. Unos se (lo) han quedado, otros nos hemos ido quedando. Unos han tomado el centro y otros hemos aparecido en los suburbios del 15M.

 

 

          Aquellos que queríamos más democracia y aquellos que querían un tipo concreto de democracia, para entendernos: los republicanos y los socialistas (en toda su rica variedad). A pequeña escala el teatro de operaciones de la 2ª República Española: la división entre aquellos que querían república y los que lo que querían era una república popular, esos que siguen pensado que la república es en esencia de izquierdas, cuando en realidad las únicas republicas explícitamente de izquierdas han sido las dictaduras comunistas, o sea, falsas repúblicas.

          Permítanme por favor ahondar en este asunto de la 2ª República que veo, salvadas las enormes distancias, extrapolable a la evolución histórica del 15M porque, por así decirlo, en el 15M inicial cabían los Azaña, Alcalá-Zamora e incluso los Lerroux, pero poco a poco hasta los Prieto fueron puestos bajo sospecha y ya solo se pudo estar a la izquierda de Largo Caballero. Cada vez veo en las manifestaciones más banderas republicanas con una estrella roja en el centro que jamás tuvo la tricolor, es el símbolo que enarbolan aquellos que tienen una imagen de la 2ª República como una república de izquierdas, pero si eso fue así habría que preguntarse por qué hubo una suerte de revolución en 1934, ¿habría tenido sentido en una república de izquierdas? Obviamente no. Alguien dirá, "es que la revolución no era contra la República, sino contra el gobierno de la derecha". O sea, que efectivamente era contra la República, porque las repúblicas, las democracias, tienen esas cosas, que igual puede gobernar la izquierda que la derecha porque existe pluralismo político, y no una ideología de Estado impuesta a todos sus ciudadanos. Al final fracasó aquel intento de acabar con la República y por desgracia triunfó el segundo intento, el golpe de estado franquista. Siempre digo lo mismo, pero el problema de la 2ª República Española es que apenas había republicanos. Algunas actitudes me hacen preguntarme si en esta democracia actual, en forma de monarquía parlamentaria, no ocurrirá también que los demócratas escasean, puesto que muchos anhelan los 40 años de franquismo, y otros tantos sueñan con una república popular.

 

 

          Pues bien, estos acabaron triunfando, son mayoría en el 15M activo presente, muchos intentábamos democratizar este país, perseguíamos estructuras de participación en que cupieran todas las ideologías, no porque no tuviéramos la nuestra, sino porque lo que queríamos era cambiar las reglas del juego para que fuesen más justas. Otros claramente no querían cambiar las reglas del juego, querían ganarlo haciendo las reglas a su medida, porque dan por hecho que la justicia reside en ellos, y no en la forma en que se llega a ganar. Imaginemos un juego para seis jugadores con fichas de seis colores distintos, imaginemos que las reglas del juego impidieran de facto que los verdes ganaran nunca, o que el punto de partida de los rojos y azules fuese claramente ventajoso, o que el jugador amarillo fuese al mismo tiempo jugador y árbitro. En fin, imaginemos que fuera lo que en el argot de los jugadores se llama un "juego roto" (mal diseñado), el 15M nace de la constatación de que nuestra democracia actual es un juego roto en este sentido. El 15M en el que yo creía, en el que yo estaba, a pesar de que la mayor parte de nosotros fuéramos, por ejemplo, verdes y negros, buscaba que las reglas fueran más justas para todos, aún cuando esas nuevas reglas no fueran a garantizar ni mucho menos la victoria de verdes y negros. No se trataba de defender los intereses/ideas de unos u otros, sino unas reglas de juego justas, en que cualquiera pudiera luchar por sus intereses en igualdad de condiciones. En eso, en cambiar las reglas del juego podíamos ponernos de acuerdo todos.

 

 

          Muchos pensamos en un principio que había que alcanzar un consenso de mínimos, para algunos dichos mínimos eran ínfimos porque ellos defendían una postura maximalista, unas políticas concretas, el triunfo de las fichas de su color, y no unas nuevas reglas de juego. Algunos plantearon la conveniencia de crear un partido político, y aquel habría sido el momento de haberlo creado, en que el 15M rezumaba un pluralismo casi ingenuo, casi imposible. Las primeras semanas de la acampada de Sol fueron algo único: todo el mundo acudía, la realidad de las asambleas era absolutamente variopinta, un ágora auténtica. Creo que entonces la oportunidad de algo grande, algo nuevo, se perdió. Algunos están ahora en lo que estábamos muchos hace dos años, y es así porque sencillamente ya todos están de acuerdo no porque las razones les hayan permitido llegar a algún consenso, sino porque ha desaparecido el disidente y ya solo están los que comparten los mismos principios ideológicos, ya son todos de la misma familia, no hace falta casarse con nadie. En fin, ahora ya vale crear un partido 15M porque sería de izquierdas, y no aquello del principio en que cabíamos todos. ¿Para qué ir despacio si se iba a llegar tan lejos como ya querían muchos llegar desde el principio, a un partido? Pues para ir haciendo una limpieza ideológica pasiva (sin purgas efectivas, boicoteando algunas acciones, colmando la paciencia de las minorías). La realidad es que se ha perdido un tiempo valioso, muchos quincemayistas han (hemos) encontrado acomodo en algún otro lugar o se han sumido de nuevo en la desesperanza. O tal vez no se ha perdido el tiempo en absoluto: ya no estamos los que nunca debimos estar, los que estorbábamos, los que no sabíamos que aquello no era algo nuevo sino lo de siempre, los ilusos, los que creíamos que habían venido los Reyes Magos. Mierda, eran los padres.

 

 

          Intuyo que este año habrá menos gente que el anterior y mucha menos que hace dos, y sin embargo hay más motivos que entonces para la indignación. ¿Qué ha fallado? Que muchos creímos que el 15M era una cosa y resultó no serlo, o tal vez si lo era, pero algunos decidieron que no debía serlo. Quienes han capitalizado el movimiento, quienes han suprimido el "no somos de derechas ni de izquierdas" porque efectivamente no son de izquierdas, sino muy de izquerdas, tal vez tenían razón, tal vez siempre la tuvieron y algunos ingenuos participamos de algo que no era lo que creíamos, no era un hito en nuestra historia, no era la ocasión por fin del todos a una. Pero yo creo que sí lo era, y que algunos intolerantes quisieron que no fuera de todos sino solo suyo. Algunos se dedicaron a boicotear acciones y propuestas ajenas, ¿ocurrió eso al revés, boicoteamos los "inclusivistas" acción alguna? ¿Qué actitud demuestra más voluntad democrática, la de aquelllos que admiten propuestas aunque no las compartan, o la de aquellos que dedicidamente boicotean las propuestas que no comparten? Unos han quedado, otros ya no estamos, no sé si el 15M fue una ilusión de la cual soy culpable o no, tal vez nunca fue lo que yo creía, tal vez sí pero no supe luchar porque siguiera siéndolo. El 15M para mí suponía un movimiento que trataba de generar unas nuevas condiciones de posibilidad para la política, y no un movimiento de una política concreta, el 15M era una revolución de la forma, no del contenido. Eso creí yo, veamos este segundo aniversario si había muchos como yo o fuimos unos pocos ingenuos, porque hace dos años fuimos muchos, hace uno algunos menos. Y sin embargo, no por eso el 15M se perderá como lágrimas en la lluvia, ha calado dentro, en los huesos, ya está en el tuétano de muchos de nosotros y ya no consentiremos nunca más la impunidad, el fatalismo con que tratan de silenciar nuestra voluntad, nuestra responsabilidad como ciudadanos.

 

 

          Algunos ya no militamos en el 15M, pero ya nunca podremos volver a la autoculpable minoría de edad de la que nos hizo salir, sabemos que no estamos solos, sabemos que sí se puede, ya no volveremos a nuestro letargo, algo ha cambiado, nosotros, ya nada es invisible, ya nada es imposible, ya no renunciamos a ir lejos, aunque lleguemos todos por caminos muy distintos.

Razones para la huelga contra la LOMCE

          Demasiado a menudo eludimos tratar de convencer a quien piensa de forma distinta a nosotros, por un falso sentido del pudor o por algo peor, por complacencia. Hablamos para los ya convencidos, nos negamos a jugárnosla enfrentando nuestros argumentos a argumentos ajenos, pero mediante ello renunciamos de antemano a tener razón, pues la verdad requiere de dicho enfrentamiento. Este fenómeno se repite cada vez que hay una convocatoria de huelga: los argumentos que se dan a su favor tienden a ser de carácter ideológico, luego no son realmente persuasivos pues requieren de un compromiso previo con la ideología de quien habla.
          Convencer a los correligionarios es inútil, yo no busco animar a las huestes huelguistas, sino tratar de que la huelga sea un éxito, y eso no depende (no solo) de ellas. Aquí me gustaría dar alguna razón para ir a la huelga a aquellos que no tendrían pensado hacer huelga, que dan por hecho que oponerse a la LOMCE es dar su apoyo a la ley vigente o negar cualquier posibilidad de reforma, que creen que es imposible ser partidario del Gobierno y no obstante oponerse a esta ley educativa. Quiero dirigirme a mis compañeros profesores y a demás miembros de la comunidad educativa sin dar por hecho que comparten mis ideas ni mis principios, y aún así emplazarles a apoyar la huelga del 9 de Mayo en contra de la reforma educativa del Ministro Wert.
 

          Así, si dijera que la LOMCE relega la Historia de la Filosofía a un lugar residual y elimina la asignatura de Ética, condenando con ello a los futuros alumnos a tener que renunciar a construir desde la razón su propio sistema de creencias y valores, una construcción que cristaliza en ciudadanos autónomos, dotados para el ejercicio pleno de la razón y de la argumentación, y con una visión global y crítica de la realidad de la que forman parte, si dijera esto, por ser yo filósofo se me acusaría tal vez de gremialismo.
 

          Si añadiera entonces que la LOMCE escamotea la enseñanza del arte, la cultura clásica, la música y la tecnología, haciendo imposible que muchos alumnos lleguen a tener algún contacto con asignaturas que abarquen estas disciplinas, si dijera esto, pensando que solo busco defender a los profesores de dichas asignaturas se me acusaría tal vez de corporativismo.
 

          Si argumentara entonces que la LOMCE prevé un sistema insuficientemente flexible, donde decisiones tomadas a la temprana edad de 14-15 años serían prácticamente irreversibles y cerrarían durante años las puertas a otras opciones, un sistema que no pretende dar lugar a ciudadanos formados de manera integral, sino a especialistas profesionales, herramientas del mercado, renunciando a la cultura y la instrucción como fin de la educación, si dijera esto, a pesar de sostener que esta deriva instrumentalista la iniciaron anteriores leyes educativas perpetradas por gobiernos de signo contrario al actual, se me acusaría tal vez de socialista encubierto.

          Si constatara que la LOMCE atribuye unas competencias excesivas a los directores de los centros, y que autonomía de los centros no es sinónimo de autarquía del director, porque el despotismo no siempre es ilustrado, y en cualquier caso no son democráticos ni el escaso peso del claustro en el proceso de selección del director ni la desposesión de competencias de los órganos colegiados de dirección, claustro y Consejo Escolar, y que por ahí se nos cuela la politización de los centros educativos al depender el nombramiento de sus gestores de cargos de confianza de las consejerías de Educación, si dijera esto, se me acusaría tal vez de demagogo y populista.
 

          Si recordara que la LOMCE no recoge gran parte de los compromisos anunciados en el programa con el que el PP concurrió a las últimas elecciones, aludiendo por ejemplo al hecho de que en dicho programa se planteaba un bachillerato de tres años que no recoge el anteproyecto de ley educativa, y que esto ocurre para no perjudicar a la escuela concertada dado que los conciertos solo abarcan los años de enseñanza obligatoria, y que por tanto se trata de una decisión que no obedece al bien común sino a intereses particulares, si dijera esto, se me tacharía tal vez de defensor fanático de la Escuela Pública.
 

          Si insistiera que la LOMCE al convertir la religión en asignatura evaluable y plantear como alternativa una asignatura de valores culturales y sociales, parecería implicar que aquellos dotados de principios religiosos no participarían de dichos valores sino de otros distintos, y coloca los valores propios de una confesión concreta al mismo nivel que aquellos que cohesionan a la ciudadanía en su conjunto en torno a la ley y a valores éticos universalmente compartidos como los que refleja la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, si dijera esto, a pesar de estar defendiendo un laicismo extraordinariamente escuálido se me tendría tal vez por un militante del ateísmo.
 

          Por todo ello no voy a recurrir a estas razones para criticar la LOMCE, sino a otra que cualquer profesional de la educación podría compartir: ciertamente es necesaria una reforma educativa, nuestro sistema de enseñanza no funciona bien, pero es necesario, indispensable, que haya consenso en torno a ella, y no es el caso.
          Es más que posible que las sucesivas leyes educativas que se han implementado sean una de las causas del estado insatisfactorio de la educación en España, pero es absolutamente seguro que los continuos vaivenes educativos la han perjudicado muy seriamente, y hacer una nueva ley sin el consenso necesario es ponerla en riesgo de nuevos vaivenes.
         Es necesario estabilidad, un largo plazo, lograr implementar por completo la ley antes de que se apruebe la siguiente. Hago un llamamiento especial a los profesores, sabéis que esto es así, que no queréis una nueva ley dentro de tres o cinco años, y eso será inevitable sin consenso.

          Por ello digamos no a la LOMCE, no a la ley Wert. Por ello os pido y os animo a que hagáis huelga el próximo día 9 de Mayo.

Sobre el acceso a la función pública, el caso de la Educación en la Comunidad de Madrid

 De la regulación de las listas de interinos

         En la anterior entrada me ocupé del escándalo de los resultados de las pruebas de conocimiento de las oposiciones de maestros, y traté de defender que en ningún modo suponían un desprestigio para la Escuela Pública, sino para los opositores suspensos. También hablé de "aviesas intenciones" por parte de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid al hacer públicos dichos resultados. La mayor parte de sindicatos de educación y algunos de mis compañeros entienden que la Consejería buscaba desprestigiar a todos los trabajadores de la enseñanza pública (como tratara de hacer Esperanza Aguirre en su día cuando afirmó que trabajábamos 18 horas semanales), yo me inclino más bien por pensar que la Consejería de Educación tan solo buscaba cuestionar la preparación de unos profesores y maestros en particular: los interinos. La publicación de los datos de la última oposición de maestros venía a preparar el terreno para la reforma unilateral del baremo de la lista de interinos que tenía preparada la Consejería, confiando en que mucha gente pensaría (y de hecho lo piensa) que así es como se cuelan en la Escuela Pública quienes suspenden las oposiciones, mediante interinidades. Aquí, para variar, defiendo una posición que no abunda: en principio estoy a favor de una nueva baremación (aunque me parece intolerable que se imponga sin negociación) donde prime la nota de oposición (para excluir, como explicaré, factores fortuitos de selección como la generación a la que pertenezca el opositando), y más teniendo en cuenta los cinco años de "sistema transitorio" de oposición (del que me ocuparé en el último apartado de la entrada), pero el argumento de la Consejería de que los profesores interinos serían necesariamente aquellos que no aprueban la oposición es indignante porque es falso. Por ello voy a tratar de ofrecer una serie de consideraciones que corroboran que no es así (y hablo solo de lo que conozco, la enseñanza secundaria).

          El dato es antiguo (no he encontrado uno más reciente), pero esto juega a mi favor, porque es previo al sistema transitorio que buscó consolidar al profesorado interino de larga duración y también previo a los recortes de principio del curso 2011-2012 que disminuyeron drásticamente los contratos de profesorado interino. Bien, pues antes de todo ello los interinos no superaban el 15,5% del profesorado de la educación pública en la Comunidad Autónoma de Madrid. A día de hoy, con toda seguridad, el porcentaje es mucho menor.
          A estas observaciones hay que añadirle que solo un mínimo porcentaje de quienes aprueban la oposición acaban sacando plaza (este año, por ejemplo, 5 de unos 70 que aprobaron la primera prueba en mi especialidad), luego la mayor parte (si no la totalidad en muchas especialidades) de los interinos en los primeros puestos de la lista de sustituciones (incluso con el actual sistema de ordenación de las bolsas de interinos) son personas que han aprobado la oposición (aunque no forzosamente con buena nota), y solo esas llegan a trabajar (empleando una vez más como referencia mi especialidad, a día de hoy el próximo interino a citar es el 44, e insisto en que hubo alrededor de 70 personas que aprobaron la primera prueba de la oposición). Me gustaría saber cuántos profesores interinos en activo no han aprobado jamás una (tal vez no la última) oposición, si es que existe alguno.
          Tal vez lleve a confusión el significado de un contrato interino en otros ámbitos laborales, pero un interino en Educación no es lo mismo que en Sanidad, a saber, un contrato indefinido, en realidad es un contrato para una sustitución o para una vacante de un curso escolar, y es imposible llegar a ser interino en Educación sin haber realizado un examen de oposición (no es pues un contrato libre). Precisamente por esto último, para hacer posible que el sistema público reclute trabajadores entre las nuevas generaciones es indispensable que haya oposiciones regularmente (cada dos años).

          Dicho todo esto, cuya conclusión sería que es inapreciable el número de trabajadores de la enseñanza pública que no han aprobado la última oposición (y en la mayor parte de las especialidades, no en todas, casi con toda seguridad nulo el de aquellos que jamás han aprobado una oposición), la regulación actual de las listas de interinos me parecía injusta cuando me perjudicaba, me siguió pareciendo injusta cuando llegó a resultarme favorable (porque había ganado en experiencia) y continúa pareciéndome injusta ahora que me resulta indiferente desde el punto de vista personal, y aplaudiría su cambio si no fuera por la forma en que está siendo llevado a cabo.

          Para aquellos que no sepan en qué consiste el baremo que permite ordenar las listas de interinos, les diré que es un mecanismo por el cual se ordena a todos (hasta ahora) los opositores sin plaza de una especialidad en función de una serie de criterios, a saber: años trabajados (sobre todo en la enseñanza pública madrileña), nota en la oposición, expediente académico y otros méritos (títulos de idiomas, por ejemplo). El grueso de los puntos que se obtienen salen de los años de experiencia, esto es, en definitiva de la antigüedad en los primeros puestos de la lista de interinos, lo cual genera claramente un círculo vicioso (o virtuoso, según se mire) dado que estar en los primeros puestos me garantiza trabajar hasta la próxima oposición, y trabajar me garantiza a su vez repetir en los primeros puestos tras dicha oposición (pues haberla aprobado no es indispensable para entrar o repetir en la lista de interinos). Hasta este último año la nota de oposición apenas contaba, algo más contaba el expediente académico (fundamentalmente poseer el Diploma de Estudios Avanzados, el doctorado o algún premio extraordinario) y en exceso (desde mi punto de vista) los títulos de idiomas (aunque, una vez más, yo me beneficiaba de este error). Lo ilustraré con un ejemplo: una compañera mía de Filosofía (cuyo blog os recomiendo) sacó la 4ª mejor nota (9,2) en la fase de oposición pero no logró plaza porque la fase de concurso la desplazó al 6º puesto (y había cinco plazas), y sin embargo ocupa este curso el puesto nº 41 de la lista de interinos. A primera vista parece injusto, a continuación trataré de explicar por qué a segunda vista también lo es.

          El sistema de accceso a la función pública aspira a ser ecuánime y responder a dos factores: mérito y esfuerzo. El mérito tendría que ver con algo así como el talento personal (inteligencia, cultura, conocimientos...) y el esfuerzo con la capacidad de trabajo (estudio, organización, actualización...). Para que las pruebas de selección respondan a dichos criterios deberían estar libres de cualquier tipo de contingencia, esto es, de factores que no dependan de uno mismo sino de lo que Rawls llamó la "lotería natural", a saber, raza, sexo, religión, cultura, clase social y aquello en lo que me voy a centrar aquí: la edad (una vez superada por supuesto la mayoría de edad). Consideramos que no sería justo que el hecho de que yo tuviera ahora 45 años y no 30 influyera en que sacara o no plaza en una oposición o en que lograra o no trabajar de interino. Más adelante me centraré en el caso de la oposición refiriéndome a la injusticia de las consolidaciones, pero ahora sigamos con las bolsas de interinos. Obviamente la edad no es en ningún caso un aspecto que puntúe, no hay un apartado del baremo referido a la edad, no obstante de forma indirecta acaba convirtiéndose en un factor determinante. Puede considerarse que en esto interviene una especie de suerte generacional (aquí se nos cuela la lotería natural).
          Supongamos que alguien acaba la carrera en una década en que hay empleo público a espuertas, en que, a pesar de salir muchas plazas en las oposiciones, aún así acaba habiendo una gran cantidad de interinidades a las que (dada la cantidad) es factible acceder incluso sin haber aprobado la oposición (lo planteo como hipótesis, pero de hecho ha ocurrido y, muy excepcionalmente, sigue ocurriendo) aunque no sin haberla hecho. Los primeros puestos de la bolsa de interinos están copados por aquellos que, aún habiendo hecho una buena o muy buena oposición, no obtuvieron plaza, los siguientes puestos están ocupados por los demás, pero aún así les llega el turno y trabajan. Pongamos que esta situación se repite durante unos años. En esa década muchos profesores pudieron sumar puntos de experiencia con oposiciones mediocres o incluso malas. Supongamos ahora que la siguiente década escasea más la oferta pública de empleo y también las interinidades, solo trabajarán quienes ocupen los primeros puestos de la lista de interinos: ¿habría que ordenar la bolsa de interinos de acuerdo a la experiencia laboral o de acuerdo sobretodo a la nota de oposición? En el segundo caso, dado que la oposición es la misma para todos los aspirantes, nuevos o talluditos, las posibilidades de entrar en los primeros puestos son las mismas para todos, en el primero... se convierte en algo fundamental haber opositado varias veces sin obtener plaza.  Voy a tratar de mostrar que la diferencia entre una u otra opción es la que hay entre tener suerte por haber nacido antes, o poseer un privilegio por haber nacido antes.
          Formaba parte de la suerte pertenecer a una generación en que abundaba el empleo, pero convertir la antigüedad en criterio para obtener una interinidad es tratar de convertir esa suerte en ley, y por tanto mi edad o la generación a la pertenezco en privilegio. Cada uno debería aprovechar la suerte del tiempo que le tocó vivir, y no tiene derecho a reclamarla para sí quien no la tuvo, pero también debe asumir la mala suerte que venga del futuro quien no aprovecha las oportunidades del presente, quien tuvo buena suerte y no la supo emplear. Pretender tener las mismas facilidades para acceder al empleo cuando escasea que cuando abundaba, es robar la suerte del momento que me tocó vivir al tiempo para dársela a mi persona, convertirme a mí mismo en argumento para obtener empleo independientemente de mis méritos, sino por mi generación, pero debería competir en buena lid con la misma mala suerte con que compite quien vino a continuación, en otra generación, tras la época de bonanza. No sé si ha habido nunca una época de bonanza (respecto a la actual, sin duda, y puede medirse objetivamente por la cantidad de plazas que se ofertaban hace diez años en las oposiciones con una cantidad semejante de aspirantes), pero que quepa la posibilidad de que tenga lugar esa transferencia ilegítima de la suerte, conviertiendo no en desafortunado, sino en injusto, haber nacido más tarde, demuestra lo ilegítimo que es que la lista de interinos está ordenada atendiendo fundamentalmente al criterio de la antigüedad dentro del sistema público de enseñanza.

          Se ha generado un debate estéril e incluso tonto, que lo único que logra es enfrentar a unos interinos con otros, y a los interinos con los funcionarios y con futuros opositores, acerca de si es mejor un profesor con experiencia que otro que demuestre poseer más conocimientos en la última oposición (a quien pueda interesarle este debate ya opiné sobre la falsa disyuntiva experiencia/conocimientos en Cinco mitos acerca de la educación). En primer lugar porque el argumento de que las actuales listas de interinos responden al criterio de la experiencia es falso, pues no puntúa apenas la experiencia en centros privados (y no deja de ser experiencia), lo cual demuestra que el criterio real para obtener buenos puestos en la lista es la antigüedad en la propia lista. En segundo lugar porque lo fundamental es que el sistema de acceso al empleo público sea justo o no lo sea, independientemente de lo bien que me venga, y el caso es que en su estado actual es injusto, porque no ofrece las mismas posibilidades a quien se presenta de nuevas (¿qué culpa tiene el pobre de haber nacido y acabado la carrera justo en esta época?) y el nuevo sistema que impone la Consejería sí que da las mismas oportunidades, no menos pero tampoco más, al que se presenta y tiene puntos por experiencia. Es fútil, esgrima ideológica vacía, el debate PP-sindicatos sobre si es mejor profesor el interino gran reserva, el crianza o el joven, el problema de la baremación de las listas de interinos es una cuestión de justicia e imparcialidad en el camino al empleo de profesor, y dicho camino será más justo cuanto menos cuenten factores no inmediatamente relacionados con el mérito tales como el número de intentos o la antigüedad como aspirante a plaza (pueden ser algo a tener en cuenta, pero no determinante), pues arrastran una importante carga de contingencia. Que uno haya sacado mejor nota en la última oposición que otro tal vez no le haga mejor profesor que él, pero sí debería ayudarle a ser profesor antes que a él, y de eso se trata, no de juzgar si es mejor el trabajador experimentado o el joven entusiasta, porque todos conocemos ejemplos maravillosos y lamentables de ambas categorías.
          Por fin, a todo esto hay que añadirle como un argumento extra, el definitivo diría yo, un dato que por sí solo merece un apartado propio (el último): que durante cinco años existió un "sistema transitorio" de oposición que era manifiestamente injusto para con el nuevo opositor (o cuando menos le ponía las cosas muy difíciles para obtener plaza) y que debería funcionar a modo de "hubo una última oportunidad para los interinos de larga duración, un proceso de consolidación encubierto, ahora toca de nuevo una imparcialidad más estricta en el reclutamiento de interinos". Paso a explicarlo a continuación lo necesario para entender ese argumento "definitivo".

De oposiciones, concursos y consolidaciones

          El sistema de concurso-oposición responde a los "principios de mérito y capacidad" que menciona la Constitución en su Artículo 103.3, lo cual lo convierte en el medio ideal de acceso a la función pública hasta que, si se me permite la expresión, se pervierte en forma de consolidaciones. Explicaré a qué me refiero con "consolidaciones".

          El formato concurso-oposición conlleva dos fases de oposición: una (oposición) en que se hace una prueba de conocimientos (que puede tener carácter práctico, teórico o ambas cosas) y otra (concurso) en que se evalúan los méritos del aspirante relevantes para obtener la plaza más allá del resultado del examen de la fase de oposición (teniendo en cuenta cosas tales como cursos de formación, publicaciones, investigación... y sobretodo y ante todo la experiencia laboral). Normalmente la fase de oposición es eliminatoria, establece un primer corte, y solo aquellos que superan este primer corte pasan a la fase de concurso, donde atendiendo a un baremo objetivo se evalúan sus méritos (eso explica que mi amiga, mencionada más arriba, no obtuviera plaza: su fase de oposición fue sobresaliente, quedó cuarta, pero no tenía méritos suficientes para obtener una de las cinco plazas, haciendo balance de examen y méritos quedó sexta). De todo ello resulta una nota final que atiende tanto al resultado de la primera como de la segunda fase, y aquellos opositores con la mejor nota obtienen plaza en orden decreciente hasta agotar el número total de plazas ofertadas en la oposición. Se tiende a considerar que una fase dura de oposición beneficia a los nuevos opositores (pero de hecho no es así, pues reviste la misma dureza para todos los opositores, así que de beneficiar a alguien beneficia al que más y mejor ha preparado la oposición, o al que más sabe, y precisamente de eso se trata, o al que sin concurrir ninguna de las anteriores circunstancias tiene la suficiente capacidad de adaptación como para hacer un buen examen), y desde luego la fase de concurso beneficia (con los baremos que se suelen emplear, en que seis meses trabajados cuentan mucho más, por ejemplo, que una publicación en una revista científica de prestigio internacional) a quienes tienen muchos años de experiencia laboral. Así, considero "consolidación" un concurso-oposición en que la fase de oposición apenas es selectiva por lo que el resultado final de la oposición acaba dependiendo fundamentalmente de un criterio de antigüedad, con lo cual algo tan contingente (como mostré más arriba) como haber nacido 7 años antes o 7 años después, o haber terminado la carrera en un momento de mucha oferta de empleo público o no, se convierten en factores determinantes para sacar una plaza en la oposición. Pero si interviene esa especie de suerte generacional, entonces no cabe hablar en absoluto de "mérito y capacidad".

          Veamos un ejemplo: en el año 2001 hubo una oposición (con el formato concurso-oposición) de enfermería (la última del INSALUD), y claramente se trató de una consolidación ("proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas" rezaba la ley) previa a la transferencia de competencias sanitarias a las CCAA. El mecanismo que empleó la Administración para consolidar a sus entonces enfermeros interinos fue poner un examen en la fase de oposición extraordinariamente fácil: un test de diez preguntas que, hasta donde sé, solo un opositor suspendió en todo el país. La fase de concurso fue pues lo absolutamente decisivo a la hora de obtener plaza. ¿Por qué sería esto injusto? Porque alguien nacido en 1980 no pudo haber acabado la carrera antes del año 2000, luego era imposible que hubiera acumulado ningún tipo de experiencia laboral, con lo que estaba de hecho excluido (dada la nula selección del examen de la fase de oposición) de la carrera por las plazas. Haber nacido cinco años antes se convirtió así en algo decisivo, ¿y acaso reviste mérito alguno haber nacido antes o después?

          Pero si esto es a todas luces injusto, ¿por qué se llevan a cabo procesos de consolidación? Generalmente la Administración trata de reparar un error previo, en este caso el de no haber sacado ninguna plaza de enfermería en los anteriores 7 años (¡y de medicina en 13 años!). Había pues que compensar también la falta de oportunidades de opositar de aquellos que llevaban tiempo trabajando de interinos no por no haber aprobado una oposición o haberla aprobado sin plaza, sino por no haber tenido opción de presentarse a ninguna. No estoy seguro de que algo así justifique una oposición que encubre una consolidación (pues eso pervierte el sistema de oposición y de acceso a la función pública en general), pero en cualquier caso no sería un argumento válido para el ámbito de la educación, pues en este caso viene habiendo oposiciones regularmente cada 2 años. Y a pesar de ello ha habido consolidaciones mediante un "sistema transitorio" que escamoteaba aquello que es fundamental en una oposición, que haya una auténtica selección previa a la fase de concurso (es fundamental una parte eliminatoria), y que examen y méritos sean como mínimo igual de determinantes.

 

El sistema transitorio en Educación

          En el caso de la enseñanza, el "sistema transitorio" hacía que la fase de oposición constara de una única prueba estructurada en dos partes (una de conocimientos y otra de metodología), que no tenían carácter eliminatorio, por lo que todos los candidatos accedían a la fase de concurso, sin selección previa atendiendo a los conocimientos demostrados en la prueba escrita ni a las habilidades pedagógicas demostradas en la prueba oral. ¿Que uno había suspendido ambos ejercicios? Podía compensarlo con la nota obtenida en la fase de concurso, esto es, con los años trabajados y los cursos de formación realizados. Un nuevo opositor que sacara un 9 en la fase de oposición no sacaría plaza si algún interino de larga duración sacaba tan solo un 5 en dicha fase. ¿Justo? No lo creo, pero pongamos que se tratara de una injusticia necesaria por compensar una injusticia mayor, ¿cuánto debía durar ese sistema transitorio, hasta que se colocaran cuántos interinos de larga duración? Porque el problema de dicho sistema transitorio es que generaba nuevos interinos de larga duración, porque de hecho convertía la oposición en un sistema de selección por antigüedad encubierto. ¿Qué justificaría pues su transitoriedad, su urgencia, su hacer una excepción en el sistema normal de oposición? ¿El alto porcentaje de interinos en el sistema? Pues parece que la Comunidad de Madrid ha dado con otra solución para este problema: dejar de contratar interinos para cubrir vacantes, estas se reservan para los funcionarios en expectativa de destino (aquellos que tienen plaza por oposición, pero no en un centro concreto) y resta a los interinos hacer sustituciones o cubrir puestos voluntarios (medias jornadas, jornadas itinerantes...), si bien no siempre, pues los funcionarios en expectativa también andan cubriendo dichos puestos. ¿El argumento era acabar con la precariedad? Pues ya no lo hay, casi solo trabajan funcionarios (ya no hay trabajo precario porque ya no hay trabajo). Obviamente no pretendo justificar a la Administracción, sino que trato de demostrar por reducción al absurdo que el argumento que pretendía justificar el sistema transitorio de acceso a la función pública en educación es un mal argumento, y de paso que dicho sistema transitorio supuso un pequeño privilegio para un cierto números de interinos de las bolsas que, si no supieron aprovechar la oportunidad de obtener su plaza con un 5 o un 6 en la oposición, no tienen derecho a criticar la vuelta a un sistema más justo, ni legitimidad para reclamar que no se cambie el baremo de las listas de interinos. No solo no se les han negado las mismas oportunidades que a los demás, sino que injustamente se les han dado más (e hijos, familiares enfermos, jornadas laborales maratonianas, mala suerte con los temas y el tribunal, y demás contingencias que dificultan preparar o hacer bien la oposición tenemos o hemos tenido todos).

          Las consolidaciones vician por completo el sistema de oposición, que es un filtro fantástico por su imparcialidad, igualitario (tal como quiere la Constitución Española en su Artículo 23.2 donde habla del "derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos"), y que da sentido incluso a la existencia y al concepto mismo del funcionariado, porque garantiza su independencia de factores ajenos al mérito para que la Administración Pública pueda servir "con objetividad a los intereses generales" (y no particulares o partidistas). Por ello considero que, dado el sistema transitorio de acceso a la función pública en educación entre los años 2006 y 2011, quienes llevaban tiempo trabajando en la enseñanza pública sin plaza contaron durante ese lustro con unas condiciones muy ventajosas para obtenerla respecto de aquellos que nunca antes habían opositado, y ha llegado el momento de recomponer un poco la igualdad, no solo en la prueba de acceso (cosa que ya ha ocurrido), sino también en la elaboración de las listas de aspirantes a interinidad.

P.S. No quisiera dejar de añadir una consideración particular respecto a la especialidad de filosofía. Es cierto que en los exámenes influye la suerte, de los 72 temas uno no siempre conoce todos suficientemente bien (aunque por eso durante el sistema transitorio se podía elegir entre cinco temas, y ahora entre cuatro), pero yo diría que hay algunos temas sine qua non. En la oposición del año 2008 desde mi punto de vista cayó uno de ellos: "El uso práctico de la razón en Kant". Considero que ningún aspirante a profesor de filosofía puede suspender un examen en el que haya que desarrollar ese tema (otra cosa es sacar nota), tanto si se ha estudiado recientemente como si no, y menos aún un profesor que haya estado en activo, pues la ética kantiana forma parte del programa de Historia de la Filosofía, y más en aquel año en que una de las cinco obras de obligada lectura era la Fundamentación de la metafísica de las costumbres. No sé en otras especialidades, desde luego en filosofía considero que a quienes tuvieran muchos puntos por experiencia en aquella oposición y no obtuvieran plaza a pesar del sistema transitorio se les acabaron las excusas (y eso no quiere decir que no puedan ser buenos profesores, pero no han demostrado estar a la altura de ser seleccionados para la Escuela Pública).

Desmontando mitos acerca de la Educación Pública

De pruebas de conocimiento y demás escándalos

          Es difícil comprender que el PP de Madrid, desde la Consejería de Educación, no ceje en su empeño de desprestigiar a los profesionales del sistema público de enseñanza que la propia Consejería gestiona, dado que las encuestas del CIS revelan una y otra vez que le está saliendo el tiro por la culata. La más reciente de estas encuestas prueba que precisamente los dos colectivos que más ha atacado el Partido Popular de la Comunidad de Madrid (el de médicos y el de profesores) son aquellos cuya labor más valoran los ciudadanos. Debe ser por aquello de los renglones torcidos con que escribe Dios, el caso es que las campañas de denigración que tratan de convencer a los ciudadanos de Madrid de que los médicos y los profesores del sistema público son mediocres y privilegiados, y que solo miran por lo suyo, no solo no dan frutos, sino que parecen haber tenido el efecto contrario.

          El último intento (fallido, como explicaré a continuación) de desprestigiar a los profesionales de la Educación Pública es especialmente curioso, porque ha consistido en la publicación de los datos de las últimas oposiciones a maestro de la Comunidad de Madrid, y digo que es especialmente curioso porque se trata de intentar desprestigiar a los trabajadores de la Escuela Pública con los resultados de aquellos aspirantes que suspenden, esto es, de aquellos que NO llegan a trabajar en ella porque justamente no han superado las pruebas de acceso. De tener alguien que preocuparse por la formación de los maestros de sus hijos, correspondería a aquellos padres que hayan recurrido a la enseñanza privada (concertada o no), pues es ahí donde acaban dando clase muchos aspirantes que no superan las pruebas de acceso a la enseñanza pública (además de muchos profesores que jamás se presentaron a una oposición pero que nada indica que no pudieran haberla aprobado, también sea dicho). En el fondo hay pues que agradecerle al PP que recuerde que, si la preparación puede medirse de forma más o menos objetiva mediante exámenes, entonces si los profesores de la Escuela Pública no estamos mejor preparados que los de la enseñanza privada no será porque no se nos haya evaluado para acreditarlo, pues hemos sido capaces de demostrar nuestros conocimientos superando una prueba que otros suspendieron. Yo he trabajado en la enseñanza privada, en la privada-concertada y en la pública, y les garantizo que la oposición que me permitió obtener mi plaza de profesor de la Escuela Pública (competía con setecientos aspirantes más por cinco plazas y tuve que sacar un 9, y en anteriores convocatorias me había quedado sin plaza con un 8,1 y con un 7,9) es un proceso de selección más duro que las entrevistas que me hicieron para trabajar en centros privados (donde importaba un pepino si había o no aprobado alguna oposición en mi vida).

          ¿Desprestigio por los resultados de la oposición de maestros? En todo caso de las escuelas de magisterio (u otras facultades universitarias) y sus estudiantes (como se defiende en este indispensable artículo, cuya crítica, que no quiero dejar de mencionar en aras de la objetividad, aparece en este otro), pero no de los profesores de las escuelas y colegios públicos, que son justamente aquellos que sí han demostrado poseer unos conocimientos de los que otros carecían o que fueron incapaces de atestiguar (y visto el famoso examen de conocimientos me temo que no vale recurrir a circunstancias personales, un mal día y demás excusas, porque algunas preguntas son casi de test de inteligencia).

          No obstante son comprensibles la indignación y alarma de la ciudadanía al ver los resultados del examen de conocimientos (yo mismo estoy aterrado), y son un disparate los intentos de justificar dichos resultados criticando que se hayan hecho públicos: una cosa es criticar las aviesas intenciones (sobre las que hablaré en la próxima entrada del blog) de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid (porque estos datos deberían haberse estudiado cuidadosamente en privado para tratar de sacar conclusiones que permitieran diagnosticar objetivamente el problema y elaborar una estrategia plausible para subsanarlo), y otra cosa es quitarle hierro a la inquietante realidad que arrojan los resultados del examen. Y es inquietante porque esos trabajadores no acabarán en la Escuela Pública, pero algunos sí probablemente en el sistema madrileño de enseñanza (en el sector privado). El caso es que el Partido Popular viene desde hace tiempo apostando por un modelo educativo paralelo al de los centros públicos de enseñanza, el modelo de la escuela privada concertada, y en la educación privada y concertada (y en la pública en el caso de los profesores de religión, por cierto) no hay garantía de que los profesores hayan sido o fueran a ser capaces de superar pruebas como las citadas. Pero el caso es que este tipo de enseñanza supone poco más de la mitad de los Centros de Régimen General (datos oficiales del curso 2010-2011). Lo inquietante no es, por tanto, un presunto (en este caso) ataque a la Escuela Pública mediante una campaña de desprestigio, porque no ha lugar a desprestigio alguno, lo inquietante es el nivel de algunos licenciados, y tratar de justificarlo por parte de representantes sindicales o portavoces de los profesores sí que supone un desprestigio para el colectivo y resulta de un gremialismo grosero y tontorrón. Quien siquiera sugiere que la publicación de los datos de ese examen pueda constituir motivo de escarnio para la Escuela Pública es quien termina realmente desprestigiándola por el solo hecho de insinuar algún tipo de relación entre los profesores y esa prueba de conocimientos que solo desacredita a quien la ha suspendido. En otras palabras, reaccionar airadamente y no diciendo con suficiencia "claro, por eso se hacen pruebas de conocimientos, para que no acaben en la Escuela Pública quienes no son capaces de superarlas" es hacerle el juego a la nefanda Lucía Figar, que no parece capaz siquiera de entender que esas piedras que trata de arrojar sobre la Escuela Pública en realidad caen siempre sobre su tejado.

De jornadas laborales de 18 horas
          Quisiera aprovechar la ocasión para desmontar otro mito que surge de un auténtico intento de desprestigiar a los trabajadores de la Escuela Pública llevado a cabo por la antigua presidenta de la Comunidad de Madrid, y según el cual los profesores trabajaríamos 18 horas semanales (20 después de los recortes que esta mentira de Esperanza Aguirre buscaba justificar). La verdad es tan sencilla como que la jornada laboral de los profesores de educación secundaria es exactamente la misma que la del resto de empleados públicos de la Comunidad de Madrid: 37,5 horas semanales.
          Sí, es cierto, tenemos dos meses de vacaciones en verano (bueno, técnicamente no, como explicaré en el próximo párrafo), el calendario escolar es estupendo, pero no trabajamos menos de 37,5 horas semanales, siento decepcionarles. La jornada laboral de los profesores consta de 20 periodos lectivos (clase con los alumnos) y 10 complementarios (para guardias de pasillo y recreo, atención tutorial a padres y alumnos, guardias de biblioteca, reunión semanal de departamento, preparación de prácticas de laboratorio, reunión para proyectos institucionales, actividades complementarias y extraescolares...) que suman un total de 28 horas (dado que los periodos son de 55 minutos) organizadas en un horario fijo, al que se le suman (o reservan) 2 horas para claustros, reuniones extraordinarias y juntas de evaluación que no se dan de forma regular sino que se acumulan en unas pocas semanas (en esas semanas las 28 horas de obligada permanencia en el centro pueden convertirse en 40 o más horas) y 7 horas y media de dedicación a la función docente (el tiempo que se estima necesario para la preparación de clases, elaboración y corrección de trabajos y exámenes, materiales...). Esta es la realidad de la jornada laboral de los profesores.
          "¡Pero siguen siendo dos meses de vacaciones!" Pues no exactamente. Es verdad que las vacaciones escolares son generosas (no por capricho, son indispensables para el buen rendimiento académico), pero el profesorado no consta de dos meses de vacaciones en verano, sino de uno. Solo Agosto es un periodo vacacional, Julio constituye un caso especial, se considera un mes no laboral y la paga del mes de julio es un prorrateo de los salarios del resto de meses. Julio como tal no se cobra, lo cual explica que el salario mensual de los profesores de secundaria, funcionarios de clase A, sea en términos absolutos inferior al de otros funcionarios de clase A: en cierto sentido su contrato es de once meses al año, aunque reciban 14 pagas.
          ¿Merece la pena ser profesor, es un trabajo duro? Reconozco que para mí no, pero porque sencillamente me encanta la docencia, y creo que se equivoca quien mide los beneficios de mi profesión por su horario. En cualquier caso, a quien tanta envidia le dé la profesión de docente de la Escuela Pública ya sabe, a opositar, nada es un privilegio si cualquiera podría acceder a ello solo en función de sus méritos, mediante una prueba objetiva, "sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Del neoliberalismo al neofeudalismo

De la indignación a la ira

          Querría analizar en este artículo un fenómeno que me preocupa seriamente: la legitimación de casi cualquier acto siempre que se tenga por una reacción de protesta ante lo que se perciba como injusticia social, dando ya igual su encaje o no en formas democráticas. Hemos pasado en dos años de un tipo de protesta escrupulosamente respetuosa con los principios de la democracia (aunque no lo fuera siempre con la ley, haciendo uso de una desobediencia civil pasiva, y por tanto legítima diría yo) propia del 15M, a los escraches, de la indignación a la ira.
          La indignación es un sentimiento moral, esto es, sentirla constituye en sí mismo hacer un juicio moral, y por eso busca ser compartida. La indignación es un sentimiento objetivable, cabe dar razones de él, si algo es indignante es que cualquiera debería indignarse por ello. Si algo indigna es que es injusto. En este sentido, la indignación es política y puede manifestarse conforme a cauces de protesta que pertenecen a la esfera pública, a la vita activa. La ira, no obstante, es prepolítica, es sentimiento puro, podemos localizar sus causas, pero ello no implica que reaccionemos a su vez con ira. La ira no puede ser objetivada, es inherentemente subjetiva. Por eso la indignación genera en todo caso rebelión, pero no por ello violencia, porque es la ira la que pertenece al mundo de la ley del más fuerte, al estado de naturaleza, esto es, a lo prepolítico, a la acción directa, a la esfera privada.

          Algunos contemplarán este panorama con ilusión y esperanza, no es mi caso. No es que no me afecte lo que conduce a esa ira, entiendo que los escraches tengan lugar. Lo que me resulta extraño y me inquieta no es que se comprendan, sino que tantos los justifiquen, que la mayor parte de artículos que leo los legitimen. Y eso me preocupa porque me parece un signo de escasa salud democrática, esto es, me hace temer que no estemos viviendo los tiempos que yo creía estar viviendo de reconstrucción de la democracia, o mejor, de la definitiva democratización de este país, sino los últimos estertores de un moribundo.

 

De raíz social

          Dentro de mi estupor habría que incluir, aparte de la batería de artículos celebrando los escraches (no tanto los propios escraches, insisto) esta surrealista conversación del diputado Alberto Garzón en Twitter:

 

          Lo primero es pedirles que se abstengan de llegar a la conclusión "IU es fascista" (Garzón dice explícitamente que no ve a ninguna falange buena y Twitter es Twitter) porque obviamente no es así (aunque considero que el pacto en Ardales es injustificable), y además no es ese el tema de este artículo, sino el tipo de argumentación que lleva a justificar actos como pactar con Falange Auténtica o los escraches, a saber, que son "de raíz social".

          En primer lugar me sorprende la ignorancia del diputado Alberto Garzón respecto a los orígenes históricos de los distintos fascismos, porque ninguno en ningún caso fue un movimiento que surgiese de las élites políticas sino que todos fueron de "raíz social" (y militar), todos demandaban justicia social frente al orden burgués, nacionalización de la economía frente al liberalismo explotador y acción directa frente a unas instituciones políticas caducas (¿no resulta aterrador que nos suene hoy familiar este discurso?). He aquí, por ejemplo, un fragmento del manifiesto fundacional de Falange:

          El Estado liberal vino a depararnos la esclavitud económica, porque a los obreros, con trágico sarcasmo, se les decía: "Sois libres de trabajar lo que queráis; nadie puede compeleros a que aceptéis unas u otras condiciones; ahora bien: como nosotros somos los ricos, os ofrecemos las condiciones que nos parecen; vosotros, ciudadanos libres, si no queréis, no estáis obligados a aceptarlas; pero vosotros, ciudadanos pobres, si no aceptáis las condiciones que nosotros os impongamos, moriréis de hambre, rodeados de la máxima dignidad liberal".

 

          Dictaduras muy posteriores al fascismo clásico, como las de Pinochet o Videla en países de América Latina, sí que surgieron de las élites económicas (y aplicaron al dedillo el manual friedmaniano del neoliberalismo), también lo hizo la dictadura franquista, pero precisamente el franquismo es lo que distingue a Falange Auténtica de Falange Española: esta segunda surge de la unificación (obligatoria) de fascistas, carlistas, monárquicos y demás variantes de la derecha española en un partido único al servicio de Franco (que realmente carecía de ideología y asume la de Falange para llenar su vacío teórico, no era más que un dictador conservador y católico que estaba encantado de que le hubieran quitado de en medio a José Antonio Primo de Rivera). En definitiva, negar la "raíz social" del fascismo es vivir fuera de la realidad, y por si alguien leyera esto entendiéndolo justo al revés, la conclusión a la que pretendo llegar no es que algún falangismo sea bueno (como le ocurre a Garzón, creo, por tener que justificar lo injustificable), sino que "ser de raíz social" no sería bueno en sí mismo (esta afirmación, aprendo por un amigo, a cambio de evitarme ser tenido por fascista, parece ser que me convierte en demófobo, así será).

          El caso es que lo que me preocupa, por la salud de la democracia, es precisamente esta justificación de la violación de los procedimientos democráticos, la legitimación de la acción directa, amparándose en el efecto "demanda social" o en un estado de extrema urgencia o alarma social, porque eso es precisamente no entender (o entenderlo demasiado bien, tal vez) que la democracia es más que nada un procedimiento. Y me preocupa porque precisamente en la desconfianza, cuando no el odio, hacia los procedimientos democráticos es por donde se nos cuela el fascismo, porque afortunadamente otro componente fundamental del fascismo como sería la xenofobia parece no estar suficientemente arraigado en la sociedad española (salvo en algunas zonas donde viene excitándose durante años como en Cataluña, y por ello obtienen alcaldías partidos xenófobos), sí está presente, por desgracia, en el gobierno, como demuestra la infamante exclusión de la sanidad pública de los inmigrantes sin papeles (esto sí merecedor de desobediencia civil por parte del personal sanitario).

 

Las causas de la ira (de raíz social)

          Ante hechos preocupantes como los que aquí señalo, cabe dar distintas respuestas. Una de ellas, la que sistemáticamente da este gobierno, es la pura y simple represión. El caso de los escraches no va a ser una excepción, pero yo sigo defendiendo (contra todos, me temo) que los escraches son muy posiblemente legales aunque ilegítimos (y no al revés como quieren los medios de la izquierda, o ni legales ni legítimos como quieren los medios de la derecha). Otra respuesta, la que personalmente asumo, es indagar en las causas de la ira, porque considero que de corregirlas es de lo que depende la salud de nuestra democracia, y creo además que es posible hacerlo (me temo que no con este gobierno, aunque tampoco ahondando en la propia ira).

          Considero que la democracia española (y puede que no solo ella), que de entrada era insuficiente, se ha ido degradando entre otras cosas por la presión de los dictados de la economía neoliberal (aquella que busca adelgazar la intervención del Estado en los asuntos públicos hasta el extremo de su anorexia) llegando a resucitar ciertos aspectos propios de una sociedad feudal. Esto no quiere decir que vivamos en una sociedad estamental propia del Medievo, pero sí que ciertos logros que generaron paz social corrigiendo el sistema de clases en su versión decimonónica han sido o están siendo eliminados o reestructurados poniendo en grave riesgo la principal ventaja del modo de producción capitalista frente al absolutista (y a cualesquiera otros modos de producción previos): la posibilidad (no digo probabilidad) de ascender en la escala social gracias al mérito y al esfuerzo.

 

Características principales del neofeudalismo

          He empleado en el párrafo anterior el concepto "modo de producción" que pertenece al pensamiento marxista. Voy a emplear bastantes términos pertenecientes al análisis materialista de la realidad social de Marx, porque precisamente a él le correspondió analizar una sociedad que había abolido los estamentos de iure, pero no de facto, y algo así nos viene ocurriendo en los últimos tiempos (¡hala lo que he dicho!). Tres son las características de la sociedad actual que me permiten hablar de neofeudalismo:
 

          1/ La inexistencia de movilidad social. La diferencia fundamental entre la sociedad estamental de la Edad Media y la sociedad de clases es que esta última permite la movilidad social: alguien que pertenezca a la clase alta puede acabar por su mala cabeza (o la mala suerte) perteneciendo a la clase baja, y alguien de la clase baja podría por sus propios méritos (o la buena suerte) llegar a pertenecer a la clase alta. En la sociedad estamental nacer en la nobleza supone morir siendo noble, y otro tanto si uno es plebeyo, en la sociedad de clases la familia en que uno nace supone la clase social de partida, pero no forzosamente la de llegada, cabe ascender en la escala social. En teoría. De hecho, me temo, no es así, a día de hoy el ascenso en la escala social o bien no ocurre, o constituye una proeza o no se da por los cauces previstos (los únicos talentos que permiten ascender son los méritos deportivos, la participación en un reality show o la pertenencia a un partido político mayoritario). Si miramos a Francia, en estos términos es como cabe entender el odio de los inmigrantes de tercera generación a la República Francesa que presuntamente les ha dado cobijo, esa generación de franceses de origen extranjero se siente absolutamente desarraigada y engañada: sus abuelos emigraron y desempeñaron penosas tareas sin posibilidad de ascender en la escala social a causa del idioma, sus padres ya habían sido educados en la Escuela de la República, ya eran franceses, pero siguieron ocupando el mismo lugar que sus abuelos en la escala social a pesar de sus anhelos de integración, y ellos, sus hijos, renuncian a una integración que saben imposible. ¿No ocurre lo mismo en España? ¿No trata el Partido Popular de generar dos sistemas educativos paralelos ajustados a distintas clases sociales, de dificultar el acceso a la universidad a aquellos que pertenezcan a la clase baja?
          En el esquema que elabora Marx de la sociedad capitalista del siglo XIX hay que distinguir entre dos clases: la clase dominante (burguesía) y la clase dominada (proletariado). A pesar de tratarse de un sistema de clases, no existe movilidad social en la sociedad que Marx describe, porque la propiedad, el capital (que es el principal factor que permite ascender socialmente) está en manos de la clase dominante y los miembros de la clase dominada reciben tan solo un salario suficiente para su subsistencia, con lo que no pueden prosperar, entre otra cosas porque no existen mecanismos igualadores que corrijan las desventajas del punto de partida (que dependen tan solo de la clase de nacimiento, algo absolutamente ajeno al mérito o demérito personal). Hay que tener por logros de la lucha de clases los llamados derechos de segunda generación, los económicos, sociales y culturales (de los artículos 22 a 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, seguridad social, educación pública gratuita y universal, subsidio de desempleo...) que son la garantía de una auténtica igualdad de oportunidades, que es lo que hace posible el ascenso en la escala social. Si los servicios igualadores de oportunidades se degradan (y eso viene ocurriendo en nuestra sociedad desde hace bastantes años) se hace imposible la movilidad social. Por ejemplo, sin ayudas a la dependencia, ¿quién tendrá que abandonar los estudios, quien tenga que dedicar la mayor parte de su tiempo a cuidar de su padre enfermo o quien pueda contratar a alguien que lo haga? Y es que la Escuela Pública es el mayor igualador de oportunidades, el mayor motor del ascenso social, y por ello la mayor batalla por la igualdad se libra en este campo: devolver a la Escuela Pública su prestigio (escamoteado ilegítimamente calumniando a su alumnado y su profesorado, a este último usando como ejemplo ¡a aquellos profesores que suspenden las oposiciones!, o sea, a aquellos que en su mayor parte acaban ejerciendo en el sistema educativo privado).
          En cualquier caso, la percepción de que la movilidad social es, o se está haciendo, o se trata de hacer, imposible, explicaría muy bien por qué no existe confianza en los cauces democráticos de cambio social y político: porque de hecho se comprueba en el día a día que dichos cauces, en lo que respecta a la movilidad social, son principios declarados pero no materializados.
 

          2/ La desaparición de la clase media.  Yo no me sentía en absoluto proletariado, pero cada vez me siento menos clase media y desde luego no estoy acercándome a la clase alta. En la sociedad a la que pertenecemos, la posibilidad de pasar del estrato social más bajo al más alto mediante la educación era más o menos irreal, pero desde la clase baja sí cabía pasar a formar parte de una borrosa, amplia y mayoritaria clase media en la que se vivía muy bien (mejor que en algunas clases altas de otras sociedades o épocas anteriores). Mi alumno de familia muy humilde que con esfuerzo y tesón lograba sacar sus estudios adelante con todo en contra no albergaba la esperanza de llegar a lo más alto, pero sí por lo menos hacer estudios superiores y lograr un empleo que le permitiera dar el salto a una vida bastante mejor que la de sus padres.  Esto ya no es así o va camino de dejar de serlo. En primer lugar porque, como he defendido más arriba, no funcionan adecuadamente los mecanismos de igualdad de oportunidades, y en segundo lugar porque el poder adquisitivo de las clases medias disminuye drásticamente, acercándose al de las clases bajas (que directamente están siendo relegadas a la pobreza). El ascenso social es imposible porque no hay escalas intermedias entre el primer escalón y el último, la brecha que se abre entre la clase media y la clase alta hace que vaya haciéndose indistinguible la clase media de la baja (a no ser porque, como ya digo, crece la probreza extrema en nuestra sociedad, y no cabe comparar vivir en una clase media empobrecida con vivir en el umbral de la marginalidad).
 

          3/ Reaparición de los privilegios de la clase dominante. Lo que dije algo más arriba no era una boutade, un buen medio de progreso social, independiente del talento personal, es militar en las Juventudes Socialistas o en las Nuevas Generaciones y dedicarle a ello más tiempo que los demás. A la larga podría conducir a una vida de enormes sueldos (que uno mismo se pone a sí mismo), coches oficiales (incluso para ir a la peluquería), exenciones de impuestos, dietas de alojamiento, pensiones vitalicias... Lo que habitualmente se conoce como privilegios. Esto es, a día de hoy existe una auténtica clase dominante por encima de la ley que obliga al resto de ciudadanos a cotizar treinta y cinco años o más, aprobar oposiciones, demostrar su valía en una carrera o una empresa para salir adelante, pero que les permite a ellos salir airosos con solo tener el carnet del partido adecuado en el momento adecuado. ¿Son sangrantes los privilegios de los políticos? Tal vez no en la inmensa mayoría de los casos, pero lo suficiente como para que los cargos públicos electos (y los no electos, esos asesores que multiplican el número de políticos del país) sean percibidos como una clase, y ahí tenemos servida la vuelta a la descripción de la sociedad de clases con el binomio reductor de clase dominante y clase dominada. Si a eso le añadimos la corrupción, la impunidad y el nepotismo... ¿cómo que no existe una casta política?

          En definitiva, una lucha de clases que se había vuelto innecesaria en la mente de la mayoría de las personas, reaparece en muchas de esas mismas mentes porque ven en la lucha su única posibilidad de llegar a ascender socialmente, o de no ser relegados más, y más, y más en la escala social. Nadie en su sano juicio entre Suecia y la URSS se quedaría con la URSS, pero cuando lo que se va materializando es la posibilidad de ser China... ¿a alguien le extraña que algunos vuelvan su mirada al siglo pasado? Una división de clases al estilo clásico acaba generando desprecio por los mecanismos democráticos, en tanto estos acaban percibiéndose como herramientas al servicio, no de los ciudadanos, sino de una clase que vuelve a ser dominante en tanto es imposible llegar a pertenecer a ella. Los próceres del neoliberalismo, que han decidido llamar privilegios a nuestros derechos para desposeernos de muchos de ellos, deberían tener esto en cuenta: su sistema reconvierte a los habitantes de la clase media (mayoritaria) en miembros de un proletariado más o menos clásico, y este emprobrecimiento de la mayoría de la población no carece de consecuencias, por mucho que este empobrecimiento se dé en dosis homeopáticas no puede terminar sin saldarse con una insurrección. Imagino que el neoliberal tiene esto previsto, y para evitarla recurrirá a los instrumentos habituales: propaganda y represión. En fin, el plato del totalitarismo está servido, en la acción del poder y en su reacción.
 

 Combatir el neofeudalismo

          El neofeudalismo NO es un auténtico feudalismo, y por ello genera ira y no indignación, porque se pretende combatir un sistema que no es en su esencia misma injusto como si sí lo fuera, y esto es así porque de hecho funciona como si efectivamente lo fuera, se comporta como si hubiera estamentos pero el caso es que no los hay. Muchos ansían el estallido social que esta percepción genera, yo prefiero grabarme a hierro la lección de la Guerra Civil y huir de situaciones semejantes como de la peste. Si algo caracterizaba la España del 36 era la práctica inexistencia de demócratas (y eso no significa que no existiera un sistema democrático, ojo, la 2ª República lo era): unos poquitos radical-republicanos de derecha, los republicanos de izquierda, una pequeña parte del PSOE, algún anarquista... frente a fascistas, comunistas, la mayor parte de los socialistas, los monárquicos, los carlistas, el ejército, la Iglesia... Creo que a día de hoy vivimos en una democracia bananera, pero más aún que la calidad de nuestra democracia, me preocupa el creciente sentir y pensar antidemocrático de sus ciudadanos. Ya sabemos que a algunos la democracia nunca les entró realmente y la usan a su antojo, como un niño que aprende una palabra nueva y la emplea en todo momento para demostrar que la domina (dejando claro cada vez que no es así), pero a la mayoría sí, y no obstante ahora florecen peregrinas críticas a los procedimientos democráticos como tales (no en su malfunción) creyendo que ello no supone una crítica a la democracia en sí misma. Y por eso insisto en que la democracia no es nada más que un mecanismo, tal vez está tan oxidado que hay que sustituirlo por otro nuevo (como creo que defiende el Partido X) o tal vez basta con cambiar unas piezas, pero creer que puede prescindirse de mecanismo alguno es pensar que puede prescindirse de la democracia misma, y por eso prefiero ponerme del lado de los que quieren reformar o cambiar el sistema desde sus reglas, y no en ausencia de regla alguna.

 

 

 

Por una ILP libre de escraches

La tragedia de los desahucios
          Empecemos por aquello que es de rigor decir, aquello que NO se discute en este artículo: 1) que la ley hipotecaria española es abusiva (y esto no es una opinión, lo certifica el Tribunal de Justicia de la UE, un ente, por cierto, al que cada uno recurre a conveniencia según le dé o no la razón y que pasa de ser Satán a Jesucristo en cuestión de horas), que las viviendas están sobretasadas por bancos que luego no asumen su responsabilidad en dicha sobretasación, lo cual acaba dejando a muchas familias en la calle y además con una deuda inasumible; y 2) que es necesario darle a las familias hipotecadas, que por causas más allá de su control no son capaces de hacer frente a los pagos de su préstamo, una segunda oportunidad y que para lograr esto son indispensables tanto una ley que permita la dación en pago retroactiva como, casi con toda seguridad, el resto de propuestas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Quien esto suscribe está pues a favor de la ILP de la PAH, de hecho mi firma es una de ese más de millón de firmas que se presentaron para que fuera tramitada en el Congreso de los Diputados.
          También estoy a favor de la detención de los lanzamientos hipotecarios mediante medidas de desobediencia civil pasiva, gracias a ello muchas familias han podido seguir en sus hogares, al menos por espacio de unos meses. Considero por tanto que la desobediencia a la ley es legítima cuando dicha ley es injusta o tiránica, esto es, cuando lo que está en juego es la defensa de un derecho fundamental (como en este caso el derecho a la vivienda). Eso sí, ni son iguales todos los actos de desobediencia civil, ni depende de la percepción subjetiva de la ley el que dicha ley no pueda considerarse legítima, ni solo la violencia física es violencia, y hechas estas precisiones reitero mi apoyo a las acciones de desobediencia civil inequívocamente pacíficas en que se desobedece a la ley porque no hacerlo supondría consentir la violación de un derecho fundamental.

¿Es el escrache desobediencia civil legítima?
          El origen de la palabra "escrache" es argentino, el "escrache" sería un método de participación social en un contexto de impunidad, donde no existe la posibilidad de una condena judicial de personas halladas culpables de crímenes contra la Humanidad. Se trataría de una denuncia pública, de un señalamiento en sus domicilios de torturadores y genocidas que han sido absueltos oficialmente. Considero que este tipo de acción no se ajusta a aquellas que se están llevando cabo en España en la actualidad y que por tanto se está pervirtiendo el significado de la palabra y con ello el sentido, objetivo y cualidad moral y política del acto originario, no obstante, me ceñiré al uso que de esa palabra se está haciendo como señalamiento de y presión sobre alguien, en su domicilio, tenido por culpable de que a día de hoy no haya sido aprobada una ley que permita poner fin a la tragedia de los desahucios.

            Son muchos los que defienden que el escrache tal vez sea ilegal, pero es legítimo, paradójicamente creo que es legal pero ilegítimo.

          Debe de ser legal porque no es diferente de lo que llevan años haciendo impunemente empresas como “El cobrador del Frac”, asociaciones como los Testigos de Jehová o compañías de telefonía, gas o electricidad (la diferencia radicaría en el número de gente que practica los escraches, y tal vez en la intensidad, pero no en la invasión de la intimidad que supone).

          Me parece ilegítimo porque no se ajusta a lo que más arriba he descrito como desobediencia civil: primero porque, insisto, probablemente sea legal (sería pues abuso de la ley, no desobediencia), segundo porque no ejercerlo no supone consentir la violación de un derecho fundamental (a diferencia de acciones como la de parar un desahucio), más bien al revés, practicarlo podría suponer una coacción a los representantes de la soberanía nacional (si se trata de informar, es una coacción legítima, si se trata de amedrentar, ilegítima, como trataré de justificar más adelante) y por tanto una violación de derechos fundamentales. Por otra parte, el escrache original no era tampoco un acto de desobediencia civil, pero sí era una acción violenta de baja intensidad (una violencia verbal/moral) pero legítima, porque pretendía ser un mínimo castigo por violaciones manifiestas de derechos fundamentales, era el oprobio, el escarnio público hacia tortudadores y asesinos (qué menos) cuando una ley de punto final los había absuelto desde el punto de vista penal.
          Supongamos que en cambio el escrache no es una acción violenta (de violencia física obviamente no, pero hay otras formas de violencia, ¿o no existen, por ejemplo, el acoso moral o sexual de carácter verbal?), en ese caso no sería una acción coercitiva (aunque eslóganes como “el miedo va a cambiar de bando” parece desmentir esta idea) sino algo así como un piquete informativo. En ese caso, sugeriría que se abordase a los diputados más cerca del ejercicio de sus funciones públicas, y no en sus domicilios privados. Si el escrache es informativo, lo importante es que el diputado llegue a conocer de primera mano la realidad de los desahucios para que empatice y se solidarice, y no que acabe percibiendo como un enemigo que le persigue a quienes sufren en sus carnes los desahucios o quienes dicen actuar en su nombre, ¿no?
          Ciertamente la capacidad de participar de la vida política en España es mínima, pero eso no implica que el escrache sea una forma de participación que ahonde en la democratización del país, más bien al contrario, y eso, una vez más, lo descarta como una forma de desobediencia civil.

¿Es el escrache útil a la causa anti-desahucios?

            Sean las anteriores consideraciones sobre el escrache acertadas o no, lo que es innegable es que el escrache es un medio al servicio de un fin (que se apruebe la mencionada ILP) y no un fin en sí mismo, y si esto es así, entonces sí que hay que estar radicalmente en contra del escrache, pues creo que tiene más posibilidades de cambiar el voto de los diputados para mal que para bien, y si no atengámonos a la realidad de los hechos: ¿Cuál es la reacción que está provocando en sus protagonistas? ¿Más empatía? Insisto, no solo no es útil para la causa, sino que es un grave error, se está poniendo en juego el éxito de la ILP a causa de la incontenible y comprensible indignación de algunos, la rabia de otros, y el matonismo endógeno de unos pocos que siempre gustan de hacer suya cualquier movilización social para hacer amagos de esa revolución suya particular que nunca llevan auténticamente a cabo. Yo pediría a aquellos diputados que consideren que la ILP es buena y debería salir adelante, que por favor voten a favor de ella A PESAR de los escraches, que no se dejen influir por ellos para mal y que juzguen la ley por su contenido, no por el quién ni el como, sino por lo que es. Confío, por el bien de la ILP, que los diputados sepan hacer abstracción de lo que ha rodeado su tramitación, porque la ley está por encima de eso, y voten en conciencia (esto es, sin disciplina de voto si es necesario) porque sencillamente es una buena ley.

¿La ILP no se toca?
         La verdad es que considero que la ILP debería aprobarse tal cual está, pero eso no me conduce a defender que haya que desposeer a los diputados de sus derechos y obligaciones, como  son debatir, modificar y aprobar leyes que luego sancionará el gobierno. Entre otras cosas porque los diputados son los representantes de la soberanía nacional (sean malos o buenos representantes, yo creo que en su mayoría malos), y la ILP es una demanda de gran parte de la ciudadanía, como mínimo de aquellos que la firmaron, pero corresponde a los diputados saber si es buena o no para el país en su conjunto, porque ellos representan al país y no ninguna mayoría social por muy amplia que sea. Millón y medio de firmas queda muy lejos de los millones de votantes del partido con más representación en el Congreso (con una ley electoral injusta, cierto), pero es que aunque hubiera que fiarse de encuestas de opinión (me parecería lamentable legislar a base de encuestas de opinión, y más sabiendo cómo se llevan a cabo) y el 90% de los españoles apoyaran la ILP, aún así interés de la mayoría y bien común seguirían sin ser sinónimos.

            Aristóteles defendía que la bondad de un sistema político no dependía de que gobernaran muchos o unos pocos (disiento en parte), sino de que gobernara quien gobernara lo hiciera en vistas al bien común. Fuera un gobierno de una minoría o de una mayoría, la clave estaría en que no se defendieran intereses particulares, o de lo contrario tendríamos tiranía, oligarquía o demagogia, pero no una sociedad política. Que gobierne una mayoría defendiendo sus intereses como mayoría no es que reine el bien común, sino el interés particular, de muchos, pero particular. Considérese el siguiente ejemplo: sin duda la confiscación de los bienes de los judíos era bueno para los intereses de la mayoría de los alemanes, dado que los judíos apenas representaban un porcentaje mínimo de la población alemana, pero desde luego no representaba dicha acción el bien común, pues el bien de una minoría se veía seriamente menoscabado (por no hablar del mal que supone quebrar el principio de isonomía). Determinar qué es el bien común corresponde a los representantes de la soberanía nacional, y su tarea no puede ser escamoteada por ninguna mayoría (o no tan mayoría) social (a no ser mediante una revolución, y no es el caso) que solo representa sus intereses, aún cuando esos intereses sean los de muchos. Los lobbies, sean de origen humilde o no, civil o empresarial, son grupos de presión que solo se representan a sí mismos, y corresponde a los diputados gestionar el conjunto de los intereses particulares en aras del bien común, y el hecho de que lo hagan pésimamente, o de que algunos se dejen seducir por los intereses particulares de quienes detentan el poder económico, no les quita ese derecho. O sea, que sean malos diputados, como lo son muchos, me temo, no les priva de sus derechos y obligaciones de diputados, y sobre todo no priva al pueblo del derecho a que sus representantes puedan ejercer su labor en libertad, porque si yo voté a un partido confiando en que no haría cosas tales como aprobar una ILP, pongamos, que propusiera instaurar la pena de muerte, ¿dónde quedarían mis derechos si miembros del partido al que voté votaran a favor de esa ley a causa del escrache de los partidarios de la pena de muerte? ¿Por qué habría de pesar más la presión directa en los domicilios de los diputados que la presión indirecta que supone el voto a un partido por su programa electoral?
          ¿Y qué argumento es ese de que no puede tocarse la ILP porque ya es de mínimos? ¿De mínimos para quién? ¿Para los afectados, para los diputados, para el conjunto del país, para el sistema? ¿Y cuáles serían los máximos, la abolición de la propiedad privada? ¿Existen máximos que no constituyan ya toda una agenda política, un programa, ideología? ¿Ha podido la PAH evaluar absolutamente todas las consecuencias para el conjunto del país (no solo para los afectados) de aprobar la ley tal cual está? Tal vez tiene consecuencias nocivas para el interés general que no son capaces de valorar. En el caso de las deudas de los bancos, podríamos haber dejado que estos se hundieran y con ello el Estado habría ahorrado dinero y habríamos minimizado recortes, eso sí, los clientes de dichos bancos (empresas y particulares) se habrían arruinado. Ciertas decisiones requieren una visión de conjunto, nada de fiat iustitia, pereat mundus. Por cierto, que ningún argumento de este tipo justifica que aunque se rescate a las entidades bancarias no se juzgue a los responsables de su quiebra (algo que no está ocurriendo, por desgracia, ¿a ellos, que salen impunes, no se les escrachea?). En el caso de la ILP de la PAH tal vez salvar a algunos nos afectará a todos, pero yo creo que hay que salvarlos, y confío en que una mayoría de diputados pueda llegar a esa conclusión. ¿Pero y si ocurriera que lo mejor para todos fuera aprobar solo dos puntos de dicha ILP? ¿Por qué habría que aprobarla tal cual está? ¿Porque sus promotores la consideran mínima? ¿Y no tienen derecho los diputados a sacar sus propias conclusiones sobre si es mínima o no? ¿Y si llegaran a ampliarla? ¿No sería eso tocarla? ¿Habría que estar entonces en contra de su modificación? No entiendo que se pretenda que no exista debate parlamentario, que se pretenda que la iniciativa legislativa popular pueda y deba sustituir al Parlamento cuando aquella no representa a la soberanía popular y éste, mejor o peor, sí lo hace.

          En conclusión, creo que la ILP de la PAH es una ley que supone un bien común, espero que no sea rechazada finalmente por culpa de la forma en que ha sido defendida su aprobación, lo peor que se puede decir del escrache es que no sirve a los intereses de los afectados por la hipoteca, lástima que sus promotores no hayan sabido (o querido) ver esto, creo que han puesto gravemente en riesgo sus objetivos.

P.S. Los argumentos de este artículo no se ven invalidados por el hecho de que nuestra democracia sea muy imperfecta. Ojalá pudiésemos acudir directamente a nuestros diputados para formularles nuestras peticiones, ojalá fuese más sencillo presentar iniciativas legislativas populares, ojalá pudiésemos obligar a los partidos a cumplir sus programas electorales, ojalá los diputados votasen en conciencia y no bajo disciplina de partido, ojalá todos los corruptos pagasen, ojalá los causantes de la crisis estuvieran en la cárcel… ojalá. Pero no se arregla un mal con otro, no se corrige la falta de democracia con actos dudosamente democráticos.

¿Por qué la filosofía?

          Ningún amante de la filosofía se ha visto libre de responder a esta pregunta alguna vez, y con cada nueva reforma educativa responderla se va haciendo cada vez más acuciante, porque sistemáticamente el legislador parece no conocer la respuesta ni estar cerca de entenderla.
           El porqué del "por qué". Porque precisamente eso es la filosofía, el porqué de todos los porqués, un rascar en lo profundo de nuestra humanidad, no cabe vivir ajeno al preguntarse. ¿Acerca de qué? De mí mismo, del todo, hasta del propio preguntarse. ¿Qué preguntas se hace el animal? "¿Dónde hay comida, dónde hay un depredador, dónde puedo dormir?" El animal es presente, el ser humano es, como decía Ortega, futurición. Y ese vivir más allá del presente de las necesidades biológicas nos convierte en seres filosóficos. ¿Por qué ese afán entonces del legislador por cercenar la filosofía del cuerpo del saber?

           Porque el legislador no entiende de porqués, solo sabe de "paraqués". Su pregunta es "¿para qué sirve?". El legislador es puro homo faber, necesita de actividades que creen objetos de uso. "¿Qué produce esto? ¿Qué se añade al mundo de las cosas?" -inquiere el legislador. Ha renunciado al discurso y a la acción, a la política, a la vita activa. El legislador ha renunciado a ser legislador... y la filosofía nos lo recuerda, por lo que debe desaparecer para que no quede ningún resquicio por el que pueda colarse la denuncia del escarnio al que el legislador somete a su propia ocupación.

           "¡Ah, pero qué presuntuosos son estos filósofos!" -dice el legislador. ¿Y saben qué? Que tiene razón, en parte. Los filósofos españoles hemos contribuido a cavar nuestra propia tumba. Si el tecnócrata pretende borranos del mapa es porque hemos aceptado gustosos confundir que efectivamente la filosofía sea un saber de segundo orden con que sea una ciencia sin objeto, totalmente ajena a lo mundano. Y peor aún, si somos el arma arrojadiza de "los hunos y los otros" de la dicotomía unamuniana es porque algunos han considerado que su compromiso personal con los hunos o con los otros era el de la filosofía en su conjunto, confundiendo el combate filosófíco contra la ignorancia, el prejuicio y la superstición con sus neurosis personales. La filosofía es esencialmente crítica, sí, pero hay quien confunde la crítica en cuanto capacidad y actitud, esto es, en cuanto filtro de razón que aplicar a aquello que trate de acomodarse en nuestro pensamiento, con la Escuela Crítica, y eso es confundir el todo con la parte. Y si estos errores los cometemos los propios filósofos, ¿qué no hará ese legislador mandarín que nos lleva gobernando desde hace décadas?

          El legislador está harto de preguntas, aborrece el porqué filosófico. Solo quiere respuestas, y cuanto antes. ¿Qué este país es incapaz de proporcionarlas? Impórtense. ¡Qué inventen ellos! Total, ya importamos todo lo demás... Todo menos ideas, a ellas no parecemos echarlas en falta, ni las tenemos ni las queremos, el yermo intelectual que somos es casi lo único en que todos los españoles estamos de acuerdo, no valemos para eso, resignémonos. Pero esos son los objetos que crea la filosofía, ideas. ¿Quiere objetos el legislador? A ver qué tal estos: "tolerancia", "voluntad general", "prudencia". Son objetos filosóficos, diseños eternos, los crearon con sus manos intelectuales Locke, Rousseau y Aristóteles. Y hay muchos más, y jugar con ellos es saludable para otra cosa que nació un poco antes que la filosofía (¿tendrán algo que ver?): la democracia.

          "¡Acabáramos! Ya están estos filósofos convencidos de que son la reserva espiritual de la democracia." -dice el legislador con sonrisa cínica. Nada más lejos de la realidad. Es una ilusión que la filosofía nos haga demócratas (la lista de filósofos eminentes que no lo han sido es larga), pero nos da razones para ser lo que seamos en lugar de armas o prejuicios, y el mal generado por aquellas siempre es algo menor que el de estas, entre otras cosas porque las razones abren un hueco para nuevas razones mientras que las armas y los prejuicios solo apagan voces. La filosofía sirva al mal o al bien, sirve a la verdad, no hará por sí sola ciudadanos mejores (aunque quiero creer que la filosofía bien enseñada sí lo hace), pero hará personas más inteligentes. ¿Y por qué está tan en entredicho la inteligencia? Eso sí que es democrático, una sociedad de personas inteligentes, autoconscientes, sin prejuicios. Y una sociedad sin prejuicios es una sociedad libre, y por eso no se estudia una filosofía, sino filosofías, y por eso no basta con enseñar a filosofar, sino lo que otros filósofos pensaron antes, fuesen o no demócratas (¿o no se enseña el pensamiento de Hobbes? por ejemplo), porque después de ese recorrido por las distintas filosofías lo que queda son las razones, los objetos que crearon unos y otros, las ideas.

 

          ¿Por qué la filosofía? Porque es un saber instrumental de alto nivel. Porque cuando hemos aprendido a ordenar las palabras y a ordenar los números, resta aprender a ordenar las razones, a argumentar, a construir un discurso propio. Los alumnos están acostumbrados a verdades reveladas (por sus padres, sus amigos, sus profesores), han renunciado a entender la forma de un argumento, no disntiguen entre verdad y validez. Sólo quieren conclusiones, no indagar en las premisas. Han renunciado a fundamentar, a la justificación, su pregunta es "¿qué quieres oir?". La filosofía trata de poner fin a esa renuncia con sus exasperantes porqués, trata de rescatar al alumno de esta autocomplacencia en la reproductividad técnica del saber, de su dogmatismo relativista. ¿Qué debate público existirá, y de qué calaña, en un país en que no se aprendan estas cosas? Probablemente el que existe a día de hoy en España, el que maman en la televisión en cualquier debate sobre el estado de la Nación o en cualquier tertulia nuestros alumnos, y que convierte en hercúlea la tarea de los profesores de filosofía.

 

          ¿Por qué la filosofía? Porque toma distancia respecto a lo particular y mediante esa extrema abstracción dota de una visión general a los saberes técnicos. La filosofía no es un toque de alta cultura, sino una perspectiva que hará del filólogo, el historiador o el artista un humanista y del físico, el matemático o el biólogo un científico. La filosofía amplía nuestra visión del mundo, nos distancia del presente, de lo concreto. Sus conocimientos de física habrían hecho de Einstein un gran físico, su perspectiva, su punto de vista, su visión de conjunto hicieron del él un científico revolucionario. La filosofía y la ciencia no se enfrentan, ambas combaten un enemigo común, la ignorancia, y la investigación científica sin perspectiva filosófica tenderá al daltonismo intelectual. Hay una ciencia que resuelve y otra que descubre, y la filosofía es una herramienta al servicio de la segunda. ¿Por qué renunciar a ella? El problema de España, volviendo a Ortega, es y ha sido siempre el de la falta de ciencia.

 

          ¿Por qué la filosofía? Porque es inherente al ser humano preguntarse, y no hacerlo es conformarse con ser menos de lo que se podría ser. Es vivir con las respuestas sin haberse hecho las preguntas, es vivir sin distancia, sin perspectiva, es presente puro. Es sustituir un instinto natural innato por uno añadido artificialmente. En el puro presente no cabe el progreso, porque el progreso debe medirse mirando al pasado y construyendo el futuro, el presente es resignación. Pero queremos ser China y no Europa, elegimos ser el proletariado, alto y bajo, pero dominado al fin y al cabo, es nuestro puesto, lo asumimos, sin filosofía, "muera la intelectualidad traidora".