miércoles, 5 de diciembre de 2012

Por la gestión pública de la Sanidad pública

          Los hechos: privatización de la gestión de 6 hospitales, 7 centros de salud y varios de especialidades de la red pública, transformación del Hospital de La Princesa en un centro geriátrico y del Hospital Carlos III en un centro para enfermos crónicos, así como cierre de 3 centros de Urgencia del SUMMA 112.
          El argumento: la Sanidad pública no es rentable.
          Hay dos formas posibles de interpretar el manido eslógan "la Sanidad pública no es rentable": una de esas interpretaciones es falsa (o como mínimo absurda por obvia) y la otra es indignante. La primera de esas interpretaciones o bien es falsa, porque la Sanidad pública sí es rentable desde el punto de vista social, dado que produce el bien o el servicio que está destinada a producir, esto es, atención sanitaria universal y gratuita, o bien es absurda si debemos entender la rentabilidad en su sentido estricto, porque en ese caso la Sanidad pública no tiene por qué comportarse como un fondo de inversión, defender lo contrario sería tanto como decir que ir al cine no es rentable porque no produce renta alguna, ¿obvio no?. La interpretación que resulta indignante es la de que la Sanidad pública no es rentable... para algunos para quien sí podría serlo, pero en este caso disfrazar de defensa de un bien público la maniobra privatizadora, cuando en realidad se trata de generar un bien particular para aquellos que podrían enriquecerse con la gestión de hospitales y centros de salud, es peor que falso o absurdo, es de un cinismo intolerable.
          Así, el argumento de la rentablidad no es válido pero podemos pensar que quien habla de rentabilidad se está refiriendo en realidad a la sostenibilidad. Si es así, resulta entre gracioso e indignante que quienes han sido gestores públicos de la Sanidad durante años, en lugar de buscar culpables del déficit de la Seguridad Social en su gestión, los busquen en la existencia misma de gestión pública. Viene a ser como si yo decido montar un supermercado, lo llevo a la quiebra o al menos a una situación en que ya me es imposible cubrir siquiera los gastos, y culpo por ello al negocio mismo de los supermercados. ¡Los supermercados no son rentables, el sistema es insostenible!
          El consejero Fernández-Lasquetty (en una entrevista que tiene un buen contrapunto en este artículo de David Trueba) culpa a la "rigidez" de la gestión pública de su fracaso como gestor, y él mismo es capaz de hacer la deducción obvia de que si el problema de la sostenibilidad descansa en dicha rigidez, entonces lo necesario sería una "reforma de la función pública". Parece que la acción que se derivaría de este razonamiento sería llevar a cabo dicha reforma, pero no, en el mismo párrafo el consejero dice que "eso es otra cuestión". Pues vaya, juraría que ha sido él quien ha traído a colación dicha cuestión, se ve que en realidad lo que quería decir es: yo no soy culpable del déficit de la Sanidad pública, sino los trabajadores de la Sanidad pública, pero me da pereza meterlos en cintura así que renuncio a mi obligación como gestor y que se ocupe un profesional. En el fondo el consejero está contratando a alguien que haga bien el trabajo que él ha demostrado sobradamente no saber hacer: soy incompetente, busquemos a alguien que no lo sea (pero a mí manténganme en mi puesto y con mi sueldo, oiga). ¿Pero por qué habría de ser más competente un gestor privado? ¿No hay acaso empresas privadas que se arruinan, es lo privado una vacuna contra el fracaso? Supongo que sabrán que en el año 2011 el coste por cama en el Hospital de Valdemoro (privado) fue de 374.000 € mientras que el del Hospital Clínico (público) fue de 337.564 €. Existen varios contraejemplos de la afirmación de que la gestión privada es más eficiente que la pública, conque dejemos de considerar sinónimos "privado" y "eficiente".
           Y si lo que se persigue es eficiencia... no es necesario privatizar la gestión, porque el gestor tendrá un doble objetivo: el que le impone la autoridad pública titular de la Sanidad, esto es, que siga prestando el mismo servicio de forma sostenible, y el fin particular de obtener beneficios. Si este doble objetivo es alcanzable mediante un gestor privado, ¿por qué uno menos ambicioso que incluye tan solo la primera parte no sería alcanzable por un gestor público? ¿Tan mediocres son nuestros gestores actuales, esto es, los mismos que pretenden privatizar la gestión? Si es posible que un hospital sea rentable, sea negocio, ¿por qué es en cambio imposible que no sea altamente deficitario solo por el hecho de ser público? ¿Tan atadas tiene las manos la administración, acaso no se han rebajado ya los salarios de los trabajadores de los centros públicos, no se ha "externalizado" ya gran parte de sus servicios, no se ha aumentado la jornada laboral? ¿Dónde descansa la falta de eficiencia? ¿No supone admitir una incapacidad rayana lo cutre no ser capaz de lograr por uno mismo esa eficiencia?
          Aunque soy profesor de filosofía el mundo sanitario no me es completamente ajeno, mi padre era un pediatra brillante, también mi madre aunque ejerció poco, y vivo con una enfermera. Solo por ello conozco algunos de los problemas del sistema sanitario y algunas de sus soluciones, que no pasan por privatizar la gestión de hospitales y centros de salud. Si algunos facultativos abandonan antes de tiempo su puesto de trabajo para atender en una clínica o en su consulta privada, ¿no sería una buena medida crear un auténtico regimen de incompatibilidades o sencillamente obligar a fichar al personal sanitario como ocurre en otras tantas profesiones? Si las listas de espera en las consultas externas se eternizan entre otras razones porque se empieza a citar a los pacientes a una hora pero se comienza a atenderlos mucho más tarde, ¿no sería más razonable retrasar las primeras citas (caso de que la sesión clínica previa se alargue por sistema y de forma justificada) o adelantar la atención del facultativo? En un párrafo improviso estas medidas (que podrían no gustar a muchos profesionales de la Sanidad pública, cierto), ¿un consejero cuya única función es gestionar la Sanidad, no es capaz de idear otras que no pasen por renunciar a su gestión? Eso ya no es incompetencia, es dejación de funciones, es abandono del puesto de trabajo, es huelga salvaje.
          Por otra parte, es también gracioso que aún con el cambio de gobierno las CCAA gobernadas por el Partido Popular sigan jugando a tirarle la pelota de sus problemas al gobierno central. No se puede defender, como hace Fernández-Lasquetty en la entrevista citada más arriba, que no es una opción no hacer nada porque eso fue lo que hizo Zapatero, pero lamentarse de que es el gobierno central el que obliga a hacer algo imponiendo un límite al déficit. O bien es algo que se debe hacer porque es lo razonable, o bien es una imposición arbitraria, o el gobierno de la Comunidad lo hace voluntariamente o contra su voluntad, no vale decir ambas cosas simultáneamente (a menos, claro está, que el consejero haya renunciado ya incluso al principio de no contradicción, esto es, a la razón misma, cosa que no me extraña porque ese suele ser el resultado de los prejuicios ideológicos, del sectarismo).
          Pero como en otras entradas voy a partir de los principios que dicen defender quienes sostienen una postura distinta de la mía (porque creo que de hecho el problema no son sus principios, sino la lectura que de ellos hacen). No escribo para convencer a los convencidos, ¿qué necesidad hay de eso?, sino para tratar de dar contraargumentos frente a aquellos que sostienen la opinión contraria a la mía. Y el caso es que quienes defienden la privatización de la gestión de centros de salud y hospitales (en su jerga, "externalización") se dicen liberales. El liberalismo se caracteriza por evitar argumentos utlitaristas o consecuencialistas (como los de estados comunistas o teocráticos en que el Estado habría de garantizar la felicidad de su ciudadanos creándola él mismo atendiendo a una determinada concepción del bien que se impondría a la población, incluso contra ella, por su propio bien). El Estado liberal ha de ser independiente de concepciones particulares del bien, éstas pertenecen a los ciudadanos, el Estado ha de ser un árbitro imparcial, eso sí, dentro de un cierto marco: los derechos de los ciudadanos. Respecto a estos no cabe imparcialidad ninguna, el Estado ha de salvoguardarlos sin excusas. Así, la obligación del Estado respecto a estos derechos no es la de proteger a la mayoría de sus ciudadanos, sino a la totalidad de sus ciudadanos. Como bien señalaba Aristóteles, el bien de la mayoría no es el bien común, es el bien particular de la mayor parte de la sociedad, el bien común es aquello que es bueno para el todo, no para la mayor porción. Hay cuestiones en que el Estado ha de satisfacer a la mayoría, pero en asuntos de derechos, en una democracia liberal (por lo menos en un liberalismo de corte rawlsiano), estos han de ser garantizados para todos los ciudadanos sin discusión. Una autovía que una grandes núcleos urbanos tal vez perjudicará a pequeñas poblaciones, pero beneficia a la mayoría, y este criterio de utilidad es válido en cuestiones que no implican derechos básicos. Pero suponiendo que esclavizar a los rubios supusiera un bien para la mayoría de españoles, en este caso no podría someterse el bien de una minoría al de la mayoría, porque en cuestiones de derechos (en este caso el derecho a la libertad) el bien común consiste en la isonomía, en la igualdad ante la ley, de tal forma que en los derechos no puede haber excepciones.
          Bien, por todo ello es inútil el argumento de las encuestas de satisfacción respecto a hospitales o centros de salud de gestión privada, porque aunque el 99% de la población estuviera satisfecha, si esa persona que representara el 1% no estuviera satisfecha por el hecho de que no fue atendida sería suficiente, pues se habría violado su derecho a recibir atención sanitaria, su derecho a la Salud. Esto es, los datos estadísticos no son relevantes para decidir el modelo sanitario si no se adjunta a ellos la explicación por la cual cada una de las personas que en la encuesta dice no estar satisfecha no lo está. Si hay enfermedades que no se tratan (existiendo un tratamiento para ellas) porque su prevalencia entre la población es mínima o porque su tratamiento es muy costoso, y entonces la minoría de ciudadanos a los que se le diagnostica esa enfermedad no es tratada, en ese caso la Sanidad ya no está siendo universal, y con solo esa excepción ya cabe rechazar el modelo propuesto. ¿Es esto un argumento en contra de la gestión privada de hospitales y centros de salud? No, es tan solo la prueba de que las encuestas de satisfacción NO son un argumento válido sino falaz (concretamente se trataría de lo que en lógica informal se conoce por "falacia democrática", que no significa que la democracia sea mala o incorrecta, sino que la cantidad de personas que defienden una opinión no implica necesariamente la verdad de dicha opinión, la verdad de una creencia tiene que ver con la correspondencia con los hechos o con la coherencia de dicha creencia, no con ser una creencia mayoritaria, ¿o es que la Tierra estaba inmóvil en el siglo XIII?). Así que dejen de contar como argumento con las encuestas de satisfacción de los pacientes de hospitales de gestión privada o rastreen una a una las causas de la insatisfacción de cada uno de los pacientes que dicen no estar satisfechos.
          Yo, con lo que estoy marcadamente insatisfecho es con la gestión de lo público del gobierno de la Comunidad de Madrid, indignado con contradicciones tales como que somos una de las comunidades con menos déficit pero a la que ese déficit tan excusable lleva a tomar las medidas más drásticas, y claramente sublevado contra la impunidad con que el Partido Popular se presenta a las elecciones con un programa que luego incumple sin pudor. Si no me creen les desafío a que encuentren en el último programa electoral la más mínima mención siquiera a la "externalización" de la gestión de hospitales y centros de salud.

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